Tambores de guerra en educación
La semana inició con un sector educativo semejando a un cuerpo con convulsiones. No es posible ubicar con exactitud los síntomas que provocan este estado; pareciera que se debiera a una combinación de arrogancia, poca visión e ineptitud por parte de quienes hasta la fecha dirigen el Ministerio de Educación. Desde la llegada de las nuevas autoridades ministeriales se inició en la institución un proceso sistemático de destituciones contra funcionarios a todos los niveles, sin importar sus años de servicios, experiencias, su cumplimiento en el desempeño de sus funciones, en fin una serie de actos administrativos desmesurados todos y cada uno de ellos violatorios a la Ley Orgánica de Educación.
Estos hechos han permitido dibujar en todos sus detalles, la imagen de la nueva administración ministerial caracterizada por una insensibilidad y el poco respeto a los derechos ciudadanos consignados en la Constitución y las leyes de la República. Lo ocurrido en cuanto a destituciones en este periodo en el Ministerio de Educación no tiene precedentes en la historia de la institución, ni aún en los momentos más difíciles de la crisis en el período "87- ´89, ni en la administración que se dio producto de la invasión del 20 de diciembre.
Las autoridades del Ministerio de Educación no han logrado entender que la educación y su desarrollo tienen que estar inspirados por valores fundamentales, de forma que el servicio educativo que le brindemos a la sociedad contribuya a la mejor realización de las personas y de la comunidad. Esto lo señalamos porque en estos momentos se aprecia una actitud en el ministerio de mantenerse en una educación para el pasado, enfrentando a otro sector de la sociedad panameña que propone una educación para el futuro. Esta administración, sin mostrar criterios y una evaluación técnica y debidamente fundamentada con elementos científicos, a desconocido los esfuerzos de transformación y mejoramiento de la educación que se han venido realizando desde años atrás, se está caminando de espalda a la propuesta decenal de modernización de la educación, y se está actuando solamente de forma coyuntural y se asumen medidas que solamente favorecen el interés político-partidista.
Este proyecto de modernización de la educación cuenta con una visión prospectiva centrada en el mejoramiento de la calidad de la educación y ubica al centro escolar y al aula de clase como el núcleo más importante de la transformación educativa. El mismo concibe a la educación como una responsabilidad de todos y sostiene que la participación es fundamental no sólo en la ejecución de programas y políticas, sino en la formulación y discusión de éstas, contrario a este principio universal las autoridades ministeriales pretenden descabezar las Juntas Educativas Regionales, desconociendo lo señalado por la Ley Orgánica de Educación y la propia Constitución Nacional. No se debe desconocer que la educación es un asunto público y por lo tanto, no puede ser objetada la participación de todos sus actores como se pretende.
Todos estos desaciertos en tan sólo 345 días de gestión gubernamental han provocado el resonar de los tambores de guerra en el sistema educativo y prueba de ello es la crisis actual que se vive en las provincias de Veraguas y Coclé, las protestas de los padres de familias para impedir que se les cercenen sus derechos a participar en el proceso educativo por medio de la invalidación de la Ley 28.
La vida nos da muestra diariamente que sabemos cómo inicia la crisis, pero nos resulta difícil predecir su desenlace. Esta situación provocada por las autoridades educativas puede ser la chispa que encienda el desierto de la ingobernabilidad y debilite la democracia que es de todos.
Llamamos a la reflexión a todos los actores educativos y a la sociedad panameña en general para que juntos retomemos el liderazgo y la iniciativa en materia educativa y consolidemos un proyecto nacional que oriente el diseño de programas educativos y políticas que permitan ofrecerle a la población panameña una educación con calidad y equidad.
Estos hechos han permitido dibujar en todos sus detalles, la imagen de la nueva administración ministerial caracterizada por una insensibilidad y el poco respeto a los derechos ciudadanos consignados en la Constitución y las leyes de la República. Lo ocurrido en cuanto a destituciones en este periodo en el Ministerio de Educación no tiene precedentes en la historia de la institución, ni aún en los momentos más difíciles de la crisis en el período "87- ´89, ni en la administración que se dio producto de la invasión del 20 de diciembre.
Las autoridades del Ministerio de Educación no han logrado entender que la educación y su desarrollo tienen que estar inspirados por valores fundamentales, de forma que el servicio educativo que le brindemos a la sociedad contribuya a la mejor realización de las personas y de la comunidad. Esto lo señalamos porque en estos momentos se aprecia una actitud en el ministerio de mantenerse en una educación para el pasado, enfrentando a otro sector de la sociedad panameña que propone una educación para el futuro. Esta administración, sin mostrar criterios y una evaluación técnica y debidamente fundamentada con elementos científicos, a desconocido los esfuerzos de transformación y mejoramiento de la educación que se han venido realizando desde años atrás, se está caminando de espalda a la propuesta decenal de modernización de la educación, y se está actuando solamente de forma coyuntural y se asumen medidas que solamente favorecen el interés político-partidista.
Este proyecto de modernización de la educación cuenta con una visión prospectiva centrada en el mejoramiento de la calidad de la educación y ubica al centro escolar y al aula de clase como el núcleo más importante de la transformación educativa. El mismo concibe a la educación como una responsabilidad de todos y sostiene que la participación es fundamental no sólo en la ejecución de programas y políticas, sino en la formulación y discusión de éstas, contrario a este principio universal las autoridades ministeriales pretenden descabezar las Juntas Educativas Regionales, desconociendo lo señalado por la Ley Orgánica de Educación y la propia Constitución Nacional. No se debe desconocer que la educación es un asunto público y por lo tanto, no puede ser objetada la participación de todos sus actores como se pretende.
Todos estos desaciertos en tan sólo 345 días de gestión gubernamental han provocado el resonar de los tambores de guerra en el sistema educativo y prueba de ello es la crisis actual que se vive en las provincias de Veraguas y Coclé, las protestas de los padres de familias para impedir que se les cercenen sus derechos a participar en el proceso educativo por medio de la invalidación de la Ley 28.
La vida nos da muestra diariamente que sabemos cómo inicia la crisis, pero nos resulta difícil predecir su desenlace. Esta situación provocada por las autoridades educativas puede ser la chispa que encienda el desierto de la ingobernabilidad y debilite la democracia que es de todos.
Llamamos a la reflexión a todos los actores educativos y a la sociedad panameña en general para que juntos retomemos el liderazgo y la iniciativa en materia educativa y consolidemos un proyecto nacional que oriente el diseño de programas educativos y políticas que permitan ofrecerle a la población panameña una educación con calidad y equidad.
