Sin energía no hay desarrollo
La industria de la construcción en Panamá se mueve con energía. Con energía han crecido los desarrollos inmobiliarios de Boquete y la faja del Pacífico al otro lado del Canal hasta Coclé. En los proyectos portuarios, con la construcción de nuevas instalaciones y la expansión de las ya existentes, se requerirá energía. Como se proyecta, durante los trabajos de ampliación del canal, también habrá una enorme demanda de energía.
El crecimiento económico y social del país, junto a los programas para sacar del aislamiento y la marginalidad a numerosas comunidades, dependen de la energía. Si no hay energía confiable, a precios razonables, seguros y en disposición suficiente que garantice el normal desenvolvimiento de la actividad económica, no habrá desarrollo ni crecimiento.
Panamá enfrenta la realidad de que no hay energía más cara que la que no se tiene. Si como Nación no se efectúan las inversiones necesarias para garantizar el aprovisionamiento de energía, no pueden esperarse mejores condiciones en el futuro. La situación obliga a que cada sector asuma su compromiso.
El Gobierno no es responsable de la actual crisis energética. La solución está en la acción concertada entre el gobierno y el sector privado. Este último debe jugar con las reglas establecidas y no especular, como hasta ahora, con el futuro mercado energético. Cuando haya mayor oferta, de seguro, también se registrará una reducción en los precios. Pero actualmente, debido a que la empresa privada local invierte poco en el sector energético, el mercado está controlado por un puñado de firmas que sólo producen lo que se consume. Por eso las generadoras de electricidad, pese a ser ineficientes, imponen los precios porque no tienen competencia.
Frente a esa situación, y en medio de la actual crisis energética, que ha golpeado en forma severa las economías de la región, los países centroamericanos, junto con Colombia, México y República Dominicana, están abocados a un ejercicio en el cual existen compromisos formales para la ejecución de proyectos de integración energética. A través de esa integración, se buscan mecanismos para disminuir los precios del combustible y reducir la factura eléctrica.
En el proceso están coincidiendo las expectativas políticas con los criterios técnicos. El centro de la discusión es qué va a hacer la región, qué puede lograrse y determinar cómo realizarlo. En ese sentido la iniciativa lanzada en octubre pasado por los presidentes Vicente Fox y Martín Torrijos, durante una visita de Estado a México, abrió el camino para que dos meses después se fijaran plazos y tareas específicas para siete proyectos que apuntan hacia la integración energética regional.
El proyecto más acariciado es la construcción de una refinería regional. El primer paso es unificar el mercado para que se convierta en un bloque atractivo para los inversionistas públicos y privados. Eso convertiría a Centroamérica en un jugador ideal y natural para abastecer a otros mercados, generando la rentabilidad de una inversión superior a los $3,000 millones. México proveería petróleo pesado que, una vez refinado, produciría gasolina, diesel y otros derivados como el coque que podría alimentar una planta termoeléctrica en las cercanías de la refinería. Está además la posibilidad de impulsar el desarrollo de un mercado regional de gas natural como una alternativa energética. El gas es un combustible económico con grandes posibilidades como energía doméstica, industrial y de transporte.
Todo eso va acompañado de los proyectos de interconexión eléctrica desde México a Colombia, junto con proyectos de energía renovable como el biocombustible, las fuentes eólicas, el biodiesel y el bioetanol, y una estrategia común de ahorro energético aplicando el éxito logrado por los mexicanos.
Los 10 gobiernos de la región involucrados en estos proyectos solicitaron al BID la contratación de una empresa consultora de reconocido prestigio internacional para que efectúe los estudios de factibilidad. Esa empresa deberá entregar en mayo próximo las recomendaciones para la construcción de una refinería de alta conversión en Centroamérica y su óptima localización geográfica.
Mientras, cada gobierno se comprometió a ordenar las instituciones del sector energético de su país y, mediante grupos de trabajo, dar coherencia a la formulación de los proyectos dentro del marco legal, las regulaciones del mercado y el cumplimiento de las normas ambientales. Igualmente promoverán el financiamiento requerido ante instituciones financieras y potenciales inversionistas del sector privado. ¿Qué ganan los países? Además de energía a precios competitivos y estables y convertirse en una plataforma de exportación de hidrocarburos, fortalecen sus aparatos productivo, generan empleos y bienestar para sus poblaciones.
El crecimiento económico y social del país, junto a los programas para sacar del aislamiento y la marginalidad a numerosas comunidades, dependen de la energía. Si no hay energía confiable, a precios razonables, seguros y en disposición suficiente que garantice el normal desenvolvimiento de la actividad económica, no habrá desarrollo ni crecimiento.
Panamá enfrenta la realidad de que no hay energía más cara que la que no se tiene. Si como Nación no se efectúan las inversiones necesarias para garantizar el aprovisionamiento de energía, no pueden esperarse mejores condiciones en el futuro. La situación obliga a que cada sector asuma su compromiso.
El Gobierno no es responsable de la actual crisis energética. La solución está en la acción concertada entre el gobierno y el sector privado. Este último debe jugar con las reglas establecidas y no especular, como hasta ahora, con el futuro mercado energético. Cuando haya mayor oferta, de seguro, también se registrará una reducción en los precios. Pero actualmente, debido a que la empresa privada local invierte poco en el sector energético, el mercado está controlado por un puñado de firmas que sólo producen lo que se consume. Por eso las generadoras de electricidad, pese a ser ineficientes, imponen los precios porque no tienen competencia.
Frente a esa situación, y en medio de la actual crisis energética, que ha golpeado en forma severa las economías de la región, los países centroamericanos, junto con Colombia, México y República Dominicana, están abocados a un ejercicio en el cual existen compromisos formales para la ejecución de proyectos de integración energética. A través de esa integración, se buscan mecanismos para disminuir los precios del combustible y reducir la factura eléctrica.
En el proceso están coincidiendo las expectativas políticas con los criterios técnicos. El centro de la discusión es qué va a hacer la región, qué puede lograrse y determinar cómo realizarlo. En ese sentido la iniciativa lanzada en octubre pasado por los presidentes Vicente Fox y Martín Torrijos, durante una visita de Estado a México, abrió el camino para que dos meses después se fijaran plazos y tareas específicas para siete proyectos que apuntan hacia la integración energética regional.
El proyecto más acariciado es la construcción de una refinería regional. El primer paso es unificar el mercado para que se convierta en un bloque atractivo para los inversionistas públicos y privados. Eso convertiría a Centroamérica en un jugador ideal y natural para abastecer a otros mercados, generando la rentabilidad de una inversión superior a los $3,000 millones. México proveería petróleo pesado que, una vez refinado, produciría gasolina, diesel y otros derivados como el coque que podría alimentar una planta termoeléctrica en las cercanías de la refinería. Está además la posibilidad de impulsar el desarrollo de un mercado regional de gas natural como una alternativa energética. El gas es un combustible económico con grandes posibilidades como energía doméstica, industrial y de transporte.
Todo eso va acompañado de los proyectos de interconexión eléctrica desde México a Colombia, junto con proyectos de energía renovable como el biocombustible, las fuentes eólicas, el biodiesel y el bioetanol, y una estrategia común de ahorro energético aplicando el éxito logrado por los mexicanos.
Los 10 gobiernos de la región involucrados en estos proyectos solicitaron al BID la contratación de una empresa consultora de reconocido prestigio internacional para que efectúe los estudios de factibilidad. Esa empresa deberá entregar en mayo próximo las recomendaciones para la construcción de una refinería de alta conversión en Centroamérica y su óptima localización geográfica.
Mientras, cada gobierno se comprometió a ordenar las instituciones del sector energético de su país y, mediante grupos de trabajo, dar coherencia a la formulación de los proyectos dentro del marco legal, las regulaciones del mercado y el cumplimiento de las normas ambientales. Igualmente promoverán el financiamiento requerido ante instituciones financieras y potenciales inversionistas del sector privado. ¿Qué ganan los países? Además de energía a precios competitivos y estables y convertirse en una plataforma de exportación de hidrocarburos, fortalecen sus aparatos productivo, generan empleos y bienestar para sus poblaciones.
