Sociedad civil y transparencia
Por regla general, la sociedad civil ha demandado transparencia y rendición de cuentas de parte de las autoridades, particularmente en lo que concierne a las cuentas del tesoro. Aunque con cierta renuencia, al gobierno no le ha quedado más remedio que aceptar esta exigencia como un elemento legítimo de la democracia y ha buscado incorporarlo paulatinamente al marco jurídico de toda gestión pública.
Ahora, son los personeros del gobierno los que exigen de las asociaciones no gubernamentales el cumplimiento de una serie de formalidades y requisitos con el objetivo imprimirle igual carácter de transparencia y responsabilidad al uso de los fondos públicos que estas organizaciones reciben en forma de subsidios. Como se trata de dineros públicos, no se justifica ningún tipo de resistencia al cumplimiento de la medida y el hecho de que no sea la práctica acostumbrada hasta ahora no constituye una excusa válida para exonerarse de las consiguientes responsabilidades.
Sorpresa e indignación solo podría causar el que no se aplicaran estos controles con un carácter general e igualitario, pues ello denotaría favoritismo político y selectividad en la aplicación de la ley, lo que es en sí mismo una forma de corrupción. Valga aclarar que los controles que se necesitan en materia de responsabilidad financiera no deben parar allí. La sociedad civil debe darle la bienvenida al esfuerzo gubernamental por establecer un marco regulatorio de este tipo de organizaciones y de sus actividades, pues los dineros ilícitos siempre buscarán anidarse allí donde los controles estatales son más débiles. Ahora bien, las autoridades no deben equivocar el cómo en este legítimo intento: es importante que se escuchen los planteamientos de las distintas organizaciones y que haya un proceso de participación y consulta pública de modo que haya terreno fértil para malas interpretaciones. Más allá del lógico malestar que causa la introducción de nuevos hábitos en materia de rendición de cuentas, debemos tener claro que al final la sociedad sale ganando. Por eso debemos respaldar la exigencia de transparencia en las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
Ahora, son los personeros del gobierno los que exigen de las asociaciones no gubernamentales el cumplimiento de una serie de formalidades y requisitos con el objetivo imprimirle igual carácter de transparencia y responsabilidad al uso de los fondos públicos que estas organizaciones reciben en forma de subsidios. Como se trata de dineros públicos, no se justifica ningún tipo de resistencia al cumplimiento de la medida y el hecho de que no sea la práctica acostumbrada hasta ahora no constituye una excusa válida para exonerarse de las consiguientes responsabilidades.
Sorpresa e indignación solo podría causar el que no se aplicaran estos controles con un carácter general e igualitario, pues ello denotaría favoritismo político y selectividad en la aplicación de la ley, lo que es en sí mismo una forma de corrupción. Valga aclarar que los controles que se necesitan en materia de responsabilidad financiera no deben parar allí. La sociedad civil debe darle la bienvenida al esfuerzo gubernamental por establecer un marco regulatorio de este tipo de organizaciones y de sus actividades, pues los dineros ilícitos siempre buscarán anidarse allí donde los controles estatales son más débiles. Ahora bien, las autoridades no deben equivocar el cómo en este legítimo intento: es importante que se escuchen los planteamientos de las distintas organizaciones y que haya un proceso de participación y consulta pública de modo que haya terreno fértil para malas interpretaciones. Más allá del lógico malestar que causa la introducción de nuevos hábitos en materia de rendición de cuentas, debemos tener claro que al final la sociedad sale ganando. Por eso debemos respaldar la exigencia de transparencia en las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
