Sistema de Administración de Justicia, objetivo de Estado
La Administración de Justicia, en el ordenamiento constitucional panameño vigente (Título VII, Art. 201 al 224) la componen el ?"rgano Judicial y el Ministerio Público. Entre sus normas se habla de la conformación de estas instituciones, del acceso a sus cargos y de sus derechos y obligaciones. Pero, y a pesar de la fuerza de las mismas y su rango supralegal, subyace en nuestro sector justicia un gran escollo, cuya superación debe ser un objetivo de Estado: Concebir a la Administración de Justicia como un verdadero sistema.
Más allá de definir una cuestión semántica, o de plantear una discusión teórico-académica o dialéctica, la modernización de la justicia debe perseguir el propósito de alcanzar el diseño y la consolidación de un verdadero sistema, entendiendo a éste como un "Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objeto" (confróntese el Diccionario de la Lengua Española).
A lo largo del tiempo, las instituciones del sector justicia del país han operado de forma aislada, descoordinada, incomunicadas, mostrando sus luchas por espacios de actuación y hasta de poder y con objetivos distintos unas y otras. Todo esto ha producido un impacto negativo en los resultados globales e individuales; por eso enfrentamos una grave crisis de confianza y credibilidad institucional, de eficiencia y de efectividad. Como resultado material de ese extremo crítico se produce: inseguridad jurídica, alarmante mora judicial, aumento exponencial de la delincuencia y generalizado descontento social.
Mucho hay que cambiar para hacer de la justicia lo que debe ser. Los ciudadanos esperamos que se utilicen los verbos correctos; que se hable de cambiar en lugar de fortalecer, y que ?"rgano Judicial, Ministerio Público, DIJ, Policía Nacional y Ministerio de Gobierno y Justicia actúen como un sistema: coordinado, comunicado entre sí, con acciones y planes compartidos, para alcanzar el objetivo común de brindar justicia, de la mejor calidad, en el menor tiempo posible, de devolver la confianza a los ciudadanos y que nuestra imagen como país sea de seriedad, formalidad y responsabilidad en un ámbito que resulta estratégico para atraer inversión, generar riqueza, ofrecer oportunidades, y pasar a formar parte del concierto de países que buscan posicionamiento internacional.
Una clave, entre otras, que permitirá configurar y materializar el Sistema de Justicia es trabajar sobre una Política de Estado específica, que bajo criterios científicos y profesionales proyecte el mejor mecanismo para realizar la más objetiva selección de sus responsables, despolitizar sus instituciones, profesionalizarlas, actualizarlas y dotarlas de recursos necesarios para que puedan coordinadamente trabajar por el objetivo común: lograr el Sistema de Justicia de Panamá que todos deseamos y merecemos.
