TALM y reformas
ENTRE 1991 y 1992, me correspondió como Vicecanciller de la República, presidir el equipo negociador del primer Tratado de Asistencia Legal Mutua (TALM). El tema fue de gran complejidad. Me acompañaron en esa tarea, destacados profesionales como el Dr. Carlos Arosemena Arias, Ricardo Durling, Eloy Alfaro, Luis H. Moreno Jr., todo el Consejo de Relaciones Exteriores que sirvió de asesor permanente y de gran valía por la experiencia acumulada de muchos de sus miembros en negociaciones previas y trascendentales con Estados Unidos (EU) sobre el tema canalero, así como un equipo técnico de la Procuraduría y de otros organismos del Estado. El papel de Julio Linares y el apoyo irrestricto de Guillermo Endara y sus dos vicepresidentes fue también de gran aporte y base política. Era el primer intento de entrar a negociar algo que antes era considerado un tabú para los panameños.
Por ello, el alto grado de desconfianza que existía de parte de todos los sectores organizados relacionados con el sector de servicios internacionales. Se temía que se permitiera la apertura del tradicional sistema fiscal de la República basado en el principio de la territorialidad y que se permitiera compartir información respecto de investigaciones fiscales que llevaran adelante las autoridades norteamericanas respecto de nacionales de su país o personas vinculadas con investigaciones en esa jurisdicción.
Como era de esperarse, la negociación fue muy dura. Acabábamos de salir de la invasión y sus secuelas, por lo que la dermis nacional estaba muy sensitiva. Los Estados Unidos condicionaron ayuda económica vital para el proceso de reconstrucción de la economía a la firma de ese tratado, entre otros. La primera propuesta incluía el intercambio de información sobre todos los aspectos, fueran o no delito en Panamá. Se rechazó con grandes argumentos. El principal, que la doble criminalidad era irrenunciable, es decir, los delitos sujetos a intercambio tenían que ser delito en ambas jurisdicciones. Los temas fiscales eran fuertemente solicitados. No se accedió a ellos bajo ningún propósito. Acceder a esta pretensión hubiera acabado el sistema fiscal panameño y disminuido la ventaja comparativa de Panamá frente a otras jurisdicciones que, a la sazón, ya competían agresivamente con Panamá. Se iniciaba la apertura del mundo, y la globalización avanzaba a pasos firmes, por lo que era una locura quitarle o restarle competitividad a Panamá en aquellos temas en donde teníamos fortalezas.
Luego de grandes obstáculos, amenazas y profundas diferencias, se logró excluir, con base en lo aceptado por Estados Unidos respecto de Bahamas, todo el tema fiscal de la materia objeto de intercambio, aparte de regular el mismo, de manera centralizada, a través de una autoridad central que pudiera analizar todas las solicitudes y rechazarlas, sin necesidad de dar explicaciones, si éstas no se atenían a lo dispuesto en el tratado. El debate legislativo fue cruento. La bancada opositora del PRD fue virulenta en sus ataques, así como tenaz y vertical la posición de importantes sectores que se oponían al tratado. Se dieron más de 21 reuniones en la Comisión de RR.EE. de la Asamblea y cerca de dos semanas en el pleno. No hubo duda que no se despejara y cuestionamiento que no se pudiera sustentar. Se aprobó y luego pasaron tres años hasta que EU hizo lo propio en el Senado. El embajador Heanton, en el acto de firma del tratado, inició sus palabras diciendo que éste no era el tratado que Estados Unidos quería, pero que lo aceptaban y respetarían. Luego vinieron otros, aunque el camino fue más fácil ya que habíamos ganado la confianza del país al defender con garras un interés nacional que sigue siendo caro y vital.
Las reformas planteadas modifican todo el esquema fiscal tradicional del país y desvirtúan todo lo logrado al preservar la territorialidad como la base del sistema panameño. La redacción bordea peligrosamente la posibilidad de que funcionarios de la administración tengan a su alcance información que sin control alguno puedan compartir con autoridades extranjeras al margen de las exigencias y salvaguardas que tienen los TALMs vigentes no sólo con EU, sino con otros países que hoy rigen tan importante materia. Por otro lado, abren la puerta de manera indirecta para recibir ahora propuestas para firmar acuerdos de intercambio de información fiscal, sin ya mayores argumentos para no hacerlo, luego de aprobadas las reformas. Estamos renunciando a preservar un sistema que nos ha dado grandes ventajas frente al mundo y que es un pilar de nuestra economía de servicios a cambio de nada cierto que lo reemplace. Lo único seguro es que perderemos competitividad y confianza ante los usuarios internacionales.
Además de lo anterior, la reforma desvirtúa todo el esfuerzo hecho y los resultados logrados por el país para lograr salir de las discriminatorias listas negras del a OECD y otros organismos similares. Ahora podrán argumentar que ellos tenían razón y que los panameños hemos cambiado todo el sistema para recaudar más impuestos, lo cual ellos alegaron como base de sus sanciones al equiparar a Panamá a un paraíso fiscal en donde nadie tributa, lo cual es temerario y falso.
Cambiar todo el modelo económico del país en sesiones extraordinarias lo considero un despropósito. Era el momento de grandes planes nacionales y de proyectos generadores de empleo y de riqueza y no de utilizar la fórmula, carente de iniciativa, para sacarle más dinero al sistema vía nuevos impuestos para resolver un problema deficitario y de balance apresurado del presupuesto. Todo lo demás, es cuento de camino.
Con todo respeto opino que de avanzar el gobierno a contra vía de todo un país, sólo va a traer consecuencias negativas y malos precedentes para acometer con criterio nacional todo lo que falta en la compleja agenda por venir. Prudencia no es debilidad, es sabiduría.
Por ello, el alto grado de desconfianza que existía de parte de todos los sectores organizados relacionados con el sector de servicios internacionales. Se temía que se permitiera la apertura del tradicional sistema fiscal de la República basado en el principio de la territorialidad y que se permitiera compartir información respecto de investigaciones fiscales que llevaran adelante las autoridades norteamericanas respecto de nacionales de su país o personas vinculadas con investigaciones en esa jurisdicción.
Como era de esperarse, la negociación fue muy dura. Acabábamos de salir de la invasión y sus secuelas, por lo que la dermis nacional estaba muy sensitiva. Los Estados Unidos condicionaron ayuda económica vital para el proceso de reconstrucción de la economía a la firma de ese tratado, entre otros. La primera propuesta incluía el intercambio de información sobre todos los aspectos, fueran o no delito en Panamá. Se rechazó con grandes argumentos. El principal, que la doble criminalidad era irrenunciable, es decir, los delitos sujetos a intercambio tenían que ser delito en ambas jurisdicciones. Los temas fiscales eran fuertemente solicitados. No se accedió a ellos bajo ningún propósito. Acceder a esta pretensión hubiera acabado el sistema fiscal panameño y disminuido la ventaja comparativa de Panamá frente a otras jurisdicciones que, a la sazón, ya competían agresivamente con Panamá. Se iniciaba la apertura del mundo, y la globalización avanzaba a pasos firmes, por lo que era una locura quitarle o restarle competitividad a Panamá en aquellos temas en donde teníamos fortalezas.
Luego de grandes obstáculos, amenazas y profundas diferencias, se logró excluir, con base en lo aceptado por Estados Unidos respecto de Bahamas, todo el tema fiscal de la materia objeto de intercambio, aparte de regular el mismo, de manera centralizada, a través de una autoridad central que pudiera analizar todas las solicitudes y rechazarlas, sin necesidad de dar explicaciones, si éstas no se atenían a lo dispuesto en el tratado. El debate legislativo fue cruento. La bancada opositora del PRD fue virulenta en sus ataques, así como tenaz y vertical la posición de importantes sectores que se oponían al tratado. Se dieron más de 21 reuniones en la Comisión de RR.EE. de la Asamblea y cerca de dos semanas en el pleno. No hubo duda que no se despejara y cuestionamiento que no se pudiera sustentar. Se aprobó y luego pasaron tres años hasta que EU hizo lo propio en el Senado. El embajador Heanton, en el acto de firma del tratado, inició sus palabras diciendo que éste no era el tratado que Estados Unidos quería, pero que lo aceptaban y respetarían. Luego vinieron otros, aunque el camino fue más fácil ya que habíamos ganado la confianza del país al defender con garras un interés nacional que sigue siendo caro y vital.
Las reformas planteadas modifican todo el esquema fiscal tradicional del país y desvirtúan todo lo logrado al preservar la territorialidad como la base del sistema panameño. La redacción bordea peligrosamente la posibilidad de que funcionarios de la administración tengan a su alcance información que sin control alguno puedan compartir con autoridades extranjeras al margen de las exigencias y salvaguardas que tienen los TALMs vigentes no sólo con EU, sino con otros países que hoy rigen tan importante materia. Por otro lado, abren la puerta de manera indirecta para recibir ahora propuestas para firmar acuerdos de intercambio de información fiscal, sin ya mayores argumentos para no hacerlo, luego de aprobadas las reformas. Estamos renunciando a preservar un sistema que nos ha dado grandes ventajas frente al mundo y que es un pilar de nuestra economía de servicios a cambio de nada cierto que lo reemplace. Lo único seguro es que perderemos competitividad y confianza ante los usuarios internacionales.
Además de lo anterior, la reforma desvirtúa todo el esfuerzo hecho y los resultados logrados por el país para lograr salir de las discriminatorias listas negras del a OECD y otros organismos similares. Ahora podrán argumentar que ellos tenían razón y que los panameños hemos cambiado todo el sistema para recaudar más impuestos, lo cual ellos alegaron como base de sus sanciones al equiparar a Panamá a un paraíso fiscal en donde nadie tributa, lo cual es temerario y falso.
Cambiar todo el modelo económico del país en sesiones extraordinarias lo considero un despropósito. Era el momento de grandes planes nacionales y de proyectos generadores de empleo y de riqueza y no de utilizar la fórmula, carente de iniciativa, para sacarle más dinero al sistema vía nuevos impuestos para resolver un problema deficitario y de balance apresurado del presupuesto. Todo lo demás, es cuento de camino.
Con todo respeto opino que de avanzar el gobierno a contra vía de todo un país, sólo va a traer consecuencias negativas y malos precedentes para acometer con criterio nacional todo lo que falta en la compleja agenda por venir. Prudencia no es debilidad, es sabiduría.
