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Situación nacional


Panamá está pasando por una etapa interesante, y a la vez contradictoria. Los índices de crecimiento y los decrecientes de desempleo siguen sin llegar a un importante porcentaje de la  población. Seguimos igual que en la "patria vieja", con alarmantes signos de corrupción, inseguridad, protección desmesurada a unos y por ende, en desmedro de otros.

El nuevo año 2008  tiene particularidades que afectarán de una manera u otra nuestro futuro. Estados Unidos vivirá un año electoral que definirá, no solamente al presidente o presidenta de esa nación, sino su política internacional, sobre todo con Panamá, dadas las vinculaciones históricas que mantenemos con ellos. Y aquí padeceremos (con todo respeto este sentimiento), de una campaña pre-electoral que creo será de  dimensiones inéditas.

Sin embargo, espero que el Gobierno Nacional salga del sopor que padece, y renazca el espíritu de la campaña que los llevó al poder, o sea, solucionar integralmente, como panameños, los problemas serios que nos aquejan.

Si las Constituciones Políticas son revisadas, ¿por qué no, entonces, mirar hacia los servicios públicos, algunos privatizados?

El alto costo de la electricidad y de la telefonía, por ejemplo, merecen que las autoridades de la República cumplan con su deber, que no es más que se asegure al mayor número posible de los habitantes del país la mejor distribución de la riqueza nacional.

No fui el único que reiteradamente se opuso, en su momento, a la privatización de los servicios públicos. Razones sobran, ya que las empresas privadas, por su formación, tienen la obligación de generar ganancias, y en el caso de lo privatizado, estas ganancias son, para sus socios privados y para el Estado.

Es fácil inferir que esa política encarece innecesariamente los servicios, que por génesis, deben ser públicos.

Se sostiene que el Estado es pésimo administrador, y no lo voy a discutir ya que la historia habla por sí sola. Pero no podemos excluir una verdad de perogruyo: la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es una empresa estatal, no con servicios públicos, sino mundiales.

La ACP funciona, básicamente, como estaba configurada cuando los norteamericanos administraban la vía canalera, o sea, que los ingresos no podían convertirse en ganancias, sino en inversiones. Actualmente, lo que supera el costo de las inversiones entra a las arcas del Estado. ¿Por qué, entonces, no creamos constitucionalmente, entes similares (luz, agua y teléfono)? La experiencia está ahí: fuera de los avatares políticos funciona excepcionalmente.

Igual podría aplicarse ese criterio para que los panameños, al menos, tengamos servicios públicos eficientes y con costos aceptables que logren disminuir el alto costo de la vida que padecemos. Difícil, pero cumplí con el límite de las 450 palabras.

101 años de Panamá América

 
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