Sobre la consolidación
El problema no es tanto la inclusión de las cifras de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) junto a las del sector no financiero del Estado. En principio, puede verse como una medida contable para reflejar una fotografía más completa de la situación financiera estatal en su integridad. La cuestión está en hacerlo, por primera vez, sin la usual separación y advertencias que explican la medida, lo cual ha dejado un sinsabor colectivo, tanto aquí como en el exterior.
La Ley de Responsabilidad Fiscal de mayo del año pasado, que impone un máximo de 2% en el déficit fiscal, fue el producto del Diálogo Nacional para la Reactivación Económica. Indistintamente de que se haya o no incluido a la ACP en las cifras que se analizaron y discutieron para convenir ese tope, lo cual es perfectamente verificable en las actas de la mesa del diálogo y del debate en la Asamblea, lo cierto es que de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal el Sector Público No Financiero está compuesto "por el Gobierno Central más las empresas públicas no financieras, según la metodología utilizada en el cálculo del balance fiscal por la República de Panamá, en acuerdo con las instituciones financieras internacionales." Por lo tanto, si obviando las particularidades constitucionales e inherentes a su propia naturaleza, las IFI"s requieren que se incluya la ACP; entonces, para efectos de determinar el 2%, hay que tomar en consideración los resultados de ésta.
Aún en ese caso y aceptado el cumplimiento de la ley, no se podrá esconder el déficit del Gobierno Central como tal, que en el 2002 superó el 4%, el cual, por cierto, es un aumento en relación con el 2.6% que mantenía cuando se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ni las IFI"s ni el resto de los acreedores del Estado, extranjeros o nacionales, dará mayor peso al cumplimiento formal de la norma porque todos ellos saben cómo segregar las cifras para analizarlas independientemente. Se percatarán que los gastos corrientes del Gobierno Central continúan aumentando. Igualmente les preocupará los déficit en la Caja de Seguro Social, porque allá también se han incrementado los gastos y se ha irresponsablemente evitado enfrentar su problemática anunciada y harto conocida. Además, todos saben que de acuerdo a la Constitución y la ley los excedentes de la ACP que permiten reducir el déficit no están disponibles para que el Gobierno los utilice a su antojo.
Con esta realidad, difícilmente podrá el Gobierno alcanzar el grado de inversión y así reducir el elevado costo de la deuda. La falta de transparencia no está en la consolidación sino en la demora del Gobierno para implementar una medida que convino en 1997 y en adoptarla en el preciso momento en que se aspiraba algo de responsabilidad fiscal.
(raulleisr@hotmail.com)
La Ley de Responsabilidad Fiscal de mayo del año pasado, que impone un máximo de 2% en el déficit fiscal, fue el producto del Diálogo Nacional para la Reactivación Económica. Indistintamente de que se haya o no incluido a la ACP en las cifras que se analizaron y discutieron para convenir ese tope, lo cual es perfectamente verificable en las actas de la mesa del diálogo y del debate en la Asamblea, lo cierto es que de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal el Sector Público No Financiero está compuesto "por el Gobierno Central más las empresas públicas no financieras, según la metodología utilizada en el cálculo del balance fiscal por la República de Panamá, en acuerdo con las instituciones financieras internacionales." Por lo tanto, si obviando las particularidades constitucionales e inherentes a su propia naturaleza, las IFI"s requieren que se incluya la ACP; entonces, para efectos de determinar el 2%, hay que tomar en consideración los resultados de ésta.
Aún en ese caso y aceptado el cumplimiento de la ley, no se podrá esconder el déficit del Gobierno Central como tal, que en el 2002 superó el 4%, el cual, por cierto, es un aumento en relación con el 2.6% que mantenía cuando se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ni las IFI"s ni el resto de los acreedores del Estado, extranjeros o nacionales, dará mayor peso al cumplimiento formal de la norma porque todos ellos saben cómo segregar las cifras para analizarlas independientemente. Se percatarán que los gastos corrientes del Gobierno Central continúan aumentando. Igualmente les preocupará los déficit en la Caja de Seguro Social, porque allá también se han incrementado los gastos y se ha irresponsablemente evitado enfrentar su problemática anunciada y harto conocida. Además, todos saben que de acuerdo a la Constitución y la ley los excedentes de la ACP que permiten reducir el déficit no están disponibles para que el Gobierno los utilice a su antojo.
Con esta realidad, difícilmente podrá el Gobierno alcanzar el grado de inversión y así reducir el elevado costo de la deuda. La falta de transparencia no está en la consolidación sino en la demora del Gobierno para implementar una medida que convino en 1997 y en adoptarla en el preciso momento en que se aspiraba algo de responsabilidad fiscal.
(raulleisr@hotmail.com)
