S.O.S., clase media a la calle
RECIENTEMENTE, ha cobrado vigencia el tema de la ley de intereses preferenciales dirigidos a préstamos hipotecarios para residencias cuyo valor sea menor a $62,500.00. Si recordamos, el sentido social para el cual fue creada esta ley radicaba en hacer más accesible al pueblo el financiamiento de sus residencias nuevas.
Hace poco la ministra de Vivienda, Balbina Herrera, puso sobre el tapete la necesidad de revisar este subsidio que el Estado da, bajo el argumento de que éste no está promoviendo la construcción de casas de interés social y no ha contribuido a resolver el problema habitacional de la población, ni siquiera a bajar el precio de las residencias para la clase media, en momentos en que hay un boom de la construcción y una bonanza económica en Panamá.
De ser revisada la ley, habrá varios escenarios. Uno de ellos es que el techo del precio de las casas que aplican para interés preferencial, baje. Esto traería como consecuencia que los inversionistas no estén motivados a construir casas para ciudadanos de la clase media, porque tendrían que bajar los precios para que las viviendas entren en el marco de los intereses preferenciales; los márgenes de ganancia se reducirían a consecuencia del aumento en el precio de las materia prima para la construcción de lasmismas, combinado esto con la reducción del precio antes mencionada.
Esa situación produciría una escasez de casas para ciudadanos de clase media.
La otra opción, la que proponen las inmobiliarias, es que se suba el techo del precio de las casas que aplican para interés preferencial, porque ello motivaría la inversión en este tipo de viviendas, lo cual según ellos, redundaría en beneficio de la población.
Lo que no dicen las inmobiliarias es que de subirse el techo del precio de las casas que aplican para este subsidio, ellas también subirían los precios porque habría mayor demanda para este tipo de residencias; aunado esto con que los precios de los materiales han subido y los accionistas siempre desean mantener sus márgenes de utilidad, lo cual es lógico para ellos pero no para el grueso de la población que indirectamente subsidia esos márgenes. Además, la clase media estaría pagando más por lo mismo.
La ministra de Vivienda tiene un gran reto en este tema, porque si no se maneja con prudencia, podría ser un alto costo político o bien de un alto costo económico para el país.
Las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS, prácticamente, han impuesto al país una serie de parámetros para que seamos vistos con buenos ojos por ellas, y entre las tantas imposiciones que se nos dan, está la reducción o eliminación de muchos de los subsidios como éste, para cumplir con las metas que nos fijan año tras año; y los gobiernos tienen que alcanzarlas, aunque a veces su cumplimiento vaya en perjuicio del pueblo, como en este caso.
Mi propuesta es que el porcentaje de subsidio que hace el gobierno a los bancos para sostener el interés preferencial se vaya reduciendo poco a poco y no abruptamente, porque esto permitiría a todas las partes interesadas (Gobierno, inmobiliarias, pueblo) ajustarse paulatinamente a los cambios y prepararse para enfrentarlos utilizando la creatividad e innovando en los mecanismos que permitan afrontar cambios sin ir en detrimento de ninguna de las partes, y tampoco haría más difícil la vida para la clase media profesional que en los últimos años ha sido castigada con las reformas tributarias, los aumentos en los costos de la energía eléctrica, el combustible, etc., basados en políticas más populistas que populares.
Hace poco la ministra de Vivienda, Balbina Herrera, puso sobre el tapete la necesidad de revisar este subsidio que el Estado da, bajo el argumento de que éste no está promoviendo la construcción de casas de interés social y no ha contribuido a resolver el problema habitacional de la población, ni siquiera a bajar el precio de las residencias para la clase media, en momentos en que hay un boom de la construcción y una bonanza económica en Panamá.
De ser revisada la ley, habrá varios escenarios. Uno de ellos es que el techo del precio de las casas que aplican para interés preferencial, baje. Esto traería como consecuencia que los inversionistas no estén motivados a construir casas para ciudadanos de la clase media, porque tendrían que bajar los precios para que las viviendas entren en el marco de los intereses preferenciales; los márgenes de ganancia se reducirían a consecuencia del aumento en el precio de las materia prima para la construcción de lasmismas, combinado esto con la reducción del precio antes mencionada.
Esa situación produciría una escasez de casas para ciudadanos de clase media.
La otra opción, la que proponen las inmobiliarias, es que se suba el techo del precio de las casas que aplican para interés preferencial, porque ello motivaría la inversión en este tipo de viviendas, lo cual según ellos, redundaría en beneficio de la población.
Lo que no dicen las inmobiliarias es que de subirse el techo del precio de las casas que aplican para este subsidio, ellas también subirían los precios porque habría mayor demanda para este tipo de residencias; aunado esto con que los precios de los materiales han subido y los accionistas siempre desean mantener sus márgenes de utilidad, lo cual es lógico para ellos pero no para el grueso de la población que indirectamente subsidia esos márgenes. Además, la clase media estaría pagando más por lo mismo.
La ministra de Vivienda tiene un gran reto en este tema, porque si no se maneja con prudencia, podría ser un alto costo político o bien de un alto costo económico para el país.
Las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS, prácticamente, han impuesto al país una serie de parámetros para que seamos vistos con buenos ojos por ellas, y entre las tantas imposiciones que se nos dan, está la reducción o eliminación de muchos de los subsidios como éste, para cumplir con las metas que nos fijan año tras año; y los gobiernos tienen que alcanzarlas, aunque a veces su cumplimiento vaya en perjuicio del pueblo, como en este caso.
Mi propuesta es que el porcentaje de subsidio que hace el gobierno a los bancos para sostener el interés preferencial se vaya reduciendo poco a poco y no abruptamente, porque esto permitiría a todas las partes interesadas (Gobierno, inmobiliarias, pueblo) ajustarse paulatinamente a los cambios y prepararse para enfrentarlos utilizando la creatividad e innovando en los mecanismos que permitan afrontar cambios sin ir en detrimento de ninguna de las partes, y tampoco haría más difícil la vida para la clase media profesional que en los últimos años ha sido castigada con las reformas tributarias, los aumentos en los costos de la energía eléctrica, el combustible, etc., basados en políticas más populistas que populares.
