Sobre canales y referéndums
El 17 de noviembre apareció en la portada de este diario una recomendación de Eduardo Valdés Escoffery -magistrado del Tribunal Electoral- que comparto plenamente.
Bajo el título de Ampliación del Canal iría a referéndum en el 2004 el alto funcionario propone que la consulta popular, requerida por la Constitución Nacional para llevar a cabo la expansión de la vía interoceánica, coincida con las próximas elecciones generales que se realizarán en la República de Panamá el primer domingo de mayo de dicho año.
Antes de presentar al lector los puntos de coincidencia que sostengo con el licenciado Valdés, y con el ánimo exclusivo de citar lo que nuestra Carta Magna dispone sobre tan importante asunto, reproduzco parte del Título XV, Capítulo 1, Disposiciones Finales, Artículo 319, y que dice textualmente lo siguiente:
"Los tratados o convenios internacionales que celebre el Organo Ejecutivo sobre el Canal de esclusas, su zona adyacente y la protección de dicho Canal a nivel del mar o de un tercer juego de esclusas, deberán ser aprobados por el Organo Ejecutivo, y luego de su aprobación serán sometidos a referéndum nacional, que no podrá celebrarse antes de los tres meses siguientes a la aprobación legislativa".
"Ninguna enmienda, reserva o entendimiento que se refiera a dichos tratados o convenios tendrá validez sino cumple con los requisitos del inciso anterior".
"Esta disposición se aplicará también a cualquier contrato que celebre el Organo Ejecutivo con alguna empresa o empresas particulares o pertenecientes a otro Estado o Estados, sobre la construcción de un Canal a nivel del mar o de un tercer juego de esclusas".
La esencia del documento Aporte Para Un Consenso Nacional Sobre el Futuro del Canal que recién entregamos, tanto a los presidentes de los partidos políticos como a altos representantes de la sociedad panameña, no persigue otra cosa que elevar la discusión de este asunto a la categoría de tema de Estado y comprometer que el dictamen que surja, producto del referéndum que la ley establece para tal fin, sea acatado fielmente por los gobiernos venideros.
Por tal motivo, y en vista de que todos los estudios pertinentes estarán listos para finales del año 2002 - asunto que permitirá la difusión, el debate, los análisis y la discusión de los mismos durante los 12 meses siguientes a su entrega pública - tiene todo el sentido del mundo hacer que el referéndum sobre tan importante materia y las elecciones generales coincidan ese mismo domingo de mayo del año 2004.
La tesis de que dicha consulta sobre el Canal y su futuro se pudiera contaminar si el voto se torna premio o castigo para la presente administración se desvanece - a mi juicio - siempre y cuando el actual Gobierno, al igual que la ACP como entidad del Estado panameño, mantengan la imparcialidad y prudencia que esta trascendental situación ameritan.
De la misma manera, los candidatos que aspiren a ocupar la presidencia de la República para el período venidero deberán hacer público su compromiso de respetar el fallo que emane de la consulta en referencia. Si bien es cierto que como ciudadanos tienen todo el derecho de tener una posición respecto al asunto que nos ocupa la misma - por obvias razones - no debiera tornarse en bandera de campaña ni tema donde sustentar costosas cruzadas publicitarias.
Esta decisión - sin duda alguna la más importante que tendremos que tomar durante el siglo que recién empieza - comprometerá, para bien o para mal, el futuro del país y su gente. Seamos serios frente a esta gran responsabilidad que, al final del día, tendrá repercusiones sobre todos los que aquí habitamos.
Bajo el título de Ampliación del Canal iría a referéndum en el 2004 el alto funcionario propone que la consulta popular, requerida por la Constitución Nacional para llevar a cabo la expansión de la vía interoceánica, coincida con las próximas elecciones generales que se realizarán en la República de Panamá el primer domingo de mayo de dicho año.
Antes de presentar al lector los puntos de coincidencia que sostengo con el licenciado Valdés, y con el ánimo exclusivo de citar lo que nuestra Carta Magna dispone sobre tan importante asunto, reproduzco parte del Título XV, Capítulo 1, Disposiciones Finales, Artículo 319, y que dice textualmente lo siguiente:
"Los tratados o convenios internacionales que celebre el Organo Ejecutivo sobre el Canal de esclusas, su zona adyacente y la protección de dicho Canal a nivel del mar o de un tercer juego de esclusas, deberán ser aprobados por el Organo Ejecutivo, y luego de su aprobación serán sometidos a referéndum nacional, que no podrá celebrarse antes de los tres meses siguientes a la aprobación legislativa".
"Ninguna enmienda, reserva o entendimiento que se refiera a dichos tratados o convenios tendrá validez sino cumple con los requisitos del inciso anterior".
"Esta disposición se aplicará también a cualquier contrato que celebre el Organo Ejecutivo con alguna empresa o empresas particulares o pertenecientes a otro Estado o Estados, sobre la construcción de un Canal a nivel del mar o de un tercer juego de esclusas".
La esencia del documento Aporte Para Un Consenso Nacional Sobre el Futuro del Canal que recién entregamos, tanto a los presidentes de los partidos políticos como a altos representantes de la sociedad panameña, no persigue otra cosa que elevar la discusión de este asunto a la categoría de tema de Estado y comprometer que el dictamen que surja, producto del referéndum que la ley establece para tal fin, sea acatado fielmente por los gobiernos venideros.
Por tal motivo, y en vista de que todos los estudios pertinentes estarán listos para finales del año 2002 - asunto que permitirá la difusión, el debate, los análisis y la discusión de los mismos durante los 12 meses siguientes a su entrega pública - tiene todo el sentido del mundo hacer que el referéndum sobre tan importante materia y las elecciones generales coincidan ese mismo domingo de mayo del año 2004.
La tesis de que dicha consulta sobre el Canal y su futuro se pudiera contaminar si el voto se torna premio o castigo para la presente administración se desvanece - a mi juicio - siempre y cuando el actual Gobierno, al igual que la ACP como entidad del Estado panameño, mantengan la imparcialidad y prudencia que esta trascendental situación ameritan.
De la misma manera, los candidatos que aspiren a ocupar la presidencia de la República para el período venidero deberán hacer público su compromiso de respetar el fallo que emane de la consulta en referencia. Si bien es cierto que como ciudadanos tienen todo el derecho de tener una posición respecto al asunto que nos ocupa la misma - por obvias razones - no debiera tornarse en bandera de campaña ni tema donde sustentar costosas cruzadas publicitarias.
Esta decisión - sin duda alguna la más importante que tendremos que tomar durante el siglo que recién empieza - comprometerá, para bien o para mal, el futuro del país y su gente. Seamos serios frente a esta gran responsabilidad que, al final del día, tendrá repercusiones sobre todos los que aquí habitamos.
