Sobre reformas constitucionales
La ciudadanía ha recibido con singular beneplácito el planteamiento expuesto, hace varias semanas, por Jorge Rubén Rosas, quien con Mario Boyd Galindo, representa a la formación política del MOLIRENA, en la Comisión de Reformas Electorales, sobre posibles enmiendas a la Constitución Política de la República en materia electoral, de tal forma que nuestro ordenamiento jurídico superior responda a la realidad nacional y a las necesidades sociales, económicas y políticas del país.
Entre los aspectos planteados por la representación del MOLIRENA, se hace hincapié en que la conformación de la Asamblea Legislativa se mantenga en 71 legisladores y no aumenten a 82 sus integrantes, como sucedería de no reformarse la Carta Magna, lo que sería extremadamente oneroso para la economía nacional, amén de que este aumento no guarde relación con el tamaño y la población del país. No menos importante es la calidad de los candidatos que resulten electos, de allí que los partidos políticos deben seleccionar a sus mejores hombres para someterlos al escrutinio popular, sólo así este órgano de Estado, hoy por hoy, el más desprestigiado y cuestionado por la ciudadanía, podría recobrar la importancia que otrora tuvo en el escenario de la vida pública nacional.
Un punto significativo, dado los tiempos que corren, lo constituyen la propuesta para modificar la cantidad de suplentes de los legisladores, siendo así que a cada legislador corresponde un suplente solamente. Tal parece que ya la elección de los suplentes es anacrónica y en algunos países está cayendo en desuso. Además, la escogencia de los suplentes es innecesaria y hasta contraproducente, porque aparte que ese cargo no tiene funciones, en la práctica se ha prestado a abusos y excesos en requerimientos burocráticos en retribución a supuestos aportes eleccionarios. Bien podría considerarse esta propuesta de reforma constitucional para el caso de los vicepresidentes. Por tanto, bastaría pues, con postular un suplente para legislador y un vicepresidente de la República.
Asimismo, por medio de las reformas a la Carta Política, como lo solicitan los miembros del MOLIRENA, se podría instituir en nuestro sistema electoral la segunda vuelta entre los candidatos más votados para presidentes y vicepresidentes (solamente uno, si se reforma este punto), lo que nos evitaría tener un presidente de minorías, como sucedió en el período pasado. Pero antes, es menester analizar algunos aspectos (v.gr., población votante, cantidad de candidatos, índice de abstención, etc.), para determinar si se justifica la convocatoria de una segunda vuelta; es decir, necesariamente, no tiene que darse cuando ningún candidato haya alcanzado más del 50% de los votos válidos, como en otros países.
Por otra parte, la solicitud de reforma para modificar la base poblacional para la representación de los corregimientos es muy razonable y perfectamente viable, ya que existe una enorme desproporción entre corregimientos densamente poblados y otros con mucho menos de mil habitantes. Esta situación es absurda y lo justo y lógico es corregirla, considerando la extensión territorial y población de cada uno, lo que facilitaría la ejecución de acciones y proyectos que conduzcan a solucionar los graves problemas sociales que afrontan muchos corregimientos en sus comunidades.
Sería de la máxima complacencia para todos los partidos políticos de signo democrático, de la sociedad civil y demás sectores nacionales, que en la propuesta de modificaciones de la Constitución de la República, se establezca entre otros elementos esenciales, la prohibición de los miembros de la Asamblea Legislativa, de ejecutar funciones reñidas con sus postulados, principalmente las relacionadas con las asignaciones presupuestarias que ellos mismo se otorgan, llámense éstas Partidas Circuitales o de Desarrollo Social; esta disposición indebida de los dineros públicos ha sido censurada, desde los inicios, por toda la ciudadanía. Hay que actuar de una vez por todas con estas "sinvergüenzura" que heredamos de la dictadura (1968-69).
También sería conveniente que los integrantes de esta comisión amplíen el marco de sus deliberaciones para que, a parte de las reformas electorales, se formulen propuestas para erradicar del texto constitucional, normas incorporadas por el régimen de la tiranía militar, que vician las fuentes del sufragio y pervierten nuestras costumbres políticas. Nada sería más reconfortante para la esperanza de los panameños en los umbrales de un nuevo siglo. La historia así lo reconocerá, y las presentes y futuras generaciones se lo agradecerán.
Entre los aspectos planteados por la representación del MOLIRENA, se hace hincapié en que la conformación de la Asamblea Legislativa se mantenga en 71 legisladores y no aumenten a 82 sus integrantes, como sucedería de no reformarse la Carta Magna, lo que sería extremadamente oneroso para la economía nacional, amén de que este aumento no guarde relación con el tamaño y la población del país. No menos importante es la calidad de los candidatos que resulten electos, de allí que los partidos políticos deben seleccionar a sus mejores hombres para someterlos al escrutinio popular, sólo así este órgano de Estado, hoy por hoy, el más desprestigiado y cuestionado por la ciudadanía, podría recobrar la importancia que otrora tuvo en el escenario de la vida pública nacional.
Un punto significativo, dado los tiempos que corren, lo constituyen la propuesta para modificar la cantidad de suplentes de los legisladores, siendo así que a cada legislador corresponde un suplente solamente. Tal parece que ya la elección de los suplentes es anacrónica y en algunos países está cayendo en desuso. Además, la escogencia de los suplentes es innecesaria y hasta contraproducente, porque aparte que ese cargo no tiene funciones, en la práctica se ha prestado a abusos y excesos en requerimientos burocráticos en retribución a supuestos aportes eleccionarios. Bien podría considerarse esta propuesta de reforma constitucional para el caso de los vicepresidentes. Por tanto, bastaría pues, con postular un suplente para legislador y un vicepresidente de la República.
Asimismo, por medio de las reformas a la Carta Política, como lo solicitan los miembros del MOLIRENA, se podría instituir en nuestro sistema electoral la segunda vuelta entre los candidatos más votados para presidentes y vicepresidentes (solamente uno, si se reforma este punto), lo que nos evitaría tener un presidente de minorías, como sucedió en el período pasado. Pero antes, es menester analizar algunos aspectos (v.gr., población votante, cantidad de candidatos, índice de abstención, etc.), para determinar si se justifica la convocatoria de una segunda vuelta; es decir, necesariamente, no tiene que darse cuando ningún candidato haya alcanzado más del 50% de los votos válidos, como en otros países.
Por otra parte, la solicitud de reforma para modificar la base poblacional para la representación de los corregimientos es muy razonable y perfectamente viable, ya que existe una enorme desproporción entre corregimientos densamente poblados y otros con mucho menos de mil habitantes. Esta situación es absurda y lo justo y lógico es corregirla, considerando la extensión territorial y población de cada uno, lo que facilitaría la ejecución de acciones y proyectos que conduzcan a solucionar los graves problemas sociales que afrontan muchos corregimientos en sus comunidades.
Sería de la máxima complacencia para todos los partidos políticos de signo democrático, de la sociedad civil y demás sectores nacionales, que en la propuesta de modificaciones de la Constitución de la República, se establezca entre otros elementos esenciales, la prohibición de los miembros de la Asamblea Legislativa, de ejecutar funciones reñidas con sus postulados, principalmente las relacionadas con las asignaciones presupuestarias que ellos mismo se otorgan, llámense éstas Partidas Circuitales o de Desarrollo Social; esta disposición indebida de los dineros públicos ha sido censurada, desde los inicios, por toda la ciudadanía. Hay que actuar de una vez por todas con estas "sinvergüenzura" que heredamos de la dictadura (1968-69).
También sería conveniente que los integrantes de esta comisión amplíen el marco de sus deliberaciones para que, a parte de las reformas electorales, se formulen propuestas para erradicar del texto constitucional, normas incorporadas por el régimen de la tiranía militar, que vician las fuentes del sufragio y pervierten nuestras costumbres políticas. Nada sería más reconfortante para la esperanza de los panameños en los umbrales de un nuevo siglo. La historia así lo reconocerá, y las presentes y futuras generaciones se lo agradecerán.
