Soberanía económica
El país necesita democracia, progreso, desarrollo social, soberanía, pero ahora más que nunca soberanía económica.
Esta posición no es nueva, ya la planteó el Dr. Arnulfo Arias en la década del 30 en su Doctrina Panameñista para proteger los intereses de un país pequeño y subdesarrollado frente a las explotaciones transnacionales.
Hoy se utilizan una serie de palabras para seducir los mercados y hay que identificarlas cada una de ellas.
La modernización interpretada como la aplicación de la ciencia y la tecnología es perfectamente correcta si va acompañada de valores humanos (ética, solidaridad, justicia, responsabilidad, urbanidad).
La globalización también es aceptada siempre que sea recíproca, es decir, que también se nos abran otros mercados en iguales condiciones, sin subsidios ni ventajas. Que las importaciones a nuestro mercado se acompañen también de traernos inversiones y tecnología y no solamente sus mercancías. Y finalmente, que la globalización sea con gradualidad y reconversión, es decir, con tiempo para que nuestros productores perfeccionen o cambien sus métodos de trabajo.
Las privatizaciones sólo son permitidas si se trata de empresas estatales no productivas o vinculadas a la esfera internacional (turismo). Las empresas estatales productivas, aún del área privada no deben ser privatizadas porque el Estado tiene que generar ingresos de otras vías, además de los impuestos, especialmente si estas empresas están vinculadas a la tierra, al subsuelo, a las riquezas naturales (petróleo, oro, agua, canal).
Pero las que definitivamente corresponden al área social: salud, educación, agua, energía, comunicación no pueden ser privatizadas por razones de seguridad nacional y de desarrollo social, aún cuando estas no ofrezcan ganancias monetarias.
La soberanía sí se come cuando se trata de soberanía económica, porque las riquezas de nuestra posición geográfica deben ir a beneficiar a todos los panameños, los dueños de la tierra y el agua.
Hoy, consorcios y organismos económicos internacionales pretenden apropiarse de nuestros patrimonios a través de la privatización de nuestras empresas nacionales, adquiridas a bajo costo, pero pagando cuantiosas comisiones (INTEL), lo que ha redundado en aumento de los pagos por los usuarios.
Podrían aceptarse las asociaciones, las contratación de tecnología, los préstamos autofinanciables, pero no la privatización.
El continuismo entreguista del Torrijismo antiguo y reciclado viola la soberanía económica, las políticas económicas de los banqueros es hacer más dinero a cualquier costo aún repitiendo el juego electoral con Chinchorro Vallarino.
Por eso hoy más que nunca tiene vigencia la soberanía económica que preconiza el arnulfismo porque es la defensa de Panamá, los bienes, tierras y mercado de todos los panameños, productores, trabajadores y consumidores.
Esta posición no es nueva, ya la planteó el Dr. Arnulfo Arias en la década del 30 en su Doctrina Panameñista para proteger los intereses de un país pequeño y subdesarrollado frente a las explotaciones transnacionales.
Hoy se utilizan una serie de palabras para seducir los mercados y hay que identificarlas cada una de ellas.
La modernización interpretada como la aplicación de la ciencia y la tecnología es perfectamente correcta si va acompañada de valores humanos (ética, solidaridad, justicia, responsabilidad, urbanidad).
La globalización también es aceptada siempre que sea recíproca, es decir, que también se nos abran otros mercados en iguales condiciones, sin subsidios ni ventajas. Que las importaciones a nuestro mercado se acompañen también de traernos inversiones y tecnología y no solamente sus mercancías. Y finalmente, que la globalización sea con gradualidad y reconversión, es decir, con tiempo para que nuestros productores perfeccionen o cambien sus métodos de trabajo.
Las privatizaciones sólo son permitidas si se trata de empresas estatales no productivas o vinculadas a la esfera internacional (turismo). Las empresas estatales productivas, aún del área privada no deben ser privatizadas porque el Estado tiene que generar ingresos de otras vías, además de los impuestos, especialmente si estas empresas están vinculadas a la tierra, al subsuelo, a las riquezas naturales (petróleo, oro, agua, canal).
Pero las que definitivamente corresponden al área social: salud, educación, agua, energía, comunicación no pueden ser privatizadas por razones de seguridad nacional y de desarrollo social, aún cuando estas no ofrezcan ganancias monetarias.
La soberanía sí se come cuando se trata de soberanía económica, porque las riquezas de nuestra posición geográfica deben ir a beneficiar a todos los panameños, los dueños de la tierra y el agua.
Hoy, consorcios y organismos económicos internacionales pretenden apropiarse de nuestros patrimonios a través de la privatización de nuestras empresas nacionales, adquiridas a bajo costo, pero pagando cuantiosas comisiones (INTEL), lo que ha redundado en aumento de los pagos por los usuarios.
Podrían aceptarse las asociaciones, las contratación de tecnología, los préstamos autofinanciables, pero no la privatización.
El continuismo entreguista del Torrijismo antiguo y reciclado viola la soberanía económica, las políticas económicas de los banqueros es hacer más dinero a cualquier costo aún repitiendo el juego electoral con Chinchorro Vallarino.
Por eso hoy más que nunca tiene vigencia la soberanía económica que preconiza el arnulfismo porque es la defensa de Panamá, los bienes, tierras y mercado de todos los panameños, productores, trabajadores y consumidores.
