Sindicato de Educadores
Hace pocos días un grupo de profesores y maestros de escuelas particulares decidieron formar un sindicato para defender sus intereses gremiales creando así una nueva modalidad de asociación dentro de un sector que ha venido rechazando con vehemencia la interpretación que considera la escuela como una empresa. Hasta el momento existía una asociación de educadores de escuelas particulares que participó con gran éxito junto a sus compañeros de la enseñanza oficial en las frecuentes campañas a favor de la educación en general y de los profesores y maestros en particular.
Con la decisión adoptada por sus miembros de dirimir las diferencias en el futuro a través del Ministerio de Trabajo y no del Ministerio de Educación se inicia una nueva etapa que sin duda alguna tendrá grandes repercusiones sobre el desarrollo de las relaciones entre educadores, padres de familia y administradores del sistema educativo.
Lamentablemente nuestro Código de Trabajo no está diseñado para contemplar una gran cantidad de situaciones muy especiales que se dan en la relación laboral dentro de un centro educativo. Los derechos y obligaciones de los trabajadores, las causales de despido y las relaciones colectivas contenidas en el Código no fueron elaboradas pensando en los mejores intereses de este grupo profesional que además se dedica a las actividades de un servicio considerado público.
Teniendo en cuenta estas diferencias y con la intención de poder ajustar la legislación laboral aplicable a la empresa privada para incluir a maestros y profesores, los autores del Código emparcharon con dos artículos un vínculo artificial entre los derechos y deberes de los educadores de la escuela oficial y los de la particular de modo que por una parte en estos centros educativos se aplica la Ley Orgánica de Educación y por la otra las normas del Código de Trabajo.
La formación de este sindicato de educadores que quieren ser reconocidos como trabajadores de la educación más que como profesionales de la misma, ofrece la oportunidad de revisar el problema laboral que se presenta en la escuela particular, donde por una parte se reconoce la actividad como un servicio público y por la otra se le aplican las mismas normas que a uno privado. A simple vista no parece que la relación obrero patronal acostumbrada en la industria y el comercio puede beneficiar a los legítimos intereses de educadores, ni al ambiente que debe reinar en una comunidad educativa para que de ella salga una juventud bien formada.
Con la decisión adoptada por sus miembros de dirimir las diferencias en el futuro a través del Ministerio de Trabajo y no del Ministerio de Educación se inicia una nueva etapa que sin duda alguna tendrá grandes repercusiones sobre el desarrollo de las relaciones entre educadores, padres de familia y administradores del sistema educativo.
Lamentablemente nuestro Código de Trabajo no está diseñado para contemplar una gran cantidad de situaciones muy especiales que se dan en la relación laboral dentro de un centro educativo. Los derechos y obligaciones de los trabajadores, las causales de despido y las relaciones colectivas contenidas en el Código no fueron elaboradas pensando en los mejores intereses de este grupo profesional que además se dedica a las actividades de un servicio considerado público.
Teniendo en cuenta estas diferencias y con la intención de poder ajustar la legislación laboral aplicable a la empresa privada para incluir a maestros y profesores, los autores del Código emparcharon con dos artículos un vínculo artificial entre los derechos y deberes de los educadores de la escuela oficial y los de la particular de modo que por una parte en estos centros educativos se aplica la Ley Orgánica de Educación y por la otra las normas del Código de Trabajo.
La formación de este sindicato de educadores que quieren ser reconocidos como trabajadores de la educación más que como profesionales de la misma, ofrece la oportunidad de revisar el problema laboral que se presenta en la escuela particular, donde por una parte se reconoce la actividad como un servicio público y por la otra se le aplican las mismas normas que a uno privado. A simple vista no parece que la relación obrero patronal acostumbrada en la industria y el comercio puede beneficiar a los legítimos intereses de educadores, ni al ambiente que debe reinar en una comunidad educativa para que de ella salga una juventud bien formada.
