Sobre textos y nacionalismos
Uno de nuestros flamantes empresarios, Carlos Ernesto González Ramírez, que se ha convertido en los últimos tiempos en el portavoz de las ideas neoliberales y en el portaestandarte de la apertura a toda costa, arremetió lanza en ristre contra todo lo que signifique nacionalismo o idea nacional. La ley que reglamenta la profesión de químico le parece que falla porque exige la nacionalidad panameña para ejercer dicha profesión. De manera que solicita a la señora Presidenta de la República que vete dicha ley y suponemos que estará en contra de la ley que exige que los textos escolares sean escritos por panameños o que se proteja al autor nacional. Otro empresario, el señor Kinner, solicita a la Mandataria que vete la ley que impone la cuota para el Seguro Social a los gastos de representación, porque ello desestimularía la inversión extranjera. Finalmente, un banquero con pretensiones presidenciales solicitó que no se debatiera el proyecto de Reforma Tributaria, porque la situación económica nacional no lo permite.
Como se nota, una verdadera ofensiva patronal que pretende, como en Argentina, cargar el peso de la crisis sobre los hombros de los pobres. La conducta de nuestros hombres de empresa no deja de impresionarme. Por la ignorancia, aquello que José Joaquín Brunner denomina la iletrada ignorancia, y por la osadía. Pero claro, el empresario González Ramírez fue quien negoció (¿negoció?) la baja de aranceles que resultó de nuestro ingreso en la OMC y que por la apertura desmesurada casi destruye a nuestros productores nacionales. Ese es un tema sobre el cual volveremos en otro momento.
Ahora queremos referirnos al problema concreto de los denominados textos escolares, tema espinoso y complejo, que enfrenta a los autores nacionales y a algunos empresarios dueños de instituciones escolares privados. Los primeros apoyan la ley en lo que se refiere a la prioridad de los autores nacionales de textos escolares, que no la exclusividad. Los propietarios de centros particulares, afincándose en una supuesta universalización de los conocimientos, llaman a que ingresen al país textos escolares producidos en el exterior.
Al parecer, el debate se ha situado en un terreno complejo y nos parece que lateral. Lo primero que habría que definir es qué es un texto escolar y sobre la base de qué se escribe y para quién se escribe. Un texto escolar, cualesquiera que sea la disciplina que trate, corresponde a un programa oficial aprobado por el Ministerio de Educación y es un resumen, condensado obviamente, de lo que se debe enseñar. El texto está orientado hacia los estudiantes, para facilitarles la disponibilidad de la materia y no para los docentes. Estos, por el contrario, no pueden basar sus conferencias sólo en el texto, sino que deben utilizar libros complementarios, de apoyo y de ampliación de la visión de los estudiantes. Un profesor o maestro que sólo se remita al texto está, literalmente, embruteciendo a sus estudiantes. Esto no prejuzga sobre lo bueno o malo de un texto en especial. Los hay buenos y los hay malos, pero su adopción depende de las autoridades del Ministerio de Educación que también debe aprobar los libros de apoyo complementarios.
¿Los textos confeccionados en el exterior responden a los programas diseñados por las autoridades panameñas? ¿No hay en el país autores capaces de redactar textos escolares de buen nivel? ¿No puede nuestra Universidad de Panamá u otras redactar en buena forma textos para la educación secundaria? ¿Ello impide que ingresen al país libros universales, de todas las disciplinas capaces de aumentar la cultura general de estudiantes y de docentes?.
El debate debe empezar en buen sentido. Pero no puede hacerse con demagogia como aquello de la "universalización del conocimiento", o la "libre empresa" u otros. Tampoco puede hacerse con criterios de que todo lo que venga del exterior es malo. Si un autor extranjero, sobre la base del programa oficial, redacta un buen texto escolar enhorabuena, pero quién lo puede decidir no son ni los profesores ni los directores de colegios ni, mucho menos, los propietarios de colegios privados. Debe hacerlo el Ministerio de Educación y la aprobación debe tener un plazo definido, exigiéndole a los autores su permanente actualización. Debe haber, sobre textos escolares, un riguroso control de precios, lo mismo que sobre los libros complementarios. Ninguna familia puede adquirir libros por sobre los B/ 10.00 o útiles escolares caros que luego no son utilizados. Las escuelas deben proveer los materiales básicos de uso colectivo y, sobretodo, de buenas bibliotecas que permitan al estudiante acceder al conocimiento.
Tres experiencias voy a señalar que pueden ser pertinentes para mejorar la educación panameña, hoy en un pozo sin salida y sin proyecciones a mediano y largo plazo. La primera la viví cuando era estudiante de secundaria en el colegio Pedro Pablo Sánchez en La Chorrera. Fuimos estudiantes realmente privilegiados, con buenos profesores y maestros. Recordamos haber estudiado historia por dos textos: Nuestro país y Nuestra América. El Español (en rigor castellano) por Iniciación literaria. Todos de autores panameños. Y nuestra formación fue notablemente superior a la actual. La segunda es que, leyendo sobre reformas educativas en América Latina, leí que en Chile se hizo una encuesta a los estudiantes, profesores y directivos sobre la doble jornada en colegios. Todos, incluyendo profesores, prefirieron la doble jornada, es decir, los dos turnos escolares. Imaginémonos el resultado que tendría una encuesta de tal tipo en Panamá. No quiero ni imaginarme el resultado.
Finalmente, en la República Arabe Saharahui tuve la oportunidad de ver una sala de clases para trabajadores de la salud en un hospital llamado Saied, en pleno desierto. Mi sorpresa fue grande cuando descubrí que los cuadernos de apuntes de un turno quedaban en la sala de clase para que fueran utilizados por el siguiente turno. No había textos ni libros caros, pero sí voluntad de aprender.
Como se nota, una verdadera ofensiva patronal que pretende, como en Argentina, cargar el peso de la crisis sobre los hombros de los pobres. La conducta de nuestros hombres de empresa no deja de impresionarme. Por la ignorancia, aquello que José Joaquín Brunner denomina la iletrada ignorancia, y por la osadía. Pero claro, el empresario González Ramírez fue quien negoció (¿negoció?) la baja de aranceles que resultó de nuestro ingreso en la OMC y que por la apertura desmesurada casi destruye a nuestros productores nacionales. Ese es un tema sobre el cual volveremos en otro momento.
Ahora queremos referirnos al problema concreto de los denominados textos escolares, tema espinoso y complejo, que enfrenta a los autores nacionales y a algunos empresarios dueños de instituciones escolares privados. Los primeros apoyan la ley en lo que se refiere a la prioridad de los autores nacionales de textos escolares, que no la exclusividad. Los propietarios de centros particulares, afincándose en una supuesta universalización de los conocimientos, llaman a que ingresen al país textos escolares producidos en el exterior.
Al parecer, el debate se ha situado en un terreno complejo y nos parece que lateral. Lo primero que habría que definir es qué es un texto escolar y sobre la base de qué se escribe y para quién se escribe. Un texto escolar, cualesquiera que sea la disciplina que trate, corresponde a un programa oficial aprobado por el Ministerio de Educación y es un resumen, condensado obviamente, de lo que se debe enseñar. El texto está orientado hacia los estudiantes, para facilitarles la disponibilidad de la materia y no para los docentes. Estos, por el contrario, no pueden basar sus conferencias sólo en el texto, sino que deben utilizar libros complementarios, de apoyo y de ampliación de la visión de los estudiantes. Un profesor o maestro que sólo se remita al texto está, literalmente, embruteciendo a sus estudiantes. Esto no prejuzga sobre lo bueno o malo de un texto en especial. Los hay buenos y los hay malos, pero su adopción depende de las autoridades del Ministerio de Educación que también debe aprobar los libros de apoyo complementarios.
¿Los textos confeccionados en el exterior responden a los programas diseñados por las autoridades panameñas? ¿No hay en el país autores capaces de redactar textos escolares de buen nivel? ¿No puede nuestra Universidad de Panamá u otras redactar en buena forma textos para la educación secundaria? ¿Ello impide que ingresen al país libros universales, de todas las disciplinas capaces de aumentar la cultura general de estudiantes y de docentes?.
El debate debe empezar en buen sentido. Pero no puede hacerse con demagogia como aquello de la "universalización del conocimiento", o la "libre empresa" u otros. Tampoco puede hacerse con criterios de que todo lo que venga del exterior es malo. Si un autor extranjero, sobre la base del programa oficial, redacta un buen texto escolar enhorabuena, pero quién lo puede decidir no son ni los profesores ni los directores de colegios ni, mucho menos, los propietarios de colegios privados. Debe hacerlo el Ministerio de Educación y la aprobación debe tener un plazo definido, exigiéndole a los autores su permanente actualización. Debe haber, sobre textos escolares, un riguroso control de precios, lo mismo que sobre los libros complementarios. Ninguna familia puede adquirir libros por sobre los B/ 10.00 o útiles escolares caros que luego no son utilizados. Las escuelas deben proveer los materiales básicos de uso colectivo y, sobretodo, de buenas bibliotecas que permitan al estudiante acceder al conocimiento.
Tres experiencias voy a señalar que pueden ser pertinentes para mejorar la educación panameña, hoy en un pozo sin salida y sin proyecciones a mediano y largo plazo. La primera la viví cuando era estudiante de secundaria en el colegio Pedro Pablo Sánchez en La Chorrera. Fuimos estudiantes realmente privilegiados, con buenos profesores y maestros. Recordamos haber estudiado historia por dos textos: Nuestro país y Nuestra América. El Español (en rigor castellano) por Iniciación literaria. Todos de autores panameños. Y nuestra formación fue notablemente superior a la actual. La segunda es que, leyendo sobre reformas educativas en América Latina, leí que en Chile se hizo una encuesta a los estudiantes, profesores y directivos sobre la doble jornada en colegios. Todos, incluyendo profesores, prefirieron la doble jornada, es decir, los dos turnos escolares. Imaginémonos el resultado que tendría una encuesta de tal tipo en Panamá. No quiero ni imaginarme el resultado.
Finalmente, en la República Arabe Saharahui tuve la oportunidad de ver una sala de clases para trabajadores de la salud en un hospital llamado Saied, en pleno desierto. Mi sorpresa fue grande cuando descubrí que los cuadernos de apuntes de un turno quedaban en la sala de clase para que fueran utilizados por el siguiente turno. No había textos ni libros caros, pero sí voluntad de aprender.
