Sobre derechos posesorios
Desde siempre el Estado ha promovido que la tierra sea aprovechada, por lo cual los derechos posesorios sobre ciertas tierras estatales -tituladas o no- son convertidos en derechos de propiedad, debidamente inscritos en el Registro Público. El problema es que cada gobierno lo hace con diferentes grados de entusiasmo. En esta ocasión tenemos un mandatario que en campaña prometió titular masivamente en forma gratuita, pero cuyo gobierno ahora pretende cumplir parcialmente esa promesa a través de un régimen que discrimina entre titulación gratuita y onerosa.
Justifican tal discriminación en dos elementos. El primero es que el gobierno requiere de mayores fondos para financiar sus operaciones e inversiones. Hay al menos tres problemas con esa figura: es contraria a la promesa electoral; no toma en consideración el mandato constitucional de que el Estado fomente el aprovechamiento óptimo de la tierra; y tampoco reconoce que muchos de esos derechos posesorios han sido objeto de compraventas lícitas y de buena fe, lo que estaría forzando a un comprador a pagar dos veces por la misma parcela de tierra.
La otra razón que se alega para discriminar es que, dicen los promotores de la nueva regulación, existen especuladores y acaparadores de tierras. Un problema con utilizar esta excusa para cobrar es que inevitablemente causará que algunos paguen injustamente. Otro problema es que será difícil definir quién califica como tal y dejarle esa discreción a funcionarios públicos podría ser foco de gran corrupción. Al final, ¿y qué si son especuladores y acaparadores? Si se les titula, inclusive a un precio nominal o que tome en consideración lo que ya pagaron, al menos las tierras serán incorporadas al desarrollo del país, que es el objeto deseado. Si no, las tierras permanecerán subutilizadas, con muy pocos beneficios para la Nación.
