Sobre permisos de importación
Por un lado están los industriales y agricultores pidiendo protección a su producción y por el otro, están los importadores y comerciantes exigiendo liberalización para importar productos. En medio están los consumidores, que carecen de unidad y por ende de vocero oficial, y el Estado, que tiene que vivir con compromisos internacionales, pero que está integrado por políticos que aspiran a congraciarse con las mayorías para perpetuarse en el poder.
Lo que piden los industriales y agricultores estuvo vigente en este país por varias décadas. Hubo una Oficina de Regulación, que fijaba precios, y varias otras instituciones gubernamentales que otorgaban permisos especiales, sin los cuales no se podían realizar las importaciones. En todas esas instancias, las decisiones se tomaban en base a criterios eminentemente políticos: se protegía al agricultor y al industrial; se concedían precios para dar cómodos márgenes, tanto a ellos como a comerciantes de productos regulados; se otorgaban permisos de importación para granos, carnes, vegetales, etc., a los comerciantes simpatizantes del gobierno y a los que simplemente pagaban más. En fin, se creó toda una burocracia especialmente diseñada para proteger al productor nacional y alimentar la corrupción.
El mundo, sin embargo, cambió y no fue de la noche a la mañana. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, se inicia un proceso de integración económica global, cuyo último hito es la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Aunque Panamá se sumó a ese proceso en 1997, porque en ese momento el gobierno creía en la globalización y sus beneficios, fue uno de los últimos países de América en incorporarse a la nueva corriente liberalizadora.
Pero a pesar de nuestra membresía en la OMC, todavía quedan en diferentes instancias gubernamentales procedimientos que se aplican antojadizamente y por ende, promueven la incertidumbre y la corrupción. Se trata de permisos, a veces disfrazados detrás de justificadas razones fitosanitarias o zoosanitarias, cuyo otorgamiento es manipulado por los funcionarios en base a criterios subjetivos. Similares solicitudes toman a veces horas y otras veces meses. Los importadores de productos sujetos a dicho régimen han aprendido a vivir con esos requisitos, en diferentes formas, que incluyen desde presentar múltiples solicitudes y utilizar sólo algunas hasta el tráfico de influencias y coimas. Mientras que el primero entorpece los trámites administrativos, los últimos son censurables.
Ya es hora que se adopten reglas objetivas, imparciales y transparentes. La regla general debe ser que todo permiso que sea estrictamente necesario mantener, tiene que ser otorgado a todo el que cumpla con los requisitos enumerados en las leyes y reglamentos vigentes. Mientras no se adopte dicha regla habrá siempre alguna persona que buscará aprovecharse de cualquier subjetividad.
Lo que piden los industriales y agricultores estuvo vigente en este país por varias décadas. Hubo una Oficina de Regulación, que fijaba precios, y varias otras instituciones gubernamentales que otorgaban permisos especiales, sin los cuales no se podían realizar las importaciones. En todas esas instancias, las decisiones se tomaban en base a criterios eminentemente políticos: se protegía al agricultor y al industrial; se concedían precios para dar cómodos márgenes, tanto a ellos como a comerciantes de productos regulados; se otorgaban permisos de importación para granos, carnes, vegetales, etc., a los comerciantes simpatizantes del gobierno y a los que simplemente pagaban más. En fin, se creó toda una burocracia especialmente diseñada para proteger al productor nacional y alimentar la corrupción.
El mundo, sin embargo, cambió y no fue de la noche a la mañana. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, se inicia un proceso de integración económica global, cuyo último hito es la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Aunque Panamá se sumó a ese proceso en 1997, porque en ese momento el gobierno creía en la globalización y sus beneficios, fue uno de los últimos países de América en incorporarse a la nueva corriente liberalizadora.
Pero a pesar de nuestra membresía en la OMC, todavía quedan en diferentes instancias gubernamentales procedimientos que se aplican antojadizamente y por ende, promueven la incertidumbre y la corrupción. Se trata de permisos, a veces disfrazados detrás de justificadas razones fitosanitarias o zoosanitarias, cuyo otorgamiento es manipulado por los funcionarios en base a criterios subjetivos. Similares solicitudes toman a veces horas y otras veces meses. Los importadores de productos sujetos a dicho régimen han aprendido a vivir con esos requisitos, en diferentes formas, que incluyen desde presentar múltiples solicitudes y utilizar sólo algunas hasta el tráfico de influencias y coimas. Mientras que el primero entorpece los trámites administrativos, los últimos son censurables.
Ya es hora que se adopten reglas objetivas, imparciales y transparentes. La regla general debe ser que todo permiso que sea estrictamente necesario mantener, tiene que ser otorgado a todo el que cumpla con los requisitos enumerados en las leyes y reglamentos vigentes. Mientras no se adopte dicha regla habrá siempre alguna persona que buscará aprovecharse de cualquier subjetividad.
