Sindicatos en deuda con la democracia
LA PROPUESTA de reformas a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), que proyecta su impacto a lo largo de una década, es producto de un proceso de estudio y planificación que contempla los diferentes ángulos del problema. Tiene como trasfondo una perspectiva optimista que toma en cuenta el proyecto de ampliación del canal, la mayor obra de ingeniería de América latina en los próximos 10 años, y el auge económico que producirá con la creación de miles de empleos de calidad.
Si la caótica situación de la CSS no se enfrenta con determinación y valentía se compromete la viabilidad del Estado y de las finanzas públicas. El proyecto, objeto de discusión en la Asamblea Nacional de Diputados, es perfectible. Puede lograrse mayor armonía y coherencia en su articulado a fin de reformar y modernizar, por los próximos 40 años, el modelo de seguridad social tan ligado a la vida de la mayoría de panameños.
Si bien gobiernos anteriores no asumieron su responsabilidad frente a la urgencia de cambios estructurales a la CSS, el presidente Martín Torrijos está dándole sentido de dirección al país, convencido de que sin sacrificios no son posibles las reformas. Lo peor es no hacer nada. Por eso la convocatoria a participar en el debate con argumentos responsables, sin diatribas, ni descalificaciones. La gravedad de la seguridad social no se resuelve con consignas. Panamá no está hecho para la retórica incendiaria, bajo la falsa premisa de que en este país nadie confía en la palabra de las autoridades. El marco confrontacional no es la manera de abordar las reformas. Nadie es convidado de piedra. Pero los dirigentes de los trabajadores de la construcción no son convocados para enfrentarse a pedradas con las autoridades.
Hay que reconocer que un importante sector sindical, iluminado por la sensatez, ha tomado distancia de los extremistas y presentado propuestas congruentes, lógicas y sustentables. El gobierno nacional ha estimulado el debate para opinar a favor o en contra de la reforma y dotar al sistema de seguridad social de un carácter solidario, responsable y sostenible en el tiempo. Sin embargo, persiste en algunos dirigentes sindicales el propósito de imponer, con argumentos ideológicos, un esquema de violencia para tratar de romper la tolerancia social y arrastrar al país hacia el desasosiego, el desorden y el caos. Ese proceder es una demostración externa de la falta de un comportamiento democrático dentro de esos grupos sindicales. Acostumbrados a la tensión y el enfrentamiento, no han asimilado el sentido de convivencia, ni superado la práctica del atropello y la imposición dentro de sus organizaciones.
Frente a esa dirigencia, los trabajadores no tienen derecho a demandar acceso a información sobre cómo se emplean los recursos. La legalidad está hecha a la medida de los intereses de la camarilla que controla el poder. Su poder se reproduce en forma independiente del destino de los trabajadores a quienes dicen representar. Su concepción de paz social está directamente relacionada con la conservación de sus privilegios y la imposición de sus dogmas ideológicos. Cuando ese afán de supremacía es confrontado con la realidad de un país de todos, comienza la estrategia de tensión. Pueden apelar a la violencia, al desprecio total por el derecho, al paro sin razón, a la obstrucción del trabajo, hasta a la agitación y el saqueo, si lo que se pone en riesgo es el interés faccioso de una cúpula corrupta. Es un sistema que lleva al límite su resistencia al cambio. Aunque se realicen elecciones, la democracia sindical está ausente y un núcleo cerrado, que domina las estructuras, realiza excesos e impide la participación de la mayoría en la conducción sindical.
La falta de dignidad de sus dirigentes, es lo que tiene en deuda a esos sectores sindicales con la democracia. El camino que queda por recorrer a las formaciones sindicales panameñas es el de abrir las puertas a nuevos pensamientos y renovados liderazgos.
Para ganar credibilidad y generar confianza acerca de sus verdaderas intenciones, ese sector sindical que esgrime la violencia como arma de lucha, debería dejar de recurrir al lenguaje y las manifestaciones violentas.
Es posible una nueva realidad nacional. Sin duda, las reformas a la CSS se aprobarán y el país, con una nueva fisonomía en su sistema de seguridad social, continuará su ritmo de modernización y transformaciones. Se abordarán, posteriormente, las reformas al sistema judicial, al transporte público y el proyecto de ampliación del canal será decidido en un referendo nacional.
El país gana cuando se enrumba hacia el porvenir. Le hará mucho bien a Panamá dar por cerrado el tema de la CSS y, entonces, proyectarse hacia el futuro.
Las reformas a la CSS se aprobarán y el país, con una nueva fisonomía en su sistema de seguridad social, continuará su ritmo de modernización.
Si la caótica situación de la CSS no se enfrenta con determinación y valentía se compromete la viabilidad del Estado y de las finanzas públicas. El proyecto, objeto de discusión en la Asamblea Nacional de Diputados, es perfectible. Puede lograrse mayor armonía y coherencia en su articulado a fin de reformar y modernizar, por los próximos 40 años, el modelo de seguridad social tan ligado a la vida de la mayoría de panameños.
Si bien gobiernos anteriores no asumieron su responsabilidad frente a la urgencia de cambios estructurales a la CSS, el presidente Martín Torrijos está dándole sentido de dirección al país, convencido de que sin sacrificios no son posibles las reformas. Lo peor es no hacer nada. Por eso la convocatoria a participar en el debate con argumentos responsables, sin diatribas, ni descalificaciones. La gravedad de la seguridad social no se resuelve con consignas. Panamá no está hecho para la retórica incendiaria, bajo la falsa premisa de que en este país nadie confía en la palabra de las autoridades. El marco confrontacional no es la manera de abordar las reformas. Nadie es convidado de piedra. Pero los dirigentes de los trabajadores de la construcción no son convocados para enfrentarse a pedradas con las autoridades.
Hay que reconocer que un importante sector sindical, iluminado por la sensatez, ha tomado distancia de los extremistas y presentado propuestas congruentes, lógicas y sustentables. El gobierno nacional ha estimulado el debate para opinar a favor o en contra de la reforma y dotar al sistema de seguridad social de un carácter solidario, responsable y sostenible en el tiempo. Sin embargo, persiste en algunos dirigentes sindicales el propósito de imponer, con argumentos ideológicos, un esquema de violencia para tratar de romper la tolerancia social y arrastrar al país hacia el desasosiego, el desorden y el caos. Ese proceder es una demostración externa de la falta de un comportamiento democrático dentro de esos grupos sindicales. Acostumbrados a la tensión y el enfrentamiento, no han asimilado el sentido de convivencia, ni superado la práctica del atropello y la imposición dentro de sus organizaciones.
Frente a esa dirigencia, los trabajadores no tienen derecho a demandar acceso a información sobre cómo se emplean los recursos. La legalidad está hecha a la medida de los intereses de la camarilla que controla el poder. Su poder se reproduce en forma independiente del destino de los trabajadores a quienes dicen representar. Su concepción de paz social está directamente relacionada con la conservación de sus privilegios y la imposición de sus dogmas ideológicos. Cuando ese afán de supremacía es confrontado con la realidad de un país de todos, comienza la estrategia de tensión. Pueden apelar a la violencia, al desprecio total por el derecho, al paro sin razón, a la obstrucción del trabajo, hasta a la agitación y el saqueo, si lo que se pone en riesgo es el interés faccioso de una cúpula corrupta. Es un sistema que lleva al límite su resistencia al cambio. Aunque se realicen elecciones, la democracia sindical está ausente y un núcleo cerrado, que domina las estructuras, realiza excesos e impide la participación de la mayoría en la conducción sindical.
La falta de dignidad de sus dirigentes, es lo que tiene en deuda a esos sectores sindicales con la democracia. El camino que queda por recorrer a las formaciones sindicales panameñas es el de abrir las puertas a nuevos pensamientos y renovados liderazgos.
Para ganar credibilidad y generar confianza acerca de sus verdaderas intenciones, ese sector sindical que esgrime la violencia como arma de lucha, debería dejar de recurrir al lenguaje y las manifestaciones violentas.
Es posible una nueva realidad nacional. Sin duda, las reformas a la CSS se aprobarán y el país, con una nueva fisonomía en su sistema de seguridad social, continuará su ritmo de modernización y transformaciones. Se abordarán, posteriormente, las reformas al sistema judicial, al transporte público y el proyecto de ampliación del canal será decidido en un referendo nacional.
El país gana cuando se enrumba hacia el porvenir. Le hará mucho bien a Panamá dar por cerrado el tema de la CSS y, entonces, proyectarse hacia el futuro.
Las reformas a la CSS se aprobarán y el país, con una nueva fisonomía en su sistema de seguridad social, continuará su ritmo de modernización.
