Sobre protección sanitaria
Cuando se nos plantea que se hace necesario proteger a la producción agropecuaria nacional y la vida humana, somos los primeros que salimos a defender a las autoridades. En efecto, la introducción al país de enfermedades como, por ejemplo, vacas locas (o Encefalopatía Espongiforme Bovina) podría acabar con cientos de ganaderos (grandes y pequeños) y hasta podrían causarle a seres humanos otras enfermedades (en el caso de vacas locas, conocida como la Creutzfeldt-Jakob), con consecuencias similares, es decir, la muerte.
Por ello, también defendemos a los funcionarios que con recelo supervisan el procedimiento de autorización previo para la importación de productos para consumo humano. Así lo hemos hecho en el pasado y continuaremos haciéndolo.
Ahora bien, esas mismas medidas sanas y necesarias de protección permanentemente causan todo tipo de traumas al comercio. No porque la mayoría de los comerciantes sean contrabandistas, ni aprovechados; no lo son. Sino porque las reglas son antiguas y extremadamente rígidas.
Cualquier funcionario que cite una ley que tiene más de 10 años de vigencia debe saber que está fundamentando su actuación en algo anacrónico. El comercio internacional ha cambiado radicalmente durante las últimas décadas y los peligros han aumentado. Nadie puede descansar en sí mismo para protegerse de ellos. Por eso es que existen arreglos de reciprocidad y acuerdos bilaterales y hasta multilaterales, como el de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que inclusive reconocen la necesidad de medidas sanitarias, pero también recogen acuerdos de reciprocidad.
Panamá no puede pretender ir a inspeccionar fábricas en países más avanzados científica y tecnológicamente. Resulta ridículo sino ofensivo que inspeccionemos plantas en Estados Unidos, España y Francia, cuando nuestra propia infraestructura (como mataderos) no pasa los mismos requisitos mínimos que pretendemos aplicarles a ellos.
Al final, todo lo que estos funcionarios están haciendo es encareciendo el producto para consumidor panameño o privándolo del mismo. Y al productor nacional acaban perjudicándolo por que se acomoda en su situación de protección, sin mejorar su gestión. Las autoridades deben actualizar las normas que los rigen y reconocer que sus actuaciones, aún bien intencionadas, acaban causándole daño a las personas que pretenden proteger.
Por ello, también defendemos a los funcionarios que con recelo supervisan el procedimiento de autorización previo para la importación de productos para consumo humano. Así lo hemos hecho en el pasado y continuaremos haciéndolo.
Ahora bien, esas mismas medidas sanas y necesarias de protección permanentemente causan todo tipo de traumas al comercio. No porque la mayoría de los comerciantes sean contrabandistas, ni aprovechados; no lo son. Sino porque las reglas son antiguas y extremadamente rígidas.
Cualquier funcionario que cite una ley que tiene más de 10 años de vigencia debe saber que está fundamentando su actuación en algo anacrónico. El comercio internacional ha cambiado radicalmente durante las últimas décadas y los peligros han aumentado. Nadie puede descansar en sí mismo para protegerse de ellos. Por eso es que existen arreglos de reciprocidad y acuerdos bilaterales y hasta multilaterales, como el de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que inclusive reconocen la necesidad de medidas sanitarias, pero también recogen acuerdos de reciprocidad.
Panamá no puede pretender ir a inspeccionar fábricas en países más avanzados científica y tecnológicamente. Resulta ridículo sino ofensivo que inspeccionemos plantas en Estados Unidos, España y Francia, cuando nuestra propia infraestructura (como mataderos) no pasa los mismos requisitos mínimos que pretendemos aplicarles a ellos.
Al final, todo lo que estos funcionarios están haciendo es encareciendo el producto para consumidor panameño o privándolo del mismo. Y al productor nacional acaban perjudicándolo por que se acomoda en su situación de protección, sin mejorar su gestión. Las autoridades deben actualizar las normas que los rigen y reconocer que sus actuaciones, aún bien intencionadas, acaban causándole daño a las personas que pretenden proteger.
