Sudán S.O.S.
En América Latina, tendemos generalmente a ver al continente africano como parte de una realidad muy distante, difusa, casi inasible. Si a ello le agregamos las urgencias que nuestra propia problemática política y social nos impone, las posibilidades de seguir la realidad africana se tornan mínimas. Sin embargo, en la última década sucesos particularmente graves registrados en Africa captaron nuestra atención. El impacto humano de esos fenómenos permitió que las noticias ingresaran a nuestros hogares a través de los medios masivos de comunicación, haciendo a un lado las preocupaciones domésticas más inmediatas. Así ocurrió, por ejemplo, con el genocidio de Rwanda, cuando en 1994 fueron masacrados más de medio millón de integrantes de la etnia Tutsi, ante la pasividad de la comunidad internacional.
Seis años después, y no tan lejos de Rwanda, la alarma vuelve a encenderse. Una vez más, la posibilidad de un genocidio puede convertirse en realidad. Ahora se trata de Sudán, el país más extenso de Africa, ubicado en el noreste del continente, y por cuya superficie discurre gran parte del río Nilo. Es allí donde, desde hace prácticamente dos décadas, un despiadado conflicto armado envuelve a la población civil.
En 1989, Omar Al-Bashir se apropió del poder por medio de un golpe militar. Como titular de un régimen sectario y despótico, Al-Bashir se propuso imponer el islamismo como religión de Estado. Desde entonces, la realidad interna de Sudán se ha agravado sensiblemente. Las órdenes dadas desde la capital, Khartum, han llevado a las fuerzas militares del gobierno y a las milicias armadas fomentadas por éste, a emprender una guerra de exterminio contra las distintas etnias. El Gobierno Central también ha fomentado disputas entre los diferentes grupos para debilitarlos, dividirlos y finalmente imponerse sobre ellos. A la intolerancia religiosa que impulsa la persecución de los cristianos (católicos y episcopales), practicantes de creencias locales, e incluso, de algunos musulmanes, las autoridades suman una codicia desenfrenada. Las acciones bélicas se orientan a "limpiar" de población las áreas petroleras del centro y sur del país. De este modo, pueden ser concedidas a las compañías extranjeras para su explotación. El círculo vicioso se completa con el cobro de importantes regalías que se destinan principalmente a la adquisición de armamento y al fortalecimiento del aparato represivo del Estado. Con ello, se alimenta el ciclo de hostigamiento de las minorías Dinkas, Nuba y Nuer.
Las autoridades sudanesas consideran legítimos como métodos de lucha, incluso, aquellos más inhumanos. Eso les permite bombardear hospitales, escuelas, iglesias, viviendas, campamentos de la Cruz Roja Internacional y de Naciones Unidas, y recurrir a la captura, tortura y ejecución extrajudicial de sus opositores. Otro recurso "válido" consiste en impedir que la ayuda humanitaria llegue a las zonas más castigadas por el conflicto. Además, el gobierno permite el incendio, destrucción deliberada y erradicación de los emplazamientos humanos, la matanza del ganado y la inutilización de todo aquello que permita la supervivencia humana. Human Rights Watch ha reportado que la violación sistemática, rapto y posterior venta de las mujeres a los traficantes de esclavos, son alentados por las autoridades. Otra práctica frecuentemente utilizada es el traslado forzoso de personas en condiciones climáticas extremadamente adversas, que en muchos casos llevan a la muerte. Según un informe de Amnistía Internacional, el conflicto ha desarraigado a más de 4 millones y medio de personas. Esto convierte a Sudán en el país del mundo con mayor número de desplazados internos. Asimismo, miles de personas se han visto obligadas a refugiarse en países vecinos como Etiopía, Congo y Uganda. A este cuadro de profundo desprecio por la vida humana generado por las autoridades sudanesas, deben agregarse las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los grupos armados de la oposición.
Hasta aquí, Occidente ha sido en gran medida indiferente a la tragedia del pueblo sudanés. La prensa internacional ha asignado al conflicto un carácter marginal; por otra parte, la cobertura brindada al mismo ha estado de acuerdo con esa valoración. A nivel de los gobiernos, países tales como Canadá, China, Malasia y varios integrantes de la Unión Europea se han mostrado dispuestos a mantener, y en algunos casos a ampliar, sus contactos con el abusivo régimen de Al-Bashir. Esto se debe a consideraciones exclusivamente económicas que desplazan a las urgencias humanitarias. En cambio, una reacción positiva ha sido propulsada por los Estados Unidos. Ello ha impedido a Sudán llegar a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin embargo, las medidas aisladas son insuficientes. Occidente debe concertar desde el máximo foro internacional, acciones que pongan fin a la devastación sistemática del pueblo sudanés. Una tragedia de estas dimensiones no permite esperar.
Seis años después, y no tan lejos de Rwanda, la alarma vuelve a encenderse. Una vez más, la posibilidad de un genocidio puede convertirse en realidad. Ahora se trata de Sudán, el país más extenso de Africa, ubicado en el noreste del continente, y por cuya superficie discurre gran parte del río Nilo. Es allí donde, desde hace prácticamente dos décadas, un despiadado conflicto armado envuelve a la población civil.
En 1989, Omar Al-Bashir se apropió del poder por medio de un golpe militar. Como titular de un régimen sectario y despótico, Al-Bashir se propuso imponer el islamismo como religión de Estado. Desde entonces, la realidad interna de Sudán se ha agravado sensiblemente. Las órdenes dadas desde la capital, Khartum, han llevado a las fuerzas militares del gobierno y a las milicias armadas fomentadas por éste, a emprender una guerra de exterminio contra las distintas etnias. El Gobierno Central también ha fomentado disputas entre los diferentes grupos para debilitarlos, dividirlos y finalmente imponerse sobre ellos. A la intolerancia religiosa que impulsa la persecución de los cristianos (católicos y episcopales), practicantes de creencias locales, e incluso, de algunos musulmanes, las autoridades suman una codicia desenfrenada. Las acciones bélicas se orientan a "limpiar" de población las áreas petroleras del centro y sur del país. De este modo, pueden ser concedidas a las compañías extranjeras para su explotación. El círculo vicioso se completa con el cobro de importantes regalías que se destinan principalmente a la adquisición de armamento y al fortalecimiento del aparato represivo del Estado. Con ello, se alimenta el ciclo de hostigamiento de las minorías Dinkas, Nuba y Nuer.
Las autoridades sudanesas consideran legítimos como métodos de lucha, incluso, aquellos más inhumanos. Eso les permite bombardear hospitales, escuelas, iglesias, viviendas, campamentos de la Cruz Roja Internacional y de Naciones Unidas, y recurrir a la captura, tortura y ejecución extrajudicial de sus opositores. Otro recurso "válido" consiste en impedir que la ayuda humanitaria llegue a las zonas más castigadas por el conflicto. Además, el gobierno permite el incendio, destrucción deliberada y erradicación de los emplazamientos humanos, la matanza del ganado y la inutilización de todo aquello que permita la supervivencia humana. Human Rights Watch ha reportado que la violación sistemática, rapto y posterior venta de las mujeres a los traficantes de esclavos, son alentados por las autoridades. Otra práctica frecuentemente utilizada es el traslado forzoso de personas en condiciones climáticas extremadamente adversas, que en muchos casos llevan a la muerte. Según un informe de Amnistía Internacional, el conflicto ha desarraigado a más de 4 millones y medio de personas. Esto convierte a Sudán en el país del mundo con mayor número de desplazados internos. Asimismo, miles de personas se han visto obligadas a refugiarse en países vecinos como Etiopía, Congo y Uganda. A este cuadro de profundo desprecio por la vida humana generado por las autoridades sudanesas, deben agregarse las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los grupos armados de la oposición.
Hasta aquí, Occidente ha sido en gran medida indiferente a la tragedia del pueblo sudanés. La prensa internacional ha asignado al conflicto un carácter marginal; por otra parte, la cobertura brindada al mismo ha estado de acuerdo con esa valoración. A nivel de los gobiernos, países tales como Canadá, China, Malasia y varios integrantes de la Unión Europea se han mostrado dispuestos a mantener, y en algunos casos a ampliar, sus contactos con el abusivo régimen de Al-Bashir. Esto se debe a consideraciones exclusivamente económicas que desplazan a las urgencias humanitarias. En cambio, una reacción positiva ha sido propulsada por los Estados Unidos. Ello ha impedido a Sudán llegar a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin embargo, las medidas aisladas son insuficientes. Occidente debe concertar desde el máximo foro internacional, acciones que pongan fin a la devastación sistemática del pueblo sudanés. Una tragedia de estas dimensiones no permite esperar.
