Sobre la designación de los magistrados
EN PANAMÁ, teóricamente, según lo dispone el artículo 203 de la Constitución, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son nombrados mediante un proceso de dos instancias: en la primera, el Organo Ejecutivo, por acuerdo del Consejo de Gabinete (integrado por el presidente, los vicepresidentes y los ministros) escoge a las personas que desea instalar en el máximo tribunal; en la segunda, la Asamblea Nacional debe aprobar a las personas escogidas. El nombramiento sólo se perfecciona cuando se da la ratificación del Organo Legislativo.
Una lectura desprevenida de la norma citada, puede dar la impresión de que se trata de un proceso que establece parámetros para forzar el buen juicio del presidente, por cuanto sus escogidos deben merecer la aprobación del Gabinete y pasar por el escrutinio del Organo Legislativo.
Eso es, como decía, lo que teóricamente debiera ocurrir. Pero la práctica que hemos vivido es totalmente diferente. En nuestro país, los magistrados de la Corte Suprema los escoge, exclusivamente, el presidente. Quien crea lo contrario, es un iluso.
Nuestro sistema para designar a los magistrados del máximo tribunal, desde un punto de vista formal, es muy parecido al de los Estados Unidos. Allá como acá, la designación la hace el Ejecutivo. La diferencia está en que allá, el presidente, de hecho, no nombra sino que nomina, es decir, propone a su escogido. Pero antes de nominar un candidato, para lo que no requiere del concurso del Gabinete, y someterlo a la aprobación del Senado, se asegura mediante una investigación muy exhaustiva que realizan sus asesores, de que su escogido no tenga "esqueletos escondidos en el closet".
Todo presidente norteamericano sabe que sus nominados serán sometidos a un severo escrutinio, con lupa amplificada, por el Senado, en el que se escarbará hasta el último recoveco de su vida pasada y descubrirán, si existen, cualquier conducta o hecho que pueda descalificarlos. A los presidentes panameños, les ha bastado con saber que sus escogidos cumplen con los requisitos formales para ser magistrado (panameño por nacimiento, mayor de 35 años y abogado con 10 años de ejercicio), y, en términos generales, más les ha importado reconocer servicios prestados o premiar amigos. Esa es la realidad. Sin embargo, eso no significa, como se trata de hacer ver que, por haber sido esa la práctica, todos los nombramientos han sido intrínsecamente malos. Eso tampoco es verdad, como lo han demostrado con sus ejecutorias muchos distinguidos integrantes de nuestro máximo tribunal.
Después de la alharaca que montaron unos cuantos hace varios meses, con la que pretendieron sin conseguirlo, porque era absurdo, "linchar" a todos los magistrados, vino el llamado Pacto por la Justicia. Siguiendo sus recomendaciones, todo apunta a que se integrará una lista de hasta 15 "recomendados" por diferentes sectores de la sociedad panameña, para que de ella el presidente (nominalmente el Gabinete) escoja a los dos nuevos miembros de la Corte Suprema que llenarán las vacantes que se producirán el 31 de diciembre próximo y, también, las que se abrirán dentro de dos años. La recomendación del Pacto, en nada altera, porque no puede, la prerrogativa presidencial (disfrazada mediante acuerdo del Gabinete) de escoger a los futuros magistrados, pero, aparentemente, servirá de filtro para evitar que el inquilino de Las Garzas se salga por la tangente. Tengo serias dudas sobre el resultado final.
Mientras la Constitución no sea reformada, la facultad de designar a los futuros magistrados continuará, formalmente, siendo una prerrogativa del Organo Ejecutivo y de la Asamblea. El ensayo que se hará con la integración de la famosa lista de los 15, en cierta medida limitará al presidente que, supuestamente, no podrá escoger a quien le venga en ganas sino que se verá compelido a seleccionar dentro de ese grupo. Pero, por otra parte, también le permitirá, salvando apariencias de transparencia y objetividad, salirse con la suya. Con toda seguridad, entre los 15 integrantes de la lista estarán varias personas de la simpatía íntima del presidente. No tendrá que transcurrir mucho tiempo para que lo comprobemos. Y, al seleccionar de la lista, nadie podrá criticarle de haber escogido a quienes siempre tuvo en mente seleccionar. ¡Y todos felices y contentos!
Discrepando de las buenas intenciones de quienes impulsaron y aprobaron el método recomendado por el Pacto por la Justicia, creo que mejor hubiera sido que las cosas se quedaran como estaban. En ese marco, el señor Torrijos hubiera tenido la oportunidad de demostrarle al país su buen juicio, nominando a personas inobjetables y, evidenciar, con hechos, que su parte en el proceso de nombramiento estaría limitada a proponer candidatos y que a la Asamblea le correspondería, mediante un escrutinio objetivo y abierto al público examinar sus méritos y virtudes y, sin ninguna interferencia presidencial, decidir su ratificación.
