Sobre propuesta de reformas constitucionales
El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral ha lanzado un reto al país. Este reto tiene que ver con la posibilidad política que tengamos los panameños de reformar la Constitución que nos rige, ahora, en el momento mismo de la transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante.
En otro momento y en razón de otra oportunidad de conversar sobre el tema, hemos dicho que este método de reforma constitucional, -v.gr. aquél en el que participan dos asambleas legislativas que corresponden a dos períodos diferentes pero consecutivos-, es muy difícil de llevar a la práctica, pues requiere de los actores políticos un nivel de consenso básico inusual.
No tenemos en principio ninguna objeción sobre la aplicación de este método de reforma constitucional en sí mismo, sólo hemos advertido que presupone una suerte de unanimidad política que no caracteriza ni a los políticos panameños, ni a los políticos de ninguna parte del mundo.
No obstante, en Panamá tenemos la grata experiencia de 1994, año en que tanto gobierno como oposición se pusieron de acuerdo en reformar el texto constitucional en dos temas que se consideraban fundamentales para el país: la proscripción del ejército y el Capítulo Constitucional sobre el Canal de Panamá. Y, precisamente, un tercer tema que fue aprobado por la asamblea saliente, -el agregar la Constituyente como método de reforma constitucional-, no fue ratificado por la asamblea entrante.
Por lo tanto, si la iniciativa del Magistrado Valdés ha de calar en los círculos políticos, -bien sea que se presente como una iniciativa del Órgano Ejecutivo, bien que se trate de una iniciativa propia de la Asamblea Legislativa saliente-, además de la voluntad política del gobierno, -que controla esta asamblea-, y de la oposición, -que controlará la asamblea entrante-, se necesita consenso sobre las reformas que han de ser aprobadas. Ese consenso exige que dichas reformas sean pocas y puntuales.
Proponemos al país las siguientes reformas, que creemos pueden ser objeto de tal consenso:
A nuestro juicio, el tema de la conformación de la Asamblea Legislativa en general y la conformación de los circuitos electorales en particular, sobretodo los plurinominales, puede y deber ser objeto de reforma legal, no constitucional. Con ese propósito se convoca los tres primeros años después de cada elección al Consejo General de Partidos Políticos. Así, un ejemplo de las cosas positivas que se pueden conseguir mediante ley, sin esperar la reforma constitucional en esta materia, es el hecho de que se dispusiera que en los circuitos plurinominales no participarían en la asignación de las curules por medio cuociente los partidos políticos a los que se le habían asignados curules por cuociente.
Finalmente, queremos advertir que si se pretenden introducir más cambios constitucionales por la vía planteada, esto es, por la de dos asambleas legislativas consecutivas, pero pertenecientes a períodos distintos, ni el tiempo ni la inusual unanimidad política requerida permitiría ser más abarcador.
De lo que se trata en esta oportunidad, por lo tanto, es de conseguir lo más que se pueda para democratizar aún más nuestras instituciones constitucionales, sabiendo que aún queda camino por andar.
En otro momento y en razón de otra oportunidad de conversar sobre el tema, hemos dicho que este método de reforma constitucional, -v.gr. aquél en el que participan dos asambleas legislativas que corresponden a dos períodos diferentes pero consecutivos-, es muy difícil de llevar a la práctica, pues requiere de los actores políticos un nivel de consenso básico inusual.
No tenemos en principio ninguna objeción sobre la aplicación de este método de reforma constitucional en sí mismo, sólo hemos advertido que presupone una suerte de unanimidad política que no caracteriza ni a los políticos panameños, ni a los políticos de ninguna parte del mundo.
No obstante, en Panamá tenemos la grata experiencia de 1994, año en que tanto gobierno como oposición se pusieron de acuerdo en reformar el texto constitucional en dos temas que se consideraban fundamentales para el país: la proscripción del ejército y el Capítulo Constitucional sobre el Canal de Panamá. Y, precisamente, un tercer tema que fue aprobado por la asamblea saliente, -el agregar la Constituyente como método de reforma constitucional-, no fue ratificado por la asamblea entrante.
Por lo tanto, si la iniciativa del Magistrado Valdés ha de calar en los círculos políticos, -bien sea que se presente como una iniciativa del Órgano Ejecutivo, bien que se trate de una iniciativa propia de la Asamblea Legislativa saliente-, además de la voluntad política del gobierno, -que controla esta asamblea-, y de la oposición, -que controlará la asamblea entrante-, se necesita consenso sobre las reformas que han de ser aprobadas. Ese consenso exige que dichas reformas sean pocas y puntuales.
Proponemos al país las siguientes reformas, que creemos pueden ser objeto de tal consenso:
La ampliación de la autonomía institucional del Tribunal Electoral.
La eliminación de la revocatoria de mandato de los legisladores de la República.
Aumentar los requisitos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y asegurar que estos sean postulados por distintas fuentes y no sólo por el Órgano Ejecutivo.
Aceptación del principio de libre postulación a todos los cargos de elección popular.
Eliminación de la figura del Segundo Vicepresidente de la República.
La creación de un Tribunal de Cuentas Independiente que, a diferencia de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, funcione fuera de la jurisdicción de la Contraloría General de la República.
La creación de un Tribunal Constitucional.
Aumento de penas de hasta por 50 años por la comisión de determinados delitos que la ley así lo considere.
A nuestro juicio, el tema de la conformación de la Asamblea Legislativa en general y la conformación de los circuitos electorales en particular, sobretodo los plurinominales, puede y deber ser objeto de reforma legal, no constitucional. Con ese propósito se convoca los tres primeros años después de cada elección al Consejo General de Partidos Políticos. Así, un ejemplo de las cosas positivas que se pueden conseguir mediante ley, sin esperar la reforma constitucional en esta materia, es el hecho de que se dispusiera que en los circuitos plurinominales no participarían en la asignación de las curules por medio cuociente los partidos políticos a los que se le habían asignados curules por cuociente.
Finalmente, queremos advertir que si se pretenden introducir más cambios constitucionales por la vía planteada, esto es, por la de dos asambleas legislativas consecutivas, pero pertenecientes a períodos distintos, ni el tiempo ni la inusual unanimidad política requerida permitiría ser más abarcador.
De lo que se trata en esta oportunidad, por lo tanto, es de conseguir lo más que se pueda para democratizar aún más nuestras instituciones constitucionales, sabiendo que aún queda camino por andar.
