Sobre la Reforma Tributaria

Arquitecto

Luz María Noli, mujer emprendedora y de innegable talento, está encargada -entre otras cosas- de coordinar las charlas para el Club Rotario de Panamá. La última conferencia que presentó -tema delicado y de difícil pronóstico a corto plazo- estuvo a cargo del licenciado Eduardo Quiróz y el ingeniero Domingo Latorraca, viceministros de Finanzas y Economía, respectivamente, quienes disertaron sobre el reordenamiento y simplificación del sistema tributario nacional.
Luego de las introducciones de rigor, y donde hicieron gala de las mejoras sociales que persiguen, las consultas a los grupos involucrados y los cambios que pretenden establecer dentro de la administración de la cosa pública, afloraron ciertos datos estadísticos que ameritan una seria reflexión por parte de toda la sociedad panameña.
Para comenzar, la deuda externa del país es de 7,800 millones de dólares, monto equivalente al 77% de nuestro producto interno bruto, y que requiere un tramo significativo del presupuesto nacional para hacerle frente a los pagos que su amortización demanda cada año. Esta chocante realidad es, a juicio de los conferencistas, punto cardinal en donde sustentar las modificaciones a las estructuras fiscales vigentes, y cuyas raíces se remontan al código que sobre la materia se estableciese en 1956.
Ahora bien: ¿cuáles son las metas que pretende el Gobierno lograr - y de qué estrategias se valdrán sus propulsores - para llevar a cabo lo que persiguen a corto plazo? Ambos disertantes plantearon en su momento el propósito de establecer una nueva disciplina fiscal, recortar el gasto público, desarrollar sectores no tradicionales y apuntalar aquellas actividades económicas que no ameriten más subsidios arancelarios. De igual forma coincidieron los panelistas que la finalidad de esta reforma no es otra que la reestructuración de la deuda pública fijando un tope al monto actual, liberar alrededor de 120 millones de balboas del presupuesto general del Estado -suma destinada en la actualidad para amortizar parte de las obligaciones pendientes con entidades internacionales- y canalizarlos en inversiones para incentivar diferentes campos del desarrollo nacional.
Otro asunto digno de mencionar es que los dos viceministros encontraron las estructuras fiscales de 1956 dispersas, complicadas, poco equitativas y carentes de imparcialidad. Igualmente estuvieron de acuerdo en que hay sectores dentro de nuestra economía que con su tributación poco aportan al tesoro público de nuestro país. Tal es el caso de los servicios, componente vital dentro de la reforma en referencia, y que en la actualidad se encuentra fuera del alcance del ITBM.
La charla concluyó con un sumario de aquellos impuestos que el Gobierno modificará para llevar a cabo el reordenamiento del sistema tributario panameño, a saber: exención para los individuos que ganen menos de 800 balboas mensuales, establecer un gravamen de renta mínimo para las personas jurídicas, ampliar el radio de influencia del ITBM tasando - especialmente - al sector servicios con 5% que se facture durante un ciclo en particular y derogar ciertos incentivos existentes, cuyo impacto propulsor ya logró su cometido original.
Ahora bien: ¿Qué pretende dar a cambio la actual administración Moscoso - quid pro quo indispensable - para promover esta reforma tributaria? ¿Modificarán los erráticos patrones de manejo donde han sumido a la Nación entera? ¿Se acabarán las designaciones de amigos, copartidarios y parientes para ocupar puestos de importancia capital, en vez de personas capaces - vengan del bando que sea - y así llevar a cabo una productiva gestión dentro de un campo dado?
San Agustín dijo hace ya buen tiempo: "a cada uno según su necesidad; de cada uno según su capacidad". Este pensamiento - sabio por la relación que establece - se puede emplear si ambas partes comprenden sus derechos y le hacen frente a sus obligaciones.
Infortunadamente, no creo que el mismo se aplique de manera equitativa entre quienes a diario contribuimos a fortalecer las arcas nacionales y esa inmensa burocracia perniciosa que se encarga, sistemáticamente, de dilapidar los fondos que debieran usarse para el bienestar de todos.