Sistema nacional para la provisión de servicios de salud
LAS CRISIS SOCIALES y sanitarias como los infartos al miocardio no son producto de sucesos inesperados y fortuitos, sino resultados de un largo proceso de deterioro de los factores de riesgo que están ampliamente definidos en el conocimiento universal.
Durante el último semestre, la nación panameña ha experimentado en carne propia varios sucesos negativos e impactantes, que más que culpables individuales lo que traducen son desaciertos acumulados de varias décadas, en las que, quienes tenían que velar por los verdaderos intereses de los ciudadanos, sólo se interesaron en los beneficios de grupo y de sus cuentas bancarias, aunado a una pésima concepción e interpretación de la leyes divinas de la libre competencia y el neoliberalismo deshumanizado.
La construcción de carreteras, edificios urbanos, barriadas de interés social, instalaciones públicas, las normas para la entrada, procesamiento y venta de los productos importados y nacionales para el consumo humano; la adquisición de vehículos terrestres, acuáticos y aéreos para la movilización de los ciudadanos, sólo por señalar algunas áreas del acontecer diario, no resisten el mínimo escrutinio sobre la calidad, costo y durabilidad de estas infraestructuras, equipos e insumos críticos.
Otra de las funestas prácticas del gerente público moderno es el de desechar de plano todas las políticas, planes, programas y proyectos del quinquenio anterior y lo que es peor traerse consigo a la administración pública a él encomendada, a sus familiares, condiscípulos, compañeros y amigos del club cívico-social, logia o gremio, aunque para esto tenga que desplazar a los técnicos probados durante décadas, que están esperando una oportunidad para superarse.
La Constitución de la República de 1972 y sus actos reformatorios señalan, con claridad meridiana, la necesidad y obligatoriedad de que deben integrarse los servicios de salud que se le dispensan a la comunidad panameña.
El experimento de la integración, desde 1973 hasta 1989, tuvo como 11 anteproyectos de ley que intentaron normalizarlo, pero que no lograban pasar ni el primer debate en la Asamblea Nacional. Estos intentos resultaron infructuosos, por la oposición de los empresarios, los sindicatos, los políticos y los gremios de la salud en sus diferentes momentos coyunturales. Porque para el mal de este país, antes de 1968 y después de 1990, los excelentes proyectos de un partido en el poder se tornan diabólicos cuando estos pasan a ser oposición, en un rejuego cíclico electorero, que al parecer no tiene fin.
Actualmente, y como consecuencia de los casos fatales producidos por la intoxicación por dietilenglicol, la Nación se encuentra ante el dilema de decidir sobre un nuevo sistema, por lo menos, de Provisión de Servicios Públicos de Salud, que de una vez por todas marque el rumbo del sendero que hemos de transitar en las décadas venideras.
Sin duda que para que la propuesta que está por ser definida por el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS) con el concurso de la Junta de Notables designada por el señor Presidente de la República, sea aceptada por la sociedad panameña en su conjunto, deberán ser tomadas en cuenta las reflexiones de todos los sectores involucrados y que serán afectados por tamaña decisión. De lo contrario, lo que se producirá será una crisis más grande y más profunda que la que actualmente transitamos.
Esta no es la hora de los ungidos ni de los que creen saber, sino de evaluar las reales necesidades y demandas sanitarias de nuestras comunidades, analizar la adecuación de nuestra oferta, sopesar la eficiencia de los procesos, medir la eficacia de sus productos y verificar la efectividad de los impactos sobre los indicadores sanitarios, de cara a todo ese inmenso caudal de recursos que el Estado destina al área sanitaria.
Está por definirse si se privatizará toda la provisión de prestaciones, si se cobrará un copago por los servicios, si se implementará la figura dormida de CONSALUD para administrar los recursos estatales, si se desarrollará un sistema de compensaciones por costos unitarios, o si se ejecutará a plenitud un sistema público integral, dividiendo o no los roles entre las dos instituciones estatales, separando toda la gama de actividades de acuerdo a los cuatro niveles de prevención.
Lo importante es que en este país, por fin, el ciudadano común tenga acceso oportuno, con calidad y calidez a todas las atenciones que demandan sus necesidades personales y ambientales y no en base a su capacidad económica. Esta es la Reforma del Sector Salud que todos estamos esperando.
Durante el último semestre, la nación panameña ha experimentado en carne propia varios sucesos negativos e impactantes, que más que culpables individuales lo que traducen son desaciertos acumulados de varias décadas, en las que, quienes tenían que velar por los verdaderos intereses de los ciudadanos, sólo se interesaron en los beneficios de grupo y de sus cuentas bancarias, aunado a una pésima concepción e interpretación de la leyes divinas de la libre competencia y el neoliberalismo deshumanizado.
La construcción de carreteras, edificios urbanos, barriadas de interés social, instalaciones públicas, las normas para la entrada, procesamiento y venta de los productos importados y nacionales para el consumo humano; la adquisición de vehículos terrestres, acuáticos y aéreos para la movilización de los ciudadanos, sólo por señalar algunas áreas del acontecer diario, no resisten el mínimo escrutinio sobre la calidad, costo y durabilidad de estas infraestructuras, equipos e insumos críticos.
Otra de las funestas prácticas del gerente público moderno es el de desechar de plano todas las políticas, planes, programas y proyectos del quinquenio anterior y lo que es peor traerse consigo a la administración pública a él encomendada, a sus familiares, condiscípulos, compañeros y amigos del club cívico-social, logia o gremio, aunque para esto tenga que desplazar a los técnicos probados durante décadas, que están esperando una oportunidad para superarse.
La Constitución de la República de 1972 y sus actos reformatorios señalan, con claridad meridiana, la necesidad y obligatoriedad de que deben integrarse los servicios de salud que se le dispensan a la comunidad panameña.
El experimento de la integración, desde 1973 hasta 1989, tuvo como 11 anteproyectos de ley que intentaron normalizarlo, pero que no lograban pasar ni el primer debate en la Asamblea Nacional. Estos intentos resultaron infructuosos, por la oposición de los empresarios, los sindicatos, los políticos y los gremios de la salud en sus diferentes momentos coyunturales. Porque para el mal de este país, antes de 1968 y después de 1990, los excelentes proyectos de un partido en el poder se tornan diabólicos cuando estos pasan a ser oposición, en un rejuego cíclico electorero, que al parecer no tiene fin.
Actualmente, y como consecuencia de los casos fatales producidos por la intoxicación por dietilenglicol, la Nación se encuentra ante el dilema de decidir sobre un nuevo sistema, por lo menos, de Provisión de Servicios Públicos de Salud, que de una vez por todas marque el rumbo del sendero que hemos de transitar en las décadas venideras.
Sin duda que para que la propuesta que está por ser definida por el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS) con el concurso de la Junta de Notables designada por el señor Presidente de la República, sea aceptada por la sociedad panameña en su conjunto, deberán ser tomadas en cuenta las reflexiones de todos los sectores involucrados y que serán afectados por tamaña decisión. De lo contrario, lo que se producirá será una crisis más grande y más profunda que la que actualmente transitamos.
Esta no es la hora de los ungidos ni de los que creen saber, sino de evaluar las reales necesidades y demandas sanitarias de nuestras comunidades, analizar la adecuación de nuestra oferta, sopesar la eficiencia de los procesos, medir la eficacia de sus productos y verificar la efectividad de los impactos sobre los indicadores sanitarios, de cara a todo ese inmenso caudal de recursos que el Estado destina al área sanitaria.
Está por definirse si se privatizará toda la provisión de prestaciones, si se cobrará un copago por los servicios, si se implementará la figura dormida de CONSALUD para administrar los recursos estatales, si se desarrollará un sistema de compensaciones por costos unitarios, o si se ejecutará a plenitud un sistema público integral, dividiendo o no los roles entre las dos instituciones estatales, separando toda la gama de actividades de acuerdo a los cuatro niveles de prevención.
Lo importante es que en este país, por fin, el ciudadano común tenga acceso oportuno, con calidad y calidez a todas las atenciones que demandan sus necesidades personales y ambientales y no en base a su capacidad económica. Esta es la Reforma del Sector Salud que todos estamos esperando.
