¿Son posibles otros consensos?
Con satisfacción hay que recibir los acuerdos recientemente alcanzados sobre dos temas de capital importancia para el futuro desarrollo de la nación: "Los fundamentos de la Estrategia de Seguridad Nacional" y "El Fondo Fiduciario". En el primero concurrieron el Gobierno, el PRD y el PDC; en el segundo, básicamente el Gobierno y el principal partido de oposición, el PRD.
Esos acuerdos constituyen una prueba de que nuestra clase política, tan desprestigiada a los ojos del ciudadano común, en parte por sus propios errores, pero también por la especial saña con que algunos sectores supuestamente apolíticos, tratan de usarla como trampolín para ganar en "influencia política", ocasionalmente puede empinarse y estar a la altura de las circunstancias.
Desde que comencé a escribir esta columna semanal hace cinco años (no le parecía que fueran tantos), he venido sosteniendo que antes que denigrar a la política como actividad, lo que constituye un craso error, lo que se impone es tratar de mejorarla rechazando a los malos políticos o a sus malas actuaciones, pero estimulando las que son beneficiosas para el país.
La votación registrada en la Asamblea Legislativa, en la que 64 legisladores de 71 dieron su voto favorable a las modificaciones de la Ley del Fondo Fiduciario, es prueba de que hay esperanzas de redención para nuestra clase política.
No acabé de entender el voto de la denominada "bancada popular". Tal pareciera que más que a una preocupación objetiva por los alcances o implicaciones de las reformas aprobadas, su abstención obedeció a que no pudo imponer su propuesta o al temor de perder las excesivas ventajas que les han reportado sus votos, insignificantes en número, pero decisivos dada la correlación de fuerzas que existe en la Asamblea Legislativa.
El país para poder avanzar necesita de otros consensos nacionales. Los dos que vengo comentando son un paso positivo y ojalá que el preludio de una nueva forma de entender la política. Entre los consensos que sería positivo alcanzar están:
El diseño y adopción de una estrategia nacional para enfrentar la amenaza, más grave de lo que muchos piensan, que representa la campaña, cada vez más radicalizada, que se ha montado contra nuestro país y que nos señala, injustamente, como paraíso fiscal o como negligentes para combatir el lavado de dinero o el narcotráfico.
Los efectos de esa campaña pueden comprometer y retrasar muy seriamente todos nuestros esfuerzos de desarrollo económico y social.
La reforma de la Constitución Política. Nadie discute que a la Carta vigente es necesario introducirle reformas, pero antes de llegar a su concreción se impone que lleguemos a un acuerdo nacional sobre el contenido antes que sobre el método para adoptarlas.
En ese campo, como en muchos otros de alta sensibilidad, las alternativas están a la orden del día. Sin embargo, si en vez de propiciar las soluciones extremas o radicales, nos concentráramos en lograr un acuerdo conceptual sobre el contenido de las reformas, encuentro posible que evitemos las confrontaciones que no convienen a nadie.
Las reformas electorales. Es obvio que las normas vigentes han dejado un considerable saldo de insatisfacciones y, por tanto, deben revisarse y reformarse para que efectivamente contribuyan a la consolidación de nuestra democracia. Sobre ese tema, también es impostergable alcanzar un consenso nacional.
Algunas de las reformas al sistema electoral necesariamente deberán incluirse en las modificaciones a la Constitución Política, pero muchas otras pueden adoptarse con tan sólo la voluntad de sus principales beneficiarios, que son los partidos políticos y sin que haya que esperar por la reforma constitucional.
Nuestra clase política ha dado un paso gigantesco con los acuerdos sobre la Estrategia de Seguridad y el Fondo Fiduciario, pero todavía hay otras áreas de interés nacional, como las mencionadas o la de la Seguridad Social, sobre las cuales deberían buscarse y alcanzarse consensos que son necesarios.
Todos sabemos quiénes pueden ser los promotores y gestores de esos acuerdos nacionales. Ojalá que el buen sentido siga primando entre nuestros actores políticos.
El país ganaría, y ellos también.
Esos acuerdos constituyen una prueba de que nuestra clase política, tan desprestigiada a los ojos del ciudadano común, en parte por sus propios errores, pero también por la especial saña con que algunos sectores supuestamente apolíticos, tratan de usarla como trampolín para ganar en "influencia política", ocasionalmente puede empinarse y estar a la altura de las circunstancias.
Desde que comencé a escribir esta columna semanal hace cinco años (no le parecía que fueran tantos), he venido sosteniendo que antes que denigrar a la política como actividad, lo que constituye un craso error, lo que se impone es tratar de mejorarla rechazando a los malos políticos o a sus malas actuaciones, pero estimulando las que son beneficiosas para el país.
La votación registrada en la Asamblea Legislativa, en la que 64 legisladores de 71 dieron su voto favorable a las modificaciones de la Ley del Fondo Fiduciario, es prueba de que hay esperanzas de redención para nuestra clase política.
No acabé de entender el voto de la denominada "bancada popular". Tal pareciera que más que a una preocupación objetiva por los alcances o implicaciones de las reformas aprobadas, su abstención obedeció a que no pudo imponer su propuesta o al temor de perder las excesivas ventajas que les han reportado sus votos, insignificantes en número, pero decisivos dada la correlación de fuerzas que existe en la Asamblea Legislativa.
El país para poder avanzar necesita de otros consensos nacionales. Los dos que vengo comentando son un paso positivo y ojalá que el preludio de una nueva forma de entender la política. Entre los consensos que sería positivo alcanzar están:
El diseño y adopción de una estrategia nacional para enfrentar la amenaza, más grave de lo que muchos piensan, que representa la campaña, cada vez más radicalizada, que se ha montado contra nuestro país y que nos señala, injustamente, como paraíso fiscal o como negligentes para combatir el lavado de dinero o el narcotráfico.
Los efectos de esa campaña pueden comprometer y retrasar muy seriamente todos nuestros esfuerzos de desarrollo económico y social.
La reforma de la Constitución Política. Nadie discute que a la Carta vigente es necesario introducirle reformas, pero antes de llegar a su concreción se impone que lleguemos a un acuerdo nacional sobre el contenido antes que sobre el método para adoptarlas.
En ese campo, como en muchos otros de alta sensibilidad, las alternativas están a la orden del día. Sin embargo, si en vez de propiciar las soluciones extremas o radicales, nos concentráramos en lograr un acuerdo conceptual sobre el contenido de las reformas, encuentro posible que evitemos las confrontaciones que no convienen a nadie.
Las reformas electorales. Es obvio que las normas vigentes han dejado un considerable saldo de insatisfacciones y, por tanto, deben revisarse y reformarse para que efectivamente contribuyan a la consolidación de nuestra democracia. Sobre ese tema, también es impostergable alcanzar un consenso nacional.
Algunas de las reformas al sistema electoral necesariamente deberán incluirse en las modificaciones a la Constitución Política, pero muchas otras pueden adoptarse con tan sólo la voluntad de sus principales beneficiarios, que son los partidos políticos y sin que haya que esperar por la reforma constitucional.
Nuestra clase política ha dado un paso gigantesco con los acuerdos sobre la Estrategia de Seguridad y el Fondo Fiduciario, pero todavía hay otras áreas de interés nacional, como las mencionadas o la de la Seguridad Social, sobre las cuales deberían buscarse y alcanzarse consensos que son necesarios.
Todos sabemos quiénes pueden ser los promotores y gestores de esos acuerdos nacionales. Ojalá que el buen sentido siga primando entre nuestros actores políticos.
El país ganaría, y ellos también.
