Sistema
Educación, participación (popular y sector privado), seguridad jurídica, protección al ambiente, productividad, competitividad, equidad, transparencia, sostenibilidad y gobernabilidad, son términos interdependientes, con contenidos de información y conocimientos en el léxico contemporáneo del desarrollo. Coordinados entre sí, mediante la administración como instrumento de realización de las políticas, deben facilitar el acceso con éxito a un mundo globalizado cada vez más interdependientes. La necesidad de ese acceso es para generar riquezas que puedan ser invertidas en programas y proyectos dirigidos a crear empleos, erradicar la pobreza, procurar el progreso del hombre/mujer panameño, y propulsar el desarrollo nacional integral y sostenido en el largo plazo. El plazo requerido es el resultado de años de desaciertos, omisiones e incumplimientos de la Constitución y las leyes, que han permitido la acumulación desproporcional de problemas complejos y costosos que hoy demandan la urgente atención nacional. La pobreza, entre éstos, por sus efectos perversos sobre la vida socioeconómica y cultural de la sociedad, debería de considerarse como un problema de Estado. Crear expectativas irreales, con promesas de solución de aquellos problemas complejos en el corto plazo, sólo contribuye a intensificar frustraciones, desconfianza, apatía y desesperanzas, perjudiciales a la necesaria e indispensable participación.
El éxito potencial, al poner en moción aquellos insumos interdependientes, depende del sistema que se instituye para promover una reforma a fondo de la administración pública, como acción prioritaria, mediante la cual se establecen claras relaciones entre estos en el tiempo y el espacio, con responsabilidades por las que deben responder los actores (accountable). Se requiere de una sistema eficaz y transparente, estructurado por meritocracia - no clientelar - para hacer productivas las acciones y facilitar su acceso a los mercados externos. Sistema es un "conjunto de reglas y principios sobre una materia racionalmente entrelazados entre sí" o un "conjunto de cosas que, ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen a un determinado objeto" (Real Academia). Ese objeto, en el caso que nos ocupa, es el desarrollo nacional integral sostenido. Se gestiona a través de programas operativos que siguen procesos metodológicos básicos del sistema, apoyados en la investigación y la eficiencia administrativa, para obtener los mejores resultados.
Sistematizar las acciones para lograr aquel objetivo es compatible con el Artículo 2 de la Constitución Nacional; señala que el poder emanado del pueblo lo ejercen los tres Organos del Estado: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial que actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Sin ser exhaustivo en cuanto a las responsabilidades de los Organos, es importante registrar que en el pasado no siempre se ha logrado la armonía deseada, y en oportunidades se ha observado la intervención del Ejecutivo a los otros dos, en violación de aquel artículo. El Legislativo está llamado a ponderar la importancia relativa de los variados intereses nacionales para definir políticas, hacer leyes, y asignar recursos, según la revisión de las propuestas que le presenta el Ejecutivo. Este contribuye a la tarea del Organo anterior, mediante la presentación anual de un programa - presupuesto, derivado de investigaciones y estudios, para establecer las prioridades nacionales, enfocado a promover el desarrollo del país; entre los recursos presupuestarios requeridos para los insumos, están los destinados a los arreglos institucionales para la eficiente administración y ejecución de los mismos, los que se necesitan para hacer realidad las propuestas del programa, y las disposiciones legales para incentivar la participación del sector privado interno y las fuentes externas de la comunidad global. Los requerimientos se refieren a los que demandan las necesidades de los distintos sectores de la población, incluyendo el empleo como insumo de bienestar social - para incrementar los ingresos en concepto de impuestos y robustecer las áreas nacionales- y para promover el cambio socioeconómico y cultural a todos los niveles: nacional, regional y local. El Organo Judicial vela por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, garantiza la seguridad jurídica de manera imparcial, y fortalece el sistema político y las instituciones democráticas del país.
Panamá es un mercado pequeño de apenas 2 millones de habitantes, tiene una burocracia estatal excesiva y una elevada deuda externa (B/.7.5 mil millones); juntas consumen una alta proporción del Presupuesto Nacional, quedando escasos recursos para las inversiones. Necesita de capital y tecnología foráneo para llevar a cabo sus programas de desarrollo y para incrementar las exportaciones en áreas que puede ser competitiva.
El ejercicio eficaz de las responsabilidades de los tres Organos del Estado para dar prioridad a los grandes intereses de Panamá - sobre los mezquinos y egoístas de gremios y grupos - debería conducir al logro de un amplio consenso nacional que facilite la ejecución de los programas en el largo plazo. Esto es de la mayor importancia para el país, puesto que se requiere de períodos de administraciones sucesivas más allá de los cinco años, según lo prevé la Carta Magna. La continuidad es también relevante para tener acceso a las fuentes externas con recursos para la inversión, que puedan contribuir a la efectividad de las ejecutorias nacionales. En esa forma, se evitan los despilfarros en ciertos programas y proyectos inconclusos o discontinuados, por abandono deliberado o por la falta de recursos para alcanzar los objetivos originales o modificados.
Con respecto a aquellas fuentes, existe en la comunidad global agencias calificadoras de riesgos que preparan informes capaces de influir las decisiones para canalizar inversiones y tecnología a los países. Esos informes son extensos y profundos en sus análisis sobre coherencia y firmeza de las políticas públicas, la transparencia programática y operativa, la capacidad gerencial del equipo de gobierno, el nivel de pobreza y la solidez de los programas para confrontarlo, y muchos otros factores de riesgo que sirven de orientación a los inversionistas potenciales para la toma de decisiones. Un programa de gobierno que reúna aquellas características debería tener, sin mayores dificultades, acceso fácil a las inversiones de capital y la tecnología que requiere Panamá para iniciar el largo camino hacia su desarrollo integral sostenido.
El éxito potencial, al poner en moción aquellos insumos interdependientes, depende del sistema que se instituye para promover una reforma a fondo de la administración pública, como acción prioritaria, mediante la cual se establecen claras relaciones entre estos en el tiempo y el espacio, con responsabilidades por las que deben responder los actores (accountable). Se requiere de una sistema eficaz y transparente, estructurado por meritocracia - no clientelar - para hacer productivas las acciones y facilitar su acceso a los mercados externos. Sistema es un "conjunto de reglas y principios sobre una materia racionalmente entrelazados entre sí" o un "conjunto de cosas que, ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen a un determinado objeto" (Real Academia). Ese objeto, en el caso que nos ocupa, es el desarrollo nacional integral sostenido. Se gestiona a través de programas operativos que siguen procesos metodológicos básicos del sistema, apoyados en la investigación y la eficiencia administrativa, para obtener los mejores resultados.
Sistematizar las acciones para lograr aquel objetivo es compatible con el Artículo 2 de la Constitución Nacional; señala que el poder emanado del pueblo lo ejercen los tres Organos del Estado: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial que actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Sin ser exhaustivo en cuanto a las responsabilidades de los Organos, es importante registrar que en el pasado no siempre se ha logrado la armonía deseada, y en oportunidades se ha observado la intervención del Ejecutivo a los otros dos, en violación de aquel artículo. El Legislativo está llamado a ponderar la importancia relativa de los variados intereses nacionales para definir políticas, hacer leyes, y asignar recursos, según la revisión de las propuestas que le presenta el Ejecutivo. Este contribuye a la tarea del Organo anterior, mediante la presentación anual de un programa - presupuesto, derivado de investigaciones y estudios, para establecer las prioridades nacionales, enfocado a promover el desarrollo del país; entre los recursos presupuestarios requeridos para los insumos, están los destinados a los arreglos institucionales para la eficiente administración y ejecución de los mismos, los que se necesitan para hacer realidad las propuestas del programa, y las disposiciones legales para incentivar la participación del sector privado interno y las fuentes externas de la comunidad global. Los requerimientos se refieren a los que demandan las necesidades de los distintos sectores de la población, incluyendo el empleo como insumo de bienestar social - para incrementar los ingresos en concepto de impuestos y robustecer las áreas nacionales- y para promover el cambio socioeconómico y cultural a todos los niveles: nacional, regional y local. El Organo Judicial vela por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, garantiza la seguridad jurídica de manera imparcial, y fortalece el sistema político y las instituciones democráticas del país.
Panamá es un mercado pequeño de apenas 2 millones de habitantes, tiene una burocracia estatal excesiva y una elevada deuda externa (B/.7.5 mil millones); juntas consumen una alta proporción del Presupuesto Nacional, quedando escasos recursos para las inversiones. Necesita de capital y tecnología foráneo para llevar a cabo sus programas de desarrollo y para incrementar las exportaciones en áreas que puede ser competitiva.
El ejercicio eficaz de las responsabilidades de los tres Organos del Estado para dar prioridad a los grandes intereses de Panamá - sobre los mezquinos y egoístas de gremios y grupos - debería conducir al logro de un amplio consenso nacional que facilite la ejecución de los programas en el largo plazo. Esto es de la mayor importancia para el país, puesto que se requiere de períodos de administraciones sucesivas más allá de los cinco años, según lo prevé la Carta Magna. La continuidad es también relevante para tener acceso a las fuentes externas con recursos para la inversión, que puedan contribuir a la efectividad de las ejecutorias nacionales. En esa forma, se evitan los despilfarros en ciertos programas y proyectos inconclusos o discontinuados, por abandono deliberado o por la falta de recursos para alcanzar los objetivos originales o modificados.
Con respecto a aquellas fuentes, existe en la comunidad global agencias calificadoras de riesgos que preparan informes capaces de influir las decisiones para canalizar inversiones y tecnología a los países. Esos informes son extensos y profundos en sus análisis sobre coherencia y firmeza de las políticas públicas, la transparencia programática y operativa, la capacidad gerencial del equipo de gobierno, el nivel de pobreza y la solidez de los programas para confrontarlo, y muchos otros factores de riesgo que sirven de orientación a los inversionistas potenciales para la toma de decisiones. Un programa de gobierno que reúna aquellas características debería tener, sin mayores dificultades, acceso fácil a las inversiones de capital y la tecnología que requiere Panamá para iniciar el largo camino hacia su desarrollo integral sostenido.
