Sobre asistencias y fronteras
Hace pocos días (El Panamá América, 4 de agosto de 2000) se publicó una declaración de Pablo Quintero Luna, director del Consejo Nacional de Seguridad, donde recomendaba a la Cancillería iniciar conversaciones con la ONU a fin de hacerle frente a diversos problemas que pudiesen surgir dado el inminente inicio del llamado Plan Colombia.
La petición - asunto que goza de mi total beneplácito - se identifica más con el propósito de una verdadera neutralidad en el ámbito nacional que aquel proyecto amorfo, desfasado y vergonzoso, que patrocinaron, entre otros, el ministro Winston Spadafora, el embajador norteamericano Simón Ferro y el secretario adjunto de Estado Peter Romero.
En uno de mis escritos semanales en este mismo diario (Seguridad Peligrosa, 14 de mayo de 2000) citaba las palabras del Premier y que pronunciara hace pocos meses durante una reunión del Club Rotario. Entre las cosas que destacó la más importante - a mi entender - era que la República de Panamá, luego de la transferencia del Canal, había asumido finalmente su total responsabilidad soberana, agregando que la vía interoceánica es el centro de la actividad nacional y que el mundo anhela la neutralidad de la misma.
Luego que el Gobierno rechazara recientemente esa propuesta deshonrosa para implantar un acuerdo de fuerzas visitantes con los Estados Unidos de América, pensé que el tema era caso cerrado. Me equivoqué. El peligro sigue latente, gracias a las diligencias locales y las presiones foráneas sobre la cuestión que nos ocupa.
La respuesta a dicha negativa no se hizo esperar. Durante el fin de semana recién pasado un grupo de desconocidos - Carlos Barés, director de la Policía Nacional, dijo que pudieron haber sido guerrilleros, bandoleros, paramilitares o malandrines armados - se enfrentaron con agentes fronterizos panameños en el sector del río Tupisa en Darién.
Lo interesante del asunto es que cada vez que la República de Panamá niega a los Estados Unidos de América establecer un pie de fuerza en nuestro país - banal pretexto para iniciar una especie de guerra santa contra las drogas en Colombia - se producen estas esporádicas balaceras y brotes de angustia que perturban el sosiego de la sociedad en general.
Demás está decir que me identifico plenamente con el editorial que publicara El Universal el pasado 7 de agosto respecto al tema que nos ocupa. No sé cuando entenderán que el flagelo en referencia no se combate a tiros, sino con una política combinada y que involucra, tanto la disminución del consumo dentro de las sociedades ricas, como el mejoramiento socioeconómico de los moradores en las regiones de producción.
La injerencia militar norteamericana en Latinoamérica sólo puede evocar malos recuerdos y que van, desde las dos dinastías Somoza, esas aberraciones caribeñas, las guerras en Guatemala y El Salvador, los 21 años de tolerancia cómplice a esa corrupta casta policial que mantuvo cautiva a la República de Panamá, hasta las dictaduras castrenses del Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil - entre otros - y cuyos tiranos fueron forjados, pulidos y educados en la tristemente célebre Escuela de las Américas en Colón.
Si la República de Colombia y los Estados Unidos de América desean resolver este problema a balazos, entonces que procedan ellos con su errada actitud, pero que no conviertan nuestro país en otro apéndice de una conflagración absurda, improductiva y cuya conclusión resulta difícil predecir.
La República de Panamá necesita generar trabajo para superar la delicada crisis donde se encuentra. Si la sociedad civil norteamericana - la parte noble de ese gran pueblo - está dispuesta a cooperar con nuestro desarrollo, entonces bienvenidos sean a suelo istmeño para así forjar un escudo de bienestar social y repeler el foco de infección donde se engendró el mal que hoy aqueja a nuestro vecino suramericano.
La petición - asunto que goza de mi total beneplácito - se identifica más con el propósito de una verdadera neutralidad en el ámbito nacional que aquel proyecto amorfo, desfasado y vergonzoso, que patrocinaron, entre otros, el ministro Winston Spadafora, el embajador norteamericano Simón Ferro y el secretario adjunto de Estado Peter Romero.
En uno de mis escritos semanales en este mismo diario (Seguridad Peligrosa, 14 de mayo de 2000) citaba las palabras del Premier y que pronunciara hace pocos meses durante una reunión del Club Rotario. Entre las cosas que destacó la más importante - a mi entender - era que la República de Panamá, luego de la transferencia del Canal, había asumido finalmente su total responsabilidad soberana, agregando que la vía interoceánica es el centro de la actividad nacional y que el mundo anhela la neutralidad de la misma.
Luego que el Gobierno rechazara recientemente esa propuesta deshonrosa para implantar un acuerdo de fuerzas visitantes con los Estados Unidos de América, pensé que el tema era caso cerrado. Me equivoqué. El peligro sigue latente, gracias a las diligencias locales y las presiones foráneas sobre la cuestión que nos ocupa.
La respuesta a dicha negativa no se hizo esperar. Durante el fin de semana recién pasado un grupo de desconocidos - Carlos Barés, director de la Policía Nacional, dijo que pudieron haber sido guerrilleros, bandoleros, paramilitares o malandrines armados - se enfrentaron con agentes fronterizos panameños en el sector del río Tupisa en Darién.
Lo interesante del asunto es que cada vez que la República de Panamá niega a los Estados Unidos de América establecer un pie de fuerza en nuestro país - banal pretexto para iniciar una especie de guerra santa contra las drogas en Colombia - se producen estas esporádicas balaceras y brotes de angustia que perturban el sosiego de la sociedad en general.
Demás está decir que me identifico plenamente con el editorial que publicara El Universal el pasado 7 de agosto respecto al tema que nos ocupa. No sé cuando entenderán que el flagelo en referencia no se combate a tiros, sino con una política combinada y que involucra, tanto la disminución del consumo dentro de las sociedades ricas, como el mejoramiento socioeconómico de los moradores en las regiones de producción.
La injerencia militar norteamericana en Latinoamérica sólo puede evocar malos recuerdos y que van, desde las dos dinastías Somoza, esas aberraciones caribeñas, las guerras en Guatemala y El Salvador, los 21 años de tolerancia cómplice a esa corrupta casta policial que mantuvo cautiva a la República de Panamá, hasta las dictaduras castrenses del Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil - entre otros - y cuyos tiranos fueron forjados, pulidos y educados en la tristemente célebre Escuela de las Américas en Colón.
Si la República de Colombia y los Estados Unidos de América desean resolver este problema a balazos, entonces que procedan ellos con su errada actitud, pero que no conviertan nuestro país en otro apéndice de una conflagración absurda, improductiva y cuya conclusión resulta difícil predecir.
La República de Panamá necesita generar trabajo para superar la delicada crisis donde se encuentra. Si la sociedad civil norteamericana - la parte noble de ese gran pueblo - está dispuesta a cooperar con nuestro desarrollo, entonces bienvenidos sean a suelo istmeño para así forjar un escudo de bienestar social y repeler el foco de infección donde se engendró el mal que hoy aqueja a nuestro vecino suramericano.
