Sobre el déficit del Gobierno y el Canal
En declaraciones que me publicaron los medios el 3 de febrero, advertí que por diversas fuentes nacionales e internacionales había sabido que el Gobierno podría tratar de encubrir el hecho de que el déficit presupuestario para el año pasado había violado el límite superior permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (2% del Producto Interno Bruto), posiblemente duplicándolo. Y que trataría de encubrir este hecho consolidando contablemente los resultados de las operaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con los resultados del Sector Público No Financiero, en detrimento de la integridad institucional de la ACP. Las respuestas de diferentes voceros del Gobierno y del oficialismo fueron imprecisas y hasta falsas, varias de ellas acompañadas de expresiones de irrespeto personal, como si el tema no fuera un tema válido para la discusión pública, sino más bien un secreto reservado a los poderosos y privilegiados del momento. Por ello caben algunos comentarios sobre el tema, en la esperanza contra la esperanza de que al último momento el Gobierno recapacite y evite otro serio error.
1. No es verdad que dicha consolidación se haya practicado en el pasado como afirmó un alto funcionario del MEF. En "el Balance del Sector Público No Financiero para el período del 1 de enero al 31 de diciembre", del 2000 y del 2001, no se incluyeron los resultados de la ACP. Para el 2002 se tendría la intención de consolidarlos con los resultados del Sector Público No Financiero del Gobierno. Este cambio no es una simple modificación en la presentación de estadísticas, como argumentan personeros del oficialismo, sino un cambio sustancial en la contabilidad de las finanzas públicas, con todo lo que ello implica.
2. Basta leer el Título XIV sobre "El Canal de Panamá" de nuestra Constitución para calibrar la autonomía que la reforma constitucional quiso otorgarle a la ACP, especialmente en el área financiera (artículo 314 de la Constitución). La Constitución establece, por ejemplo, que la ACP "es patrimonio inalienable de la Nación", que le "corresponderá privativamente la administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento y modernización del Canal de Panamá y sus actividades conexas", que tendrá una planificación y administración financiera trienal (única en el Estado panameño), que su presupuesto anual "no formará parte del Presupuesto General del Estado", que lo presentará directamente al Gabinete en vez de que sea presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que en su caso la Contraloría sólo podrá ejercer un control posterior y no el control previo y que, según su Reglamento de Finanzas (Acuerdo no.9 del 19 de abril de 1999, art. 36) dicho presupuesto tiene fechas de inicio y de terminación diferentes a las del Presupuesto del Estado. Mientras la contabilidad del Estado panameño es la más rudimentaria contabilidad de efectivo, la de la ACP es la más desarrollada contabilidad de devengado, como debe ser para una empresa a fin de que pueda obtener la certificación de sus estados financieros de parte de auditores independientes. Además, la ACP excluye el derecho a huelga, puesto que la Constitución prescribe que debe funcionar continuamente y le otorga la potestad de reglamentar ella misma las leyes de normas de carácter general que son las únicas que la Asamblea puede aprobar con respecto a ella. Se trata de una autonomía extraordinaria y única por la importancia vital y central del Canal para nuestra nación y por nuestra propia conciencia de que sin precauciones drásticas nuestra cultura política, tradicional y turbia, terminará por politizar malamente a la ACP.
3. ¿Qué indicaciones hay de que el déficit del Sector Público No Financiero haya sobrepasado el 2% legalmente permitido y que, por ello, se intente la consolidación antes mencionada?
Primero, hasta septiembre del 2002 el déficit era de B/603.5 millones.
Segundo, cabe destacar que, mientras al mes de noviembre del 2002 los ingresos del Estado habían disminuido 10% con respecto al mismo período del año anterior, el renglón de salarios aumentó 6.7% en el 2002 con respecto al 2001.
Tercero, la situación se ha hecho más aguda desde el momento en que la inclusión de los resultados de las operaciones de la Caja de Seguro Social, que normalmente aportaban un superávit al sector de las Finanzas Públicas No Financieras, aportaron este año un déficit que se añadió a las otras fuentes de déficit.
Cuarto, el Gobierno ha retrasado la entrega del informe financiero sobre el déficit correspondiente tanto para el tercer trimestre del 2002 como para todo el año 2002.
Quinto, el reputado banco de inversiones Crédit Suisse calcula que el déficit fiscal de Panamá para el 2002 estaría entre 3.9% y 4.1% (La Prensa, 5 de feb., p. 31A).
Sexto, la economista de la oficina panameña de la firma Arden & Price Luisa Turolla, analizaba la situación en los siguientes términos según informó La Prensa (15 de enero) : "La economista ... indicó que el Gobierno ha estado trabajando activamente en las últimas semanas para ajustar el déficit fiscal a una cifra conveniente y tratar de cumplir con la ley. Sostuvo que el Gobierno cuenta con herramientas contables para correr las cuentas por pagar del 2002 para el 2003, con el fin de cerrar el año con un déficit aceptable. "Sabemos que el Gobierno tiene un trabajo muy complicado, porque cuando se distancia mucho el déficit es difícil manejarlo con un tope", resaltó Turolla.
Manifestó que el problema del déficit es la razón por la cual el MEF se demora en publicar las cifras económicas... Señaló también que el manejo de las cifras de cierre de año a través del atraso de los pagos de las obras contratadas no es más que pasar el problema de un año para otro. "Eso es lo que llamamos medidas no ortodoxas La medida efectiva para controlar el problema del déficit está en tratar de reducir los gastos de funcionamiento del Gobierno y aumentar los ingresos", dijo la economista.
Séptimo, los economistas de INDESA, la más antigua y experimentada firma panameña independiente de asesoría económica, en varias oportunidades pronosticaron un inusitado aumento del déficit. No sorprendería, por lo tanto, en lo más mínimo que, si dijera la verdad, el Gobierno tuviera que reconocer que ha sobrepasado el déficit legalmente permitido y posiblemente que lo ha duplicado.
4. ¿Por qué trataría el Gobierno de encubrirlo? Cada vez que el Gobierno hace una transacción financiera con un agente externo, este exige de la Procuraduría de la Administración una confirmación de que la transacción se ajusta a las leyes panameñas y en caso de la contratación de préstamos la Procuradora de la Administración exige del MEF un certificado de que no se ha violado el límite del déficit del 2% del PIB. Si el MEF hubiera dado este certificado sin ajustarse a la verdad, sus altos funcionarios serían culpables de un delito punible por ley. Esta podría ser una razón para el encubrimiento, además del deseo político del oficialismo de negar el desastre económico y financiero al que ha llevado al país.
5. El daño que se le causa así a la Autoridad del Canal de Panamá es evidente y grave. Se rebaja su autonomía a la de cualquier ente autónomo, tal la Caja de Seguro Social, que muchas veces sirve de prestamista obligado del Gobierno Central. Una vez que se dé el primer paso en dicha dirección, es de temer que se siga erosionando la autonomía de la ACP, lo que sería funesto para mantenerla al margen de una indebida politización. El nombramiento de 40 funcionarios por el pasado Ministro del Canal, que en realidad era únicamente el Presidente de la Junta Directiva de la ACP con rango de Ministro, y su despido de un día para otro por su sustituto responden a la politiquería más nociva. La politización ya busca infiltrarse en la ACP. Peor aún, para la ACP obtener una evaluación crediticia más favorable que la del Gobierno Central es de por sí difícil y la consolidación de sus resultados con los del Sector Público No Financiero lo hace más difícil todavía, lo que podría encarecer la expansión del Canal y hacerla financieramente inviable.
En un aparente desespero por justificar el encubrimiento de la violación del déficit permitido, el oficialismo ha recurrido a la opinión de un representante del Fondo Monetario Internacional (probablemente ignorante de nuestra Constitución y de nuestra cultura política), cual discípulo obediente que fundamenta su acción en el librito de su maestro. Pero se olvida que el maestro también enseña que "el ranking que pueda tener una institución dependerá únicamente de su manejo financiero y operativo". Y somos nosotros los panameños y no ningún funcionario de las IFIS quienes hemos de decidir como garantizar el mejor manejo de nuestro Canal y cómo protegerlo de nuestros propios errores y antivalores, tal que lo hemos hecho otorgándole una autonomía extraordinaria y única a la ACP.
¿Será mucho esperar que el país sepa la opinión de la Junta Directiva y de los más altos funcionarios de la Autoridad del Canal sobre este tema y que, conscientes de su responsabilidad constitucional e histórica ante el país, tomen alguna iniciativa sopesada ante el Ministro de Economía y Finanzas y si es necesario ante la Presidenta de la República, para que se evite este doble daño a la Autoridad del Canal de Panamá y, en consecuencia a los intereses fundamentales de nuestra nación y de nuestro pueblo?
(ariyan@sinfo.net)
1. No es verdad que dicha consolidación se haya practicado en el pasado como afirmó un alto funcionario del MEF. En "el Balance del Sector Público No Financiero para el período del 1 de enero al 31 de diciembre", del 2000 y del 2001, no se incluyeron los resultados de la ACP. Para el 2002 se tendría la intención de consolidarlos con los resultados del Sector Público No Financiero del Gobierno. Este cambio no es una simple modificación en la presentación de estadísticas, como argumentan personeros del oficialismo, sino un cambio sustancial en la contabilidad de las finanzas públicas, con todo lo que ello implica.
2. Basta leer el Título XIV sobre "El Canal de Panamá" de nuestra Constitución para calibrar la autonomía que la reforma constitucional quiso otorgarle a la ACP, especialmente en el área financiera (artículo 314 de la Constitución). La Constitución establece, por ejemplo, que la ACP "es patrimonio inalienable de la Nación", que le "corresponderá privativamente la administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento y modernización del Canal de Panamá y sus actividades conexas", que tendrá una planificación y administración financiera trienal (única en el Estado panameño), que su presupuesto anual "no formará parte del Presupuesto General del Estado", que lo presentará directamente al Gabinete en vez de que sea presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que en su caso la Contraloría sólo podrá ejercer un control posterior y no el control previo y que, según su Reglamento de Finanzas (Acuerdo no.9 del 19 de abril de 1999, art. 36) dicho presupuesto tiene fechas de inicio y de terminación diferentes a las del Presupuesto del Estado. Mientras la contabilidad del Estado panameño es la más rudimentaria contabilidad de efectivo, la de la ACP es la más desarrollada contabilidad de devengado, como debe ser para una empresa a fin de que pueda obtener la certificación de sus estados financieros de parte de auditores independientes. Además, la ACP excluye el derecho a huelga, puesto que la Constitución prescribe que debe funcionar continuamente y le otorga la potestad de reglamentar ella misma las leyes de normas de carácter general que son las únicas que la Asamblea puede aprobar con respecto a ella. Se trata de una autonomía extraordinaria y única por la importancia vital y central del Canal para nuestra nación y por nuestra propia conciencia de que sin precauciones drásticas nuestra cultura política, tradicional y turbia, terminará por politizar malamente a la ACP.
3. ¿Qué indicaciones hay de que el déficit del Sector Público No Financiero haya sobrepasado el 2% legalmente permitido y que, por ello, se intente la consolidación antes mencionada?
Primero, hasta septiembre del 2002 el déficit era de B/603.5 millones.
Segundo, cabe destacar que, mientras al mes de noviembre del 2002 los ingresos del Estado habían disminuido 10% con respecto al mismo período del año anterior, el renglón de salarios aumentó 6.7% en el 2002 con respecto al 2001.
Tercero, la situación se ha hecho más aguda desde el momento en que la inclusión de los resultados de las operaciones de la Caja de Seguro Social, que normalmente aportaban un superávit al sector de las Finanzas Públicas No Financieras, aportaron este año un déficit que se añadió a las otras fuentes de déficit.
Cuarto, el Gobierno ha retrasado la entrega del informe financiero sobre el déficit correspondiente tanto para el tercer trimestre del 2002 como para todo el año 2002.
Quinto, el reputado banco de inversiones Crédit Suisse calcula que el déficit fiscal de Panamá para el 2002 estaría entre 3.9% y 4.1% (La Prensa, 5 de feb., p. 31A).
Sexto, la economista de la oficina panameña de la firma Arden & Price Luisa Turolla, analizaba la situación en los siguientes términos según informó La Prensa (15 de enero) : "La economista ... indicó que el Gobierno ha estado trabajando activamente en las últimas semanas para ajustar el déficit fiscal a una cifra conveniente y tratar de cumplir con la ley. Sostuvo que el Gobierno cuenta con herramientas contables para correr las cuentas por pagar del 2002 para el 2003, con el fin de cerrar el año con un déficit aceptable. "Sabemos que el Gobierno tiene un trabajo muy complicado, porque cuando se distancia mucho el déficit es difícil manejarlo con un tope", resaltó Turolla.
Manifestó que el problema del déficit es la razón por la cual el MEF se demora en publicar las cifras económicas... Señaló también que el manejo de las cifras de cierre de año a través del atraso de los pagos de las obras contratadas no es más que pasar el problema de un año para otro. "Eso es lo que llamamos medidas no ortodoxas La medida efectiva para controlar el problema del déficit está en tratar de reducir los gastos de funcionamiento del Gobierno y aumentar los ingresos", dijo la economista.
Séptimo, los economistas de INDESA, la más antigua y experimentada firma panameña independiente de asesoría económica, en varias oportunidades pronosticaron un inusitado aumento del déficit. No sorprendería, por lo tanto, en lo más mínimo que, si dijera la verdad, el Gobierno tuviera que reconocer que ha sobrepasado el déficit legalmente permitido y posiblemente que lo ha duplicado.
4. ¿Por qué trataría el Gobierno de encubrirlo? Cada vez que el Gobierno hace una transacción financiera con un agente externo, este exige de la Procuraduría de la Administración una confirmación de que la transacción se ajusta a las leyes panameñas y en caso de la contratación de préstamos la Procuradora de la Administración exige del MEF un certificado de que no se ha violado el límite del déficit del 2% del PIB. Si el MEF hubiera dado este certificado sin ajustarse a la verdad, sus altos funcionarios serían culpables de un delito punible por ley. Esta podría ser una razón para el encubrimiento, además del deseo político del oficialismo de negar el desastre económico y financiero al que ha llevado al país.
5. El daño que se le causa así a la Autoridad del Canal de Panamá es evidente y grave. Se rebaja su autonomía a la de cualquier ente autónomo, tal la Caja de Seguro Social, que muchas veces sirve de prestamista obligado del Gobierno Central. Una vez que se dé el primer paso en dicha dirección, es de temer que se siga erosionando la autonomía de la ACP, lo que sería funesto para mantenerla al margen de una indebida politización. El nombramiento de 40 funcionarios por el pasado Ministro del Canal, que en realidad era únicamente el Presidente de la Junta Directiva de la ACP con rango de Ministro, y su despido de un día para otro por su sustituto responden a la politiquería más nociva. La politización ya busca infiltrarse en la ACP. Peor aún, para la ACP obtener una evaluación crediticia más favorable que la del Gobierno Central es de por sí difícil y la consolidación de sus resultados con los del Sector Público No Financiero lo hace más difícil todavía, lo que podría encarecer la expansión del Canal y hacerla financieramente inviable.
En un aparente desespero por justificar el encubrimiento de la violación del déficit permitido, el oficialismo ha recurrido a la opinión de un representante del Fondo Monetario Internacional (probablemente ignorante de nuestra Constitución y de nuestra cultura política), cual discípulo obediente que fundamenta su acción en el librito de su maestro. Pero se olvida que el maestro también enseña que "el ranking que pueda tener una institución dependerá únicamente de su manejo financiero y operativo". Y somos nosotros los panameños y no ningún funcionario de las IFIS quienes hemos de decidir como garantizar el mejor manejo de nuestro Canal y cómo protegerlo de nuestros propios errores y antivalores, tal que lo hemos hecho otorgándole una autonomía extraordinaria y única a la ACP.
¿Será mucho esperar que el país sepa la opinión de la Junta Directiva y de los más altos funcionarios de la Autoridad del Canal sobre este tema y que, conscientes de su responsabilidad constitucional e histórica ante el país, tomen alguna iniciativa sopesada ante el Ministro de Economía y Finanzas y si es necesario ante la Presidenta de la República, para que se evite este doble daño a la Autoridad del Canal de Panamá y, en consecuencia a los intereses fundamentales de nuestra nación y de nuestro pueblo?
(ariyan@sinfo.net)
