¿Sociedad civil vs. Partidos políticos?
Hay quienes pretenden que exista una dicotomía infranqueable entre las denominadas sociedad civil y clase política. Pero, en realidad, no creo que hayan límites tan claros entre una y la otra, puesto que encontramos muchos políticos de ahora que tienen sus orígenes en movimientos de carácter cívico y algunos autoproclamados dirigentes de la sociedad civil que han sido candidatos a puestos de elección popular, han pertenecido o pertenecen a partidos políticos.
En mi caso, inicié mi carrera política desde la sociedad civil, como dirigente universitario en la época inmediatamente anterior a la Cruzada Civilista. En aquella época, como muchos de mis compañeros, renegaba de los partidos políticos. Ya iniciada la transición democrática, trabajé en la Asamblea Legislativa bajo la presidencia de Marco Ameglio, quien me demostró tolerancia hacia mis posiciones políticas, muchas veces contradictorias con las suyas. Por ejemplo, para el Referéndum de 1992, siendo funcionario todavía de la Asamblea, escribí artículos en contra de dichas reformas constitucionales y a favor de un proceso constituyente. El entonces Legislador Guillermo Cochez le solicitó a Ameglio que me destituyera (sí, así de profundas son sus convicciones democráticas), a lo cual él no accedió. Posteriormente, tuve la oportunidad de ser Primer Suplente a Legislador (1994-1999), me inscribí en el Partido Arnulfista y ahora soy Legislador de la República, electo por el circuito 8-8 para el período que vence en agosto próximo.
Durante todo este tiempo que he estado activo en política (desde 1985 hasta el presente), he mantenido ciertos criterios y posiciones básicas, que no han variado con el tiempo ni con las circunstancias. Una de ellas es mi posición a favor de la adopción de una nueva Constitución a través de un proceso constituyente. De hecho, he criticado públicamente que el actual gobierno no haya cumplido con su compromiso electoral de dar los pasos iniciales para hacer realidad el cambio constitucional. Hoy, algunas personas que recién se han convencido de la conveniencia de cambiar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente Paralela pretenden cuestionar el compromiso del suscrito, so pretexto de mi situación actual de ser Legislador de la República.
Cuando integrantes del Foro Visión 2020 empezaron a hablar de la Quinta Papeleta, se plantearon dos opciones: o se aprobaba una ley por parte de la Asamblea o se dictaba un decreto ejecutivo por parte del Organo Ejecutivo. La segunda opción es objetada por algunos juristas, ya que consideran que no es atribución de este Organo del Estado, pero nadie cuestiona la competencia de la Asamblea para dictar una ley en el sentido de consultar la opinión del pueblo sobre este particular. Es con ese entendimiento, que en conjunto con otros legisladores de mi bancada, presenté el Anteproyecto de Ley sobre la Quinta Papeleta. Siempre señalé que no era una iniciativa del Gobierno o de la bancada, sino de un grupo de legisladores que quisimos dar la oportunidad de discutir el tema en el parlamento.
El Prof. Jorge Giannareas, en un artículo reciente, me atribuye declaraciones en las que, supuestamente, señalaba que la sociedad civil me había dejado "solo" y concluía que yo argumentaba tal cosa, porque no habían endosado mi candidatura a la reelección. No sé de dónde sacó tal patraña, pero me parece poco leal en el debate de su parte hacer tales afirmaciones. En primer lugar, lo que señalé es que, una vez presentado el anteproyecto, cesó la presión de los grupos organizados de la sociedad civil. Si fue la presión de las firmas, lo que llevó a los candidatos presidenciales a firmar públicamente las libretas del Consejo Ecuménico, una vez el tema fue llevado a la Asamblea, la presión debió arreciar para convencer a los escépticos y renuentes al cambio constitucional de la conveniencia de la consulta ciudadana, pero no hubo la comprensión adecuada de la coyuntura en la que nos encontrábamos.
No se podía partir del supuesto de que se tenían asegurados los votos para aprobar la iniciativa, sino que debía diseñarse una estrategia para lograrlos, convenciendo a los integrantes de las bancadas representadas en la Asamblea de las bondades de la Quinta Papeleta. Y de eso conversé extensamente con representantes del Foro 2020 y de la sociedad civil, especialmente cuando muchos promotores de la Quinta Papeleta dejaron de asistir al debate que organizó la Comisión al momento del prohijamiento del anteproyecto (no sé cómo no se enteró Giannareas de tal consulta, cuando Alfredo Castillero Hoyos asistió en representación del Foro).
No se trataba en ningún momento de un apoyo a mi persona y mucho menos, a mi candidatura a Legislador por un nuevo período, sino de apoyar la aprobación de una propuesta de ley cuya adopción, en primer lugar, ellos mismos habían solicitado.
Podría extenderme en relatar todas las reuniones y esfuerzos que se realizaron en noviembre y diciembre para viabilizar un acuerdo partidario que permitiera la aprobación de la Quinta Papeleta y la inclusión en la Constitución del mecanismo de la Asamblea Constituyente Paralela, lo cual finalizó sin éxito, porque, a mi juicio, la presión de los grupos organizados cesó y nos dejó sin base a quienes genuinamente creemos que el cambio constitucional es necesario e impostergable. Para mí, el problema es que no se entendió que la coyuntura exigía de posiciones claras y alianzas estratégicas y lo que predominó fue una actitud anti-partido y anti-Asamblea de quienes, en última instancia, desde la sociedad civil, no les interesaba que se aprobara nada en la Asamblea, para poder mantener su discurso electoral a favor de una candidatura presidencial en específico. Lamentablemente, en ese juego cayeron muchos de muy buena fe, tanto en las esferas de la sociedad civil como en el campo de la clase política.
En mi caso, inicié mi carrera política desde la sociedad civil, como dirigente universitario en la época inmediatamente anterior a la Cruzada Civilista. En aquella época, como muchos de mis compañeros, renegaba de los partidos políticos. Ya iniciada la transición democrática, trabajé en la Asamblea Legislativa bajo la presidencia de Marco Ameglio, quien me demostró tolerancia hacia mis posiciones políticas, muchas veces contradictorias con las suyas. Por ejemplo, para el Referéndum de 1992, siendo funcionario todavía de la Asamblea, escribí artículos en contra de dichas reformas constitucionales y a favor de un proceso constituyente. El entonces Legislador Guillermo Cochez le solicitó a Ameglio que me destituyera (sí, así de profundas son sus convicciones democráticas), a lo cual él no accedió. Posteriormente, tuve la oportunidad de ser Primer Suplente a Legislador (1994-1999), me inscribí en el Partido Arnulfista y ahora soy Legislador de la República, electo por el circuito 8-8 para el período que vence en agosto próximo.
Durante todo este tiempo que he estado activo en política (desde 1985 hasta el presente), he mantenido ciertos criterios y posiciones básicas, que no han variado con el tiempo ni con las circunstancias. Una de ellas es mi posición a favor de la adopción de una nueva Constitución a través de un proceso constituyente. De hecho, he criticado públicamente que el actual gobierno no haya cumplido con su compromiso electoral de dar los pasos iniciales para hacer realidad el cambio constitucional. Hoy, algunas personas que recién se han convencido de la conveniencia de cambiar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente Paralela pretenden cuestionar el compromiso del suscrito, so pretexto de mi situación actual de ser Legislador de la República.
Cuando integrantes del Foro Visión 2020 empezaron a hablar de la Quinta Papeleta, se plantearon dos opciones: o se aprobaba una ley por parte de la Asamblea o se dictaba un decreto ejecutivo por parte del Organo Ejecutivo. La segunda opción es objetada por algunos juristas, ya que consideran que no es atribución de este Organo del Estado, pero nadie cuestiona la competencia de la Asamblea para dictar una ley en el sentido de consultar la opinión del pueblo sobre este particular. Es con ese entendimiento, que en conjunto con otros legisladores de mi bancada, presenté el Anteproyecto de Ley sobre la Quinta Papeleta. Siempre señalé que no era una iniciativa del Gobierno o de la bancada, sino de un grupo de legisladores que quisimos dar la oportunidad de discutir el tema en el parlamento.
El Prof. Jorge Giannareas, en un artículo reciente, me atribuye declaraciones en las que, supuestamente, señalaba que la sociedad civil me había dejado "solo" y concluía que yo argumentaba tal cosa, porque no habían endosado mi candidatura a la reelección. No sé de dónde sacó tal patraña, pero me parece poco leal en el debate de su parte hacer tales afirmaciones. En primer lugar, lo que señalé es que, una vez presentado el anteproyecto, cesó la presión de los grupos organizados de la sociedad civil. Si fue la presión de las firmas, lo que llevó a los candidatos presidenciales a firmar públicamente las libretas del Consejo Ecuménico, una vez el tema fue llevado a la Asamblea, la presión debió arreciar para convencer a los escépticos y renuentes al cambio constitucional de la conveniencia de la consulta ciudadana, pero no hubo la comprensión adecuada de la coyuntura en la que nos encontrábamos.
No se podía partir del supuesto de que se tenían asegurados los votos para aprobar la iniciativa, sino que debía diseñarse una estrategia para lograrlos, convenciendo a los integrantes de las bancadas representadas en la Asamblea de las bondades de la Quinta Papeleta. Y de eso conversé extensamente con representantes del Foro 2020 y de la sociedad civil, especialmente cuando muchos promotores de la Quinta Papeleta dejaron de asistir al debate que organizó la Comisión al momento del prohijamiento del anteproyecto (no sé cómo no se enteró Giannareas de tal consulta, cuando Alfredo Castillero Hoyos asistió en representación del Foro).
No se trataba en ningún momento de un apoyo a mi persona y mucho menos, a mi candidatura a Legislador por un nuevo período, sino de apoyar la aprobación de una propuesta de ley cuya adopción, en primer lugar, ellos mismos habían solicitado.
Podría extenderme en relatar todas las reuniones y esfuerzos que se realizaron en noviembre y diciembre para viabilizar un acuerdo partidario que permitiera la aprobación de la Quinta Papeleta y la inclusión en la Constitución del mecanismo de la Asamblea Constituyente Paralela, lo cual finalizó sin éxito, porque, a mi juicio, la presión de los grupos organizados cesó y nos dejó sin base a quienes genuinamente creemos que el cambio constitucional es necesario e impostergable. Para mí, el problema es que no se entendió que la coyuntura exigía de posiciones claras y alianzas estratégicas y lo que predominó fue una actitud anti-partido y anti-Asamblea de quienes, en última instancia, desde la sociedad civil, no les interesaba que se aprobara nada en la Asamblea, para poder mantener su discurso electoral a favor de una candidatura presidencial en específico. Lamentablemente, en ese juego cayeron muchos de muy buena fe, tanto en las esferas de la sociedad civil como en el campo de la clase política.
