Sobre el Gobierno de Empresas
Hoy día, más aún después de la ola privatizadora, las empresas son un eslabón sine qua non en el desarrollo económico y social del país. Producen empleo, generan tributos, suplen productos y servicios que nutren a la sociedad y contribuyen con aportes y ahorros que aseguran ingresos para la jubilación de los trabajadores. Ya sea como deudoras bancarias o como participantes en los mercados de capitales, utilizan los ahorros de todos para realizar inversiones. Por lo tanto, la suerte y el comportamiento de las empresas tienen un impacto directo en el bienestar de toda sociedad.
Por todo lo anterior, es imperativo que se cuente con el marco legal y reglamentario que asegure el buen gobierno de las empresas, indistintamente que sean propiedad exclusiva de una persona o familia, para operar una fonda, o que sean propiedad de grupos diversos que negocian sus acciones en los mercados de valores organizados, para llevar a cabo negocios industriales o financieros.
En Panamá, recientemente se legisló extensamente para regular a las empresas que han accesado los mercados de capitales. Dicha legislación está inspirada en principios de transparencia y divulgación que buscan garantizar que los inversionistas cuenten con información veraz, exacta, oportuna y periódica. También pretende proteger a los inversionistas pequeños y minoritarios de suerte que las mayorías no abusen de su posición. En todo lo anterior, los administradores y las juntas directivas o de administración de las empresas tienen responsabilidades claras y penalidades particulares. Pero esos mismos principios son hasta la fecha inaplicables a las empresas cuyos valores no se negocian en los mercados de capitales.
En adición, hay otros principios relacionados con la ética empresarial y con intereses sociales y de medio ambiente que no están recogidos en normativa alguna, pero que igualmente deben incorporarse a los principios que inspiran las actuaciones de las empresas. Quizá la alternativa legislativa no sea viable por lo complejo y subjetivo del tema, pero dada las experiencias recientes al menos los gremios de empresas y empresarios deberían promover mayor énfasis en las áreas donde existen vacíos.
Por todo lo anterior, es imperativo que se cuente con el marco legal y reglamentario que asegure el buen gobierno de las empresas, indistintamente que sean propiedad exclusiva de una persona o familia, para operar una fonda, o que sean propiedad de grupos diversos que negocian sus acciones en los mercados de valores organizados, para llevar a cabo negocios industriales o financieros.
En Panamá, recientemente se legisló extensamente para regular a las empresas que han accesado los mercados de capitales. Dicha legislación está inspirada en principios de transparencia y divulgación que buscan garantizar que los inversionistas cuenten con información veraz, exacta, oportuna y periódica. También pretende proteger a los inversionistas pequeños y minoritarios de suerte que las mayorías no abusen de su posición. En todo lo anterior, los administradores y las juntas directivas o de administración de las empresas tienen responsabilidades claras y penalidades particulares. Pero esos mismos principios son hasta la fecha inaplicables a las empresas cuyos valores no se negocian en los mercados de capitales.
En adición, hay otros principios relacionados con la ética empresarial y con intereses sociales y de medio ambiente que no están recogidos en normativa alguna, pero que igualmente deben incorporarse a los principios que inspiran las actuaciones de las empresas. Quizá la alternativa legislativa no sea viable por lo complejo y subjetivo del tema, pero dada las experiencias recientes al menos los gremios de empresas y empresarios deberían promover mayor énfasis en las áreas donde existen vacíos.
