Soberana terquedad
Para los que nos gusta la vida simple y amena, los berrinches y necedades ajenas nos molestan de manera extrema. Para los que felicitamos cuando las cosas se hacen bien y de buena fe, la malicia y perversidad de muchos nos fermenta la hora de la digestión. Nos agrada muchas cosas y a la vez nos disgustan otras que ocurren en el pequeño Panamá. Una de esas es ver la triste situación de nuestro sistema de justicia, que por desgracia nos tocará lidiar a los que hemos tomado la osada decisión de estudiar Derecho. ¿Pregúntese qué es la mora judicial? ¿Cuántas personas están esperando un proceso, o cuántas otras deben estar bajo un proceso? Si lo sabe, no me lo diga; porque me asusta la inmensidad cuantitativa.
¿Qué tal el Ministerio Público? Por urbanidad no se deben decir malas palabras... Bueno, parece que la vida está llena de contrariedades, así como se dice: "es ley que la ley tenga excepciones".
Paralelo a la lentitud de estas instituciones, uno ve ciertos resplandores de "diligencia" y "puntualidad" para ciertos casos. Por ejemplo, el 23 de mayo, la Juez Décima de Circuito de lo Penal (Primera Suplente) dictó sentencia absolutoria al inicuo proceso seguido contra el Dr. Miguel A. Bernal por el delito de calumnia e injuria a la Policía Nacional; y ya para estas fechas el Fiscal Quinto del Primer Distrito Judicial de Panamá, Giovanni Olmos, ha interpuesto el recurso de apelación.
Francamente, los que pudimos presenciar el juicio, la defensa, llevada por la Dr. Guerra de Villalaz, presentó todos los argumentos que demostraron que este proceso carecía de fundamento. Y así se percató la jueza al apoyar su sentencia en la falta de animus iniuriandi o intención dañosa del acusado, elemento esencial para la confirmación del delito de calumnia e injuria. Y contrario a toda lógica, el fiscal Olmos presenta la apelación. Recordemos, la sentencia está basada en la falta de un elemento esencial para la tipicidad del delito, no en una excepción o prescripción al hecho.
Pero así es mi Panamá; en donde se tiene en la mira a un Catedrático de la Universidad de Panamá, distinguido por el pueblo francés con la Orden de Las Palmas, reconocido defensor de los derechos humanos y la libertad, periodista a nivel internacional y escritor. Si se nos encomendase elaborar el Diccionario de la Real Academia, no sé qué definición se daría para la palabra justicia.
El comandante de la antigua Guardia Nacional de Panamá, general retirado Rubén Darío Paredes, fue del criterio de que a la AMIFUP debe devolvérsele los dineros que fueron enviados al arca común del Estado. "No hay ninguna duda que esos fondos pertenecen a la tropa y oficiales, pues se les descontaba el dinero quincenalmente", dijo Paredes a El Panamá América.
Recordó que por instrucciones del desaparecido general Omar Torrijos Herrera, le correspondió implementar este Fondo para el Retiro, el cual era "obligatorio" para todo el personal con una aportación mínima mensual de B/.2.00. Si una unidad quería aportar más podía hacerlo y así tener un mejor ahorro al final.
"Desde el general hasta el ordenanza tenían que aportar para que al jubilarse a los 25 años de servicio, el guardia pudiera tener un efectivo adicional para su reintegro a la sociedad civil", indicó Paredes.
También mencionó que había otro descuento de 1 balboa mensual destinado al Seguro Colectivo de Vida (con una aseguradora privada), que consistía en una póliza por 10 mil balboas para el guardia o sus deudos.
Según Paredes, esos dineros devengaban un interés para los miembros y cuando fue comandante de la Guardia Nacional giró instrucciones para que fueran depositados en el Banco Nacional de Panamá y otros bancos privados que daban un mejor interés por plazo fijo.
Paredes aclaró que su gestión administrativa ocurrió en un período normal, donde no había sanciones económicas, ni presiones políticas, pero la invasión militar norteamericana "provocó algunos desajustes y desórdenes".
A pesar de ello, Paredes espera que el Estado le reconozca a los miembros de AMIFUP su derecho a los dineros que habían ahorrado. "No hay duda, aunque ahora se denomine diferente, institucionalmente ese dinero pertenece a los miembros de la Fuerza Pública", subrayó Paredes.
¿Qué tal el Ministerio Público? Por urbanidad no se deben decir malas palabras... Bueno, parece que la vida está llena de contrariedades, así como se dice: "es ley que la ley tenga excepciones".
Paralelo a la lentitud de estas instituciones, uno ve ciertos resplandores de "diligencia" y "puntualidad" para ciertos casos. Por ejemplo, el 23 de mayo, la Juez Décima de Circuito de lo Penal (Primera Suplente) dictó sentencia absolutoria al inicuo proceso seguido contra el Dr. Miguel A. Bernal por el delito de calumnia e injuria a la Policía Nacional; y ya para estas fechas el Fiscal Quinto del Primer Distrito Judicial de Panamá, Giovanni Olmos, ha interpuesto el recurso de apelación.
Francamente, los que pudimos presenciar el juicio, la defensa, llevada por la Dr. Guerra de Villalaz, presentó todos los argumentos que demostraron que este proceso carecía de fundamento. Y así se percató la jueza al apoyar su sentencia en la falta de animus iniuriandi o intención dañosa del acusado, elemento esencial para la confirmación del delito de calumnia e injuria. Y contrario a toda lógica, el fiscal Olmos presenta la apelación. Recordemos, la sentencia está basada en la falta de un elemento esencial para la tipicidad del delito, no en una excepción o prescripción al hecho.
Pero así es mi Panamá; en donde se tiene en la mira a un Catedrático de la Universidad de Panamá, distinguido por el pueblo francés con la Orden de Las Palmas, reconocido defensor de los derechos humanos y la libertad, periodista a nivel internacional y escritor. Si se nos encomendase elaborar el Diccionario de la Real Academia, no sé qué definición se daría para la palabra justicia.
El comandante de la antigua Guardia Nacional de Panamá, general retirado Rubén Darío Paredes, fue del criterio de que a la AMIFUP debe devolvérsele los dineros que fueron enviados al arca común del Estado. "No hay ninguna duda que esos fondos pertenecen a la tropa y oficiales, pues se les descontaba el dinero quincenalmente", dijo Paredes a El Panamá América.
Recordó que por instrucciones del desaparecido general Omar Torrijos Herrera, le correspondió implementar este Fondo para el Retiro, el cual era "obligatorio" para todo el personal con una aportación mínima mensual de B/.2.00. Si una unidad quería aportar más podía hacerlo y así tener un mejor ahorro al final.
"Desde el general hasta el ordenanza tenían que aportar para que al jubilarse a los 25 años de servicio, el guardia pudiera tener un efectivo adicional para su reintegro a la sociedad civil", indicó Paredes.
También mencionó que había otro descuento de 1 balboa mensual destinado al Seguro Colectivo de Vida (con una aseguradora privada), que consistía en una póliza por 10 mil balboas para el guardia o sus deudos.
Según Paredes, esos dineros devengaban un interés para los miembros y cuando fue comandante de la Guardia Nacional giró instrucciones para que fueran depositados en el Banco Nacional de Panamá y otros bancos privados que daban un mejor interés por plazo fijo.
Paredes aclaró que su gestión administrativa ocurrió en un período normal, donde no había sanciones económicas, ni presiones políticas, pero la invasión militar norteamericana "provocó algunos desajustes y desórdenes".
A pesar de ello, Paredes espera que el Estado le reconozca a los miembros de AMIFUP su derecho a los dineros que habían ahorrado. "No hay duda, aunque ahora se denomine diferente, institucionalmente ese dinero pertenece a los miembros de la Fuerza Pública", subrayó Paredes.
