¿Supuesto delito o supuesta falsificación?
El "trepaquesube" de los pinchazos comenzó cuando se destapó, con gran despliegue en los medios de comunicación, la supuesta comisión de un delito de violación del derecho a la privacidad, garantía fundamental consagrada en el artículo 29 de la Constitución. El supuesto delito fue atribuido a la ministra de la Presidencia y como prueba se enarboló un supuesto memorando, en el que, se dijo, había instruido intervenir los teléfonos de más de un centenar de panameñas y panameños. El listado, por lo variopinto, debió haber inducido a sospecha o sugerido cautela, pero no fue así.
Cuando con gran fanfarria se hizo público el supuesto desliz ministerial, como era de esperar, muchos enemigos políticos y "algunos imparciales y muy preocupados ciudadanos y ciudadanas" se lanzaron tras la supuesta presa y materialmente crucificaron al gobierno, exigiéndole explicaciones.
Como el supuesto delito era tan grave, si el gobierno no realizaba una investigación que aclarara hasta niveles microscópicos su inocencia, según ellos, esa sería la prueba irrefutable de su culpabilidad y, como consecuencia, para comenzar debía ser condenado a la expiación pública, y quién sabe si hasta enjuiciado políticamente.
Si el gobierno hubiera actuado con pasividad para aclarar los hechos, ya pueden imaginarse con qué gusto los sectores interesados hubieran atizado el fuego. Pero como por instrucciones específicas de la Presidencia de la República se tomó la ofensiva para promover su rápido esclarecimiento, comenzando por refutar, por ser falso, el famoso memorando, entonces vimos surgir las más disímiles teorías que llegaron hasta la insinuación de una prefabricación, también atribuible al gobierno, para crear una cortina de humo y desviar la atención de otros problemas.
Como resultado de las investigaciones, altas autoridades del gobierno demostraron que el cacareado "cuerpo del delito" fue distribuido desde un fax cuya ubicación y propiedad también se comprobó. Ante ese hecho, hubiera sido lógico y esperable que se recogieran velas, pero después de haberse estado afilando los colmillos tal parece que a los perseguidores todavía seguía mareándoles la sangre que creyeron oler.
Cuando se actúa prejuiciadamente se pierde la objetividad. Y no otra cosa es lo que ha ocurrido con las derivaciones interpretativas que han podido leerse en algunos medios. Si instancias como el Consejo de Seguridad y la Policía Técnica Judicial han comprobado de dónde salió el facsímil enviado a los medios de comunicación, y la supuesta autora del memorando ha denunciado su falsedad, resulta inexplicable que en vez de darle crédito a esas aseveraciones se continúe explorando con nuevas teorías que rayan en el disparate. Por esa vía se ha llegado hasta el extremo absurdo de calificar al supuesto memorando como "supuesta falsificación" en una abierta perversión de la lógica.
Para volver las cosas al orden lógico, enmarcado en la objetividad, lo que debe quedar en claro es: 1) que el supuesto delito imputado al gobierno fue una burda patraña montada sobre la divulgación de un documento falso, 2) que se ha demostrado de dónde salió el documento apócrifo, 3) que son las personas vinculadas al lugar del que salió el supuesto memorando los que deben ser investigados como presuntos responsables de un delito agravado de falsificación y 4) que corresponde a las autoridades competentes, y no a los especuladores, concluir la investigación y ofrecer sus conclusiones, sin interferencias oficiosas de parcializados terceros intereses.
Cuando con gran fanfarria se hizo público el supuesto desliz ministerial, como era de esperar, muchos enemigos políticos y "algunos imparciales y muy preocupados ciudadanos y ciudadanas" se lanzaron tras la supuesta presa y materialmente crucificaron al gobierno, exigiéndole explicaciones.
Como el supuesto delito era tan grave, si el gobierno no realizaba una investigación que aclarara hasta niveles microscópicos su inocencia, según ellos, esa sería la prueba irrefutable de su culpabilidad y, como consecuencia, para comenzar debía ser condenado a la expiación pública, y quién sabe si hasta enjuiciado políticamente.
Si el gobierno hubiera actuado con pasividad para aclarar los hechos, ya pueden imaginarse con qué gusto los sectores interesados hubieran atizado el fuego. Pero como por instrucciones específicas de la Presidencia de la República se tomó la ofensiva para promover su rápido esclarecimiento, comenzando por refutar, por ser falso, el famoso memorando, entonces vimos surgir las más disímiles teorías que llegaron hasta la insinuación de una prefabricación, también atribuible al gobierno, para crear una cortina de humo y desviar la atención de otros problemas.
Como resultado de las investigaciones, altas autoridades del gobierno demostraron que el cacareado "cuerpo del delito" fue distribuido desde un fax cuya ubicación y propiedad también se comprobó. Ante ese hecho, hubiera sido lógico y esperable que se recogieran velas, pero después de haberse estado afilando los colmillos tal parece que a los perseguidores todavía seguía mareándoles la sangre que creyeron oler.
Cuando se actúa prejuiciadamente se pierde la objetividad. Y no otra cosa es lo que ha ocurrido con las derivaciones interpretativas que han podido leerse en algunos medios. Si instancias como el Consejo de Seguridad y la Policía Técnica Judicial han comprobado de dónde salió el facsímil enviado a los medios de comunicación, y la supuesta autora del memorando ha denunciado su falsedad, resulta inexplicable que en vez de darle crédito a esas aseveraciones se continúe explorando con nuevas teorías que rayan en el disparate. Por esa vía se ha llegado hasta el extremo absurdo de calificar al supuesto memorando como "supuesta falsificación" en una abierta perversión de la lógica.
Para volver las cosas al orden lógico, enmarcado en la objetividad, lo que debe quedar en claro es: 1) que el supuesto delito imputado al gobierno fue una burda patraña montada sobre la divulgación de un documento falso, 2) que se ha demostrado de dónde salió el documento apócrifo, 3) que son las personas vinculadas al lugar del que salió el supuesto memorando los que deben ser investigados como presuntos responsables de un delito agravado de falsificación y 4) que corresponde a las autoridades competentes, y no a los especuladores, concluir la investigación y ofrecer sus conclusiones, sin interferencias oficiosas de parcializados terceros intereses.
