Sobre gobernabilidad
Considerar que la gobernabilidad sólo es viable cuando el Organo Ejecutivo controla al Legislativo es un error, derivado de una interpretación limitada y equivocada de ese concepto.
Cuando el Organo Ejecutivo, como ha ocurrido durante la presente administración, controla al Organo Legislativo, es cuando la gobernabilidad está en mayor peligro. El control de poder político no es sinónimo de gobernabilidad y de ello son vívido ejemplo los regímenes dictatoriales.
La gobernabilidad depende de otras condiciones, factores y actores, y no es solamente el ejercicio del poder o la función de gobernar. Esta es una versión muy restringida.
La gobernabilidad tiene un significado más amplio; se refiere no sólo al ejercicio del gobierno sino que comprende, además, todas las condiciones necesarias para que la función de gobernar pueda desempeñarse con legitimidad, eficacia y, sobre todo, con respaldo social.
(Reconociendo a los interesados en el tema, el magnífico trabajo de Luciano Tomassini "Estado, Gobernabilidad y Desarrollo", publicado por el BID, en 1993.)
Si la gobernabilidad no está limitada, exclusivamente, al ejercicio del gobierno y si, además, tomamos en cuenta que el gobierno, aparte de los órganos Ejecutivo y Legislativo, también lo integra el Organo Judicial, es obvio que debemos superar las interpretaciones restringidas y prestar atención a todos los elementos y las condiciones políticas y sociales que pueden garantizarla o dificultarla.
En primer lugar, para que haya gobernabilidad debe haber un gobierno legítimo, producto de un ejercicio democrático, libre y transparente. Esa condición la cumplen, tanto el actual gobierno como el que se inaugurará el 1 de septiembre de 1999. Ambos gobiernos fueron elegidos en torneos electorales democráticos, cuyos resultados nadie pone en duda.
En segundo lugar, debe existir un gobierno representativo. Esa condición no la tuvo el actual gobierno, elegido por sólo el 33% de los votantes; pero sí la cumple el que presidirá Mireya Moscoso, elegida por el 45% de los votos.
La representatividad, sin embargo, no es una condición permanente e inalterable y puede variar según el comportamiento del gobierno de que se trate o de los otros actores sociales, para aumentar o disminuir. Si aumenta es bueno para el gobierno y también para el país, pero si disminuye el gobierno se debilita y puede tornarse ineficaz, al no ser un intérprete de las aspiraciones de la comunidad que gobierna.
El gobierno del señor Pérez Balladares es un típico ejemplo de esa situación, como quedó demostrado en el referendo del 30 de agosto de 1998.
En tercer lugar, debe existir respaldo social. La representatividad, sumada a la legitimidad, abren la puerta al respaldo social y mientras más activo sea éste mayor garantía de gobernabilidad.
Traslademos, ahora, toda la explicación precedente al proceso que hemos vivido durante el gobierno Pérez Balladares.
1.Su legitimidad es indiscutible, por cuanto ganó en un torneo electoral, cuyos resultados fueron inobjetables.
2. Su control del poder político, reflejado en su control o influencia sobre los tres órganos del Estado, también es indiscutible.
3. Su porcentaje de aceptación y su representatividad han oscilado. En algunos momentos alcanzó cotas muy superiores a su respaldo electoral, como lo reflejaron algunas encuestas.
Ante esos hechos, la pregunta cae por ley de gravedad: ¿A qué se debe, entonces, que no haya podido gobernar eficazmente el país? La respuesta es sencilla: porque nunca tuvo respaldo social. Como constante, la mayoría de la sociedad no se sintió identificada con su gestión como gobernante.
La señora Moscoso, por su parte, encabezará un gobierno legítimo, más representativo, electoralmente hablando, y que durante su campaña generó un mayor porcentaje de respaldo social.
Pero, como producto del resultado de las elecciones legislativas, tendrá que lidiar con un parlamento controlado por quienes son actualmente gobierno y pasarán a ser la oposición, el 1 de septiembre de 1999.
¿Puede existir gobernabilidad en esas condiciones? La respuesta es que sí.
Ya hemos explicado que la gobernabilidad no se circunscribe a tener o no tener control político de los órganos del Estado y, especialmente, del Legislativo.
La gobernabilidad podrá ser mayor o menor, más difícil o menos difícil, según sea el comportamiento que asuman los tres órganos del Estado. Pensar que sólo dependerá del Organo Legislativo es olvidar la fuerza o influencia que tiene el resto de la sociedad, cuyo concurso es el principal sustento de la gobernabilidad.
Como gobierno legítimo y representativo y, lo que es más importante, con un indiscutible mayor respaldo social, el de la señora Moscoso contará con la fuerza de su compromiso de trabajar para resolver los problemas de los sectores que le dieron el triunfo electoral, o sea, la gran masa de los pobres e irredentos.
Me cuesta imaginar que la bancada mayoritaria de la futura oposición cometa el suicidio político de oponerse a las medidas de un gobierno cuyo principal compromiso, así lo ha reiterado la Presidenta Electa, es atacar la pobreza y el desempleo.
Las medidas impopulares ya las tomó el gobierno actual; al próximo le corresponderá concentrarse en rescatar a los pobres. ¿Cómo podrá oponerse a ese derrotero un partido como el PRD que a estas alturas tiene plena conciencia del precio político que ha pagado?
No preveo que por obcecación, los sectores que ahora gobiernan puedan caer en la insensatez.
Desde luego, mantener un clima de gobernabilidad no será fácil, pero está muy lejos de ser imposible.
La futura oposición, a estas alturas, debe tener plena conciencia del riesgo que correría si se empeña en llevar al país a una crisis entre los poderes del Estado, pues la presión social se volcará en su contra.
Cuando el Organo Ejecutivo, como ha ocurrido durante la presente administración, controla al Organo Legislativo, es cuando la gobernabilidad está en mayor peligro. El control de poder político no es sinónimo de gobernabilidad y de ello son vívido ejemplo los regímenes dictatoriales.
La gobernabilidad depende de otras condiciones, factores y actores, y no es solamente el ejercicio del poder o la función de gobernar. Esta es una versión muy restringida.
La gobernabilidad tiene un significado más amplio; se refiere no sólo al ejercicio del gobierno sino que comprende, además, todas las condiciones necesarias para que la función de gobernar pueda desempeñarse con legitimidad, eficacia y, sobre todo, con respaldo social.
(Reconociendo a los interesados en el tema, el magnífico trabajo de Luciano Tomassini "Estado, Gobernabilidad y Desarrollo", publicado por el BID, en 1993.)
Si la gobernabilidad no está limitada, exclusivamente, al ejercicio del gobierno y si, además, tomamos en cuenta que el gobierno, aparte de los órganos Ejecutivo y Legislativo, también lo integra el Organo Judicial, es obvio que debemos superar las interpretaciones restringidas y prestar atención a todos los elementos y las condiciones políticas y sociales que pueden garantizarla o dificultarla.
En primer lugar, para que haya gobernabilidad debe haber un gobierno legítimo, producto de un ejercicio democrático, libre y transparente. Esa condición la cumplen, tanto el actual gobierno como el que se inaugurará el 1 de septiembre de 1999. Ambos gobiernos fueron elegidos en torneos electorales democráticos, cuyos resultados nadie pone en duda.
En segundo lugar, debe existir un gobierno representativo. Esa condición no la tuvo el actual gobierno, elegido por sólo el 33% de los votantes; pero sí la cumple el que presidirá Mireya Moscoso, elegida por el 45% de los votos.
La representatividad, sin embargo, no es una condición permanente e inalterable y puede variar según el comportamiento del gobierno de que se trate o de los otros actores sociales, para aumentar o disminuir. Si aumenta es bueno para el gobierno y también para el país, pero si disminuye el gobierno se debilita y puede tornarse ineficaz, al no ser un intérprete de las aspiraciones de la comunidad que gobierna.
El gobierno del señor Pérez Balladares es un típico ejemplo de esa situación, como quedó demostrado en el referendo del 30 de agosto de 1998.
En tercer lugar, debe existir respaldo social. La representatividad, sumada a la legitimidad, abren la puerta al respaldo social y mientras más activo sea éste mayor garantía de gobernabilidad.
Traslademos, ahora, toda la explicación precedente al proceso que hemos vivido durante el gobierno Pérez Balladares.
1.Su legitimidad es indiscutible, por cuanto ganó en un torneo electoral, cuyos resultados fueron inobjetables.
2. Su control del poder político, reflejado en su control o influencia sobre los tres órganos del Estado, también es indiscutible.
3. Su porcentaje de aceptación y su representatividad han oscilado. En algunos momentos alcanzó cotas muy superiores a su respaldo electoral, como lo reflejaron algunas encuestas.
Ante esos hechos, la pregunta cae por ley de gravedad: ¿A qué se debe, entonces, que no haya podido gobernar eficazmente el país? La respuesta es sencilla: porque nunca tuvo respaldo social. Como constante, la mayoría de la sociedad no se sintió identificada con su gestión como gobernante.
La señora Moscoso, por su parte, encabezará un gobierno legítimo, más representativo, electoralmente hablando, y que durante su campaña generó un mayor porcentaje de respaldo social.
Pero, como producto del resultado de las elecciones legislativas, tendrá que lidiar con un parlamento controlado por quienes son actualmente gobierno y pasarán a ser la oposición, el 1 de septiembre de 1999.
¿Puede existir gobernabilidad en esas condiciones? La respuesta es que sí.
Ya hemos explicado que la gobernabilidad no se circunscribe a tener o no tener control político de los órganos del Estado y, especialmente, del Legislativo.
La gobernabilidad podrá ser mayor o menor, más difícil o menos difícil, según sea el comportamiento que asuman los tres órganos del Estado. Pensar que sólo dependerá del Organo Legislativo es olvidar la fuerza o influencia que tiene el resto de la sociedad, cuyo concurso es el principal sustento de la gobernabilidad.
Como gobierno legítimo y representativo y, lo que es más importante, con un indiscutible mayor respaldo social, el de la señora Moscoso contará con la fuerza de su compromiso de trabajar para resolver los problemas de los sectores que le dieron el triunfo electoral, o sea, la gran masa de los pobres e irredentos.
Me cuesta imaginar que la bancada mayoritaria de la futura oposición cometa el suicidio político de oponerse a las medidas de un gobierno cuyo principal compromiso, así lo ha reiterado la Presidenta Electa, es atacar la pobreza y el desempleo.
Las medidas impopulares ya las tomó el gobierno actual; al próximo le corresponderá concentrarse en rescatar a los pobres. ¿Cómo podrá oponerse a ese derrotero un partido como el PRD que a estas alturas tiene plena conciencia del precio político que ha pagado?
No preveo que por obcecación, los sectores que ahora gobiernan puedan caer en la insensatez.
Desde luego, mantener un clima de gobernabilidad no será fácil, pero está muy lejos de ser imposible.
La futura oposición, a estas alturas, debe tener plena conciencia del riesgo que correría si se empeña en llevar al país a una crisis entre los poderes del Estado, pues la presión social se volcará en su contra.
