Sobre seguridad nacional
Las naciones pobres y pequeñas como la nuestra no están supuestas a tener una sofisticada doctrina nacional de seguridad y mucho menos a emplear sus escuálidos presupuestos en la adquisición de costosos equipos y armamentos para protegerse de eventuales ataques contra su integridad territorial.
Sin embargo, en Panamá concurren tres circunstancias que hacen necesario un enfoque diferente del tema de la seguridad nacional, que son: 1) la asunción, el 31 de diciembre de 1999, de la responsabilidad de operar y proteger el Canal de Panamá; 2) la atracción que tiene nuestra posición geográfica como ruta para el tráfico de estupefacientes; y 3) las repercusiones que sobre las zonas contiguas a nuestra frontera con Colombia tiene el conflicto interno que por cuatro décadas han venido protagonizando las autoridades colombianas y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las circunstancias apuntadas imponen una aproximación diferente, pero no deben llevarnos a los extremos de hacernos perder el sentido de nuestras limitaciones o a ignorar las alternativas que nos ofrece el Derecho Internacional y los mecanismos existentes para garantizar la paz y la seguridad de las naciones, especialmente de aquellas que no pueden costear el mantenimiento de ejércitos o que han decidido no tenerlos. Tampoco deben llevarnos al error de olvidar o posponer a un segundo plano la obligación permanente de todo Estado de garantizar el respeto a la vida y los bienes de sus habitantes, que debe cumplirse mediante las actividades de policía interna.
¿Cómo debemos enfrentar los aspectos de seguridad, tomando en cuenta nuestras limitaciones, pero atendiendo, a su vez, a las condiciones y responsabilidades propias de nuestro país ? A continuación, algunas ideas, al respecto.
No creo que debemos manejar en forma conjunta, como si fueran un todo integrado, los cuatro aspectos que, básicamente, comprende el tema de la seguridad. En mi opinión, cada uno de esos cuatro aspectos debe ser tratado en forma diferenciada, porque distintas son las alternativas que pueden dárseles.
La custodia de las instalaciones del Canal o el mantenimiento en condiciones seguras de la operación de la vía interoceánica no deben estar condicionadas a los problemas de la frontera o a las actividades del narcotráfico. Y mucho menos veo como relacionados los problemas del robo o de la delincuencia en las calles y la seguridad estricta del tránsito de las naves.
Al asumir el control exclusivo del manejo del Canal, también adquirimos la responsabilidad de su mantenimiento y protección, pero para cumplir esa obligación no debemos ver peligros donde no existen. El Canal no es un objetivo militar y no es defendible militarmente. Su seguridad depende de su neutralidad y no de rodearlo de alambradas o de campos minados.
La seguridad en las calles, la prevención del robo o la protección de la propiedad privada son un problema de política interna, cuya solución corresponde de manera permanente a las fuerzas encargadas del orden público, o sea, a nuestra Policía Nacional.
El problema del narcotráfico no existe porque exista el Canal. Su agravamiento obedece al incremento de la demanda en la sociedad más desarrollada, y por tanto, su tratamiento y la lucha para disminuirlo o erradicarlo no puede ni debe ser asumida por los países pequeños y carentes de recursos como el nuestro. A nosotros nos corresponde colaborar en esa lucha, pero su financiamiento y coordinación debe ser el producto de un esfuerzo internacionalmente concertado, que debe mantenerse separado de nuestra responsabilidad de mantener y operar el Canal en condiciones seguras.
El conflicto interno de Colombia y sus proyecciones sobre las zonas próximas a nuestra frontera con ese país no constituye una amenaza para el Canal y mucho menos será resuelto creando un ejército o policía especial para la frontera. El camino para su solución sigue siendo la vía diplomática, especialmente la bilateral, sin descarar que en el momento que sea oportuno o necesario recurramos a instancias como el Grupo de Río, la O.E.A. o las Naciones Unidas.
Sin embargo, en Panamá concurren tres circunstancias que hacen necesario un enfoque diferente del tema de la seguridad nacional, que son: 1) la asunción, el 31 de diciembre de 1999, de la responsabilidad de operar y proteger el Canal de Panamá; 2) la atracción que tiene nuestra posición geográfica como ruta para el tráfico de estupefacientes; y 3) las repercusiones que sobre las zonas contiguas a nuestra frontera con Colombia tiene el conflicto interno que por cuatro décadas han venido protagonizando las autoridades colombianas y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las circunstancias apuntadas imponen una aproximación diferente, pero no deben llevarnos a los extremos de hacernos perder el sentido de nuestras limitaciones o a ignorar las alternativas que nos ofrece el Derecho Internacional y los mecanismos existentes para garantizar la paz y la seguridad de las naciones, especialmente de aquellas que no pueden costear el mantenimiento de ejércitos o que han decidido no tenerlos. Tampoco deben llevarnos al error de olvidar o posponer a un segundo plano la obligación permanente de todo Estado de garantizar el respeto a la vida y los bienes de sus habitantes, que debe cumplirse mediante las actividades de policía interna.
¿Cómo debemos enfrentar los aspectos de seguridad, tomando en cuenta nuestras limitaciones, pero atendiendo, a su vez, a las condiciones y responsabilidades propias de nuestro país ? A continuación, algunas ideas, al respecto.
No creo que debemos manejar en forma conjunta, como si fueran un todo integrado, los cuatro aspectos que, básicamente, comprende el tema de la seguridad. En mi opinión, cada uno de esos cuatro aspectos debe ser tratado en forma diferenciada, porque distintas son las alternativas que pueden dárseles.
La custodia de las instalaciones del Canal o el mantenimiento en condiciones seguras de la operación de la vía interoceánica no deben estar condicionadas a los problemas de la frontera o a las actividades del narcotráfico. Y mucho menos veo como relacionados los problemas del robo o de la delincuencia en las calles y la seguridad estricta del tránsito de las naves.
Al asumir el control exclusivo del manejo del Canal, también adquirimos la responsabilidad de su mantenimiento y protección, pero para cumplir esa obligación no debemos ver peligros donde no existen. El Canal no es un objetivo militar y no es defendible militarmente. Su seguridad depende de su neutralidad y no de rodearlo de alambradas o de campos minados.
La seguridad en las calles, la prevención del robo o la protección de la propiedad privada son un problema de política interna, cuya solución corresponde de manera permanente a las fuerzas encargadas del orden público, o sea, a nuestra Policía Nacional.
El problema del narcotráfico no existe porque exista el Canal. Su agravamiento obedece al incremento de la demanda en la sociedad más desarrollada, y por tanto, su tratamiento y la lucha para disminuirlo o erradicarlo no puede ni debe ser asumida por los países pequeños y carentes de recursos como el nuestro. A nosotros nos corresponde colaborar en esa lucha, pero su financiamiento y coordinación debe ser el producto de un esfuerzo internacionalmente concertado, que debe mantenerse separado de nuestra responsabilidad de mantener y operar el Canal en condiciones seguras.
El conflicto interno de Colombia y sus proyecciones sobre las zonas próximas a nuestra frontera con ese país no constituye una amenaza para el Canal y mucho menos será resuelto creando un ejército o policía especial para la frontera. El camino para su solución sigue siendo la vía diplomática, especialmente la bilateral, sin descarar que en el momento que sea oportuno o necesario recurramos a instancias como el Grupo de Río, la O.E.A. o las Naciones Unidas.
