Sobre el Fondo Fiduciario IV
Según el informe de la Comisión de Hacienda Pública, Planificación y Políticas Económicas, la nueva versión del proyecto de ley sobre el Fondo Fiduciario sometida a la consideración en segundo debate en la Asamblea Legislativa disipa las dudas sobre si el gobierno se pretende gastar el capital del Fondo, ya que lo está aumentando a través del aporte de las acciones de Cable & Wireless (Panama), S.A. y de las empresas de generación y distribución eléctrica. A simple vista, puede que sí; pero un análisis más profundo despierta otras inquietudes.
Una de las grandes reservas de la población sobre la propuesta inicial del gobierno de Mireya Moscoso era que implicaba que se gastaran el capital del fondo. Ni siquiera el hecho que pretendían hacerlo en "inversiones sociales" evitó la tormenta de opiniones adversas. Durante los meses siguientes el gobierno y la bancada oficialista en la Asamblea modificaron su propuesta original para producir la actual, la cual invita otras interrogantes.
Por ejemplo, ¿qué gana el Ejecutivo traspasando estas acciones al Fondo? Con las acciones como otro activo más del gobierno, los dividendos que producen se pueden utilizar para cualquier fin, a la entera discreción de los gobernantes de turno. Sin embargo, al traspasarlas al Fondo, el Ejecutivo se limita ya que los dividendos sólo pueden ser utilizados para los fines establecidos en la ley, entre los cuales, por cierto, están las infames partidas circuitales con lo cual los legisladores están una vez más legislando para sí mismos.
Pareciera que el beneficio perseguido por el Ejecutivo con el aporte de las acciones es aumentar los niveles máximos permitidos bajo los nuevos rubros de inversión. Según el nuevo proyecto de ley, sólo se podrá utilizar hasta el 20% del capital para cada uno de esos rubros. Así las cosas, un capital superior permite aumentar el monto en dólares que se puede utilizar para cada rubro. En vista de que el capital en efectivo disponible será en todo caso el mismo (a saber, $1,300 millones), las inversiones del capital del Fondo se podrían concentrar en los rubros que favorece el gobierno. De ser este el caso, no se estaría creando la diversificación requerida para minimizar los riesgos del patrimonio del Fondo.
En adición, el proyecto de ley permite la venta de las acciones de la telefónica y de las empresas eléctricas, la cual generaría efectivo adicional que tentaría el financiamiento inmediato de los proyectos promovidos por el gobierno. Así no se estarían cumpliendo los objetivos de preservar el capital y diversificar los riesgos.
Una de las grandes reservas de la población sobre la propuesta inicial del gobierno de Mireya Moscoso era que implicaba que se gastaran el capital del fondo. Ni siquiera el hecho que pretendían hacerlo en "inversiones sociales" evitó la tormenta de opiniones adversas. Durante los meses siguientes el gobierno y la bancada oficialista en la Asamblea modificaron su propuesta original para producir la actual, la cual invita otras interrogantes.
Por ejemplo, ¿qué gana el Ejecutivo traspasando estas acciones al Fondo? Con las acciones como otro activo más del gobierno, los dividendos que producen se pueden utilizar para cualquier fin, a la entera discreción de los gobernantes de turno. Sin embargo, al traspasarlas al Fondo, el Ejecutivo se limita ya que los dividendos sólo pueden ser utilizados para los fines establecidos en la ley, entre los cuales, por cierto, están las infames partidas circuitales con lo cual los legisladores están una vez más legislando para sí mismos.
Pareciera que el beneficio perseguido por el Ejecutivo con el aporte de las acciones es aumentar los niveles máximos permitidos bajo los nuevos rubros de inversión. Según el nuevo proyecto de ley, sólo se podrá utilizar hasta el 20% del capital para cada uno de esos rubros. Así las cosas, un capital superior permite aumentar el monto en dólares que se puede utilizar para cada rubro. En vista de que el capital en efectivo disponible será en todo caso el mismo (a saber, $1,300 millones), las inversiones del capital del Fondo se podrían concentrar en los rubros que favorece el gobierno. De ser este el caso, no se estaría creando la diversificación requerida para minimizar los riesgos del patrimonio del Fondo.
En adición, el proyecto de ley permite la venta de las acciones de la telefónica y de las empresas eléctricas, la cual generaría efectivo adicional que tentaría el financiamiento inmediato de los proyectos promovidos por el gobierno. Así no se estarían cumpliendo los objetivos de preservar el capital y diversificar los riesgos.
