Soluciones en salud
Las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional con relación al problema de la salud en los últimos días constituyen un rosario de errores acumulados sobre errores que han servido para acallar a la opinión pública, pero que representan soluciones innecesariamente complicadas y costosas. Tanto en el caso de la atención a los pacientes de hemodiálisis del Hospital del Seguro Social como en el de la mejora a las instalaciones del Hospital Oncológico podrían haberse implementado alternativas más eficaces y económicas que enviar a los enfermos a Colombia y que asumir los elevadísimos costos de mantenimiento del Hospital Gorgas.
En primer lugar es necesario aclarar que en Panamá existen médicos capacitados y facilidades adecuadas para ejecutar las operaciones de trasplante de riñón procedente de donantes tanto de vivos como de cadáveres. Solamente el año pasado se realizaron en el Hospital del Seguro Social, con éxito más, de sesenta trasplantes, y en ellos participaron nuestros médicos mostrando una pericia y dedicación digna de reconocimiento.
El problema actual surge porque la administración de la Caja de Seguro Social prefiere gastar sus fondos enviando a los pacientes al extranjero para ser operados por colombianos que concederle un incentivo a sus médicos panameños. Hay que tener en cuenta que realizar estas operaciones supone una enorme responsabilidad adicional, y que las mismas se llevan a cabo en muchas ocasiones de urgencia en horas de la madrugada, debido a que su programación depende solamente de la existencia de un donante.
Algo similar ocurre con el tema del Oncológico. Cuando la Administración de la Región Interoceánica ofreció el edificio del Hospital Gorgas al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social, tanto la Ministra de Salud como la Directora de la Caja respondieron que no podían enfrentar los costos de mantenimiento de unas instalaciones viejas y con problemas graves de diseño. Actualmente la ARI invierte solamente en seguridad y limpieza de la infraestructura sesenta mil balboas al mes, aunque el hospital no está funcionando.
Tenemos que reconocer la rápida actuación de las autoridades como respuesta a la presión política aplicada por justos reclamos de los afectados, pero a la vez es necesario denunciar que en ninguno de los dos casos se están tomando las mejores decisiones en términos del interés nacional. Pagarle a los colombianos lo que podría servir para mejorar el ingreso de los panameños, o dedicar a mantenimiento de viejas instalaciones lo que podría invertirse en modernos hospitales no parece ser la mejor decisión.
En primer lugar es necesario aclarar que en Panamá existen médicos capacitados y facilidades adecuadas para ejecutar las operaciones de trasplante de riñón procedente de donantes tanto de vivos como de cadáveres. Solamente el año pasado se realizaron en el Hospital del Seguro Social, con éxito más, de sesenta trasplantes, y en ellos participaron nuestros médicos mostrando una pericia y dedicación digna de reconocimiento.
El problema actual surge porque la administración de la Caja de Seguro Social prefiere gastar sus fondos enviando a los pacientes al extranjero para ser operados por colombianos que concederle un incentivo a sus médicos panameños. Hay que tener en cuenta que realizar estas operaciones supone una enorme responsabilidad adicional, y que las mismas se llevan a cabo en muchas ocasiones de urgencia en horas de la madrugada, debido a que su programación depende solamente de la existencia de un donante.
Algo similar ocurre con el tema del Oncológico. Cuando la Administración de la Región Interoceánica ofreció el edificio del Hospital Gorgas al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social, tanto la Ministra de Salud como la Directora de la Caja respondieron que no podían enfrentar los costos de mantenimiento de unas instalaciones viejas y con problemas graves de diseño. Actualmente la ARI invierte solamente en seguridad y limpieza de la infraestructura sesenta mil balboas al mes, aunque el hospital no está funcionando.
Tenemos que reconocer la rápida actuación de las autoridades como respuesta a la presión política aplicada por justos reclamos de los afectados, pero a la vez es necesario denunciar que en ninguno de los dos casos se están tomando las mejores decisiones en términos del interés nacional. Pagarle a los colombianos lo que podría servir para mejorar el ingreso de los panameños, o dedicar a mantenimiento de viejas instalaciones lo que podría invertirse en modernos hospitales no parece ser la mejor decisión.
