Tareas impostergables: Frontera y seguridad democrática
Los gobernantes electos el 2 de mayo, lo que no pueden hacer es gobernar cosméticamente, pues el país necesita cambios fundamentales que son tareas impostergables. Entre las modificaciones cambios necesarios se encuentra, ya expuestos en esta columna: una estrategia de empleo y combate a la pobreza, un plan nacional de integridad, la necesidad de una impulsar otras formas de hacer política, la descentralización y el fortalecimiento del poder local. Hoy presentamos la necesidad de la impulsar la seguridad democrática.
Si bien es cierto que Panamá cuenta con la frontera más pequeña en kilómetros (4.6% del total de fronteras de ese país) con Colombia, ésta es muy compleja, pues predomina la marítima-territorial ubicada en dos océanos (Pacífico y Atlántico). De los cinco países con fronteras terrestres y marítimas-terrestres Panamá es el país con menor población y extensión territorial, y el único sin fuerzas armadas.
Ambos lados de la frontera tienen un bajo índice de poblamiento, densidad de población y un alto nivel de pobreza. Es una reserva de biodiversidad conviviendo con una creciente deforestación.
La frontera Este de Panamá es una construcción geopolítica, que expresa relaciones culturales, económicas y sociales tanto binacionales como con poderes extrarregionales.
Con la crisis y conflicto de largo plazo que atraviesa la sociedad colombiana, la frontera y sus aledaños está crecientemente envuelta en parte de las contradicciones emanadas de esa situación, y se constituye en una prolongación del conflicto colombiano del cual el país no es inmune. Esto se expresa en aumento de desplazamientos poblacionales e internos en Panamá; incremento del tráfico de armas y drogas; violencia en los poblados límites; traslado de cultivo, unidades de producción y procesamiento de drogas; transferencia de actividades criminales no tradicionales; afectación de las formas de producción, supervivencia, y de la cultura política local.
Dicha situación exige un manejo especial que no sólo se resuelve con aumento de la vigilancia, sino con programas de desarrollo y participación ciudadana en las áreas afectadas , la creación de una zona de paz y una política exterior coherente e inteligente.
En función de los intereses nacionales, Panamá debería establecer una política de seguridad democrática, y un buen punto de partida sería retomar el documento Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, que fue consensuado entre actores políticos y consultado con algunos sectores de opinión pública, y luego oficializado a través de la Resolución de Gabinete 34 del 21 de junio de 2000. Este documento se inspira tanto en la Visión Nacional 2020 como en el concepto de seguridad humana.
Es bueno recordar que el logro de la Visión 2020 compromete al país a generar cambios fundamentales en función de cerrar o disminuir las brechas, transformar y mejorar las posibilidades de construcción democrática y de desarrollo humano sostenible, y es marco fundamental donde se inserta y desenvuelve son los conceptos de seguridad humana y seguridad democrática
La seguridad humana y democrática se ubica como una preocupación universal por la vida y la dignidad, que sus componentes son interdependientes (en los ámbitos político, social, económico y ambiental), y que los efectos de las principales amenazas que la afectan son de alcance global (desigualdad socioeconómica, tráfico de drogas, terrorismo, irrespeto a la autodeterminación de los pueblos, presiones migratorias, degradación ambiental, sobrepoblación etc).
Los componentes básicos de la seguridad humana y democrática ponen particular énfasis en los subsistemas económico, social, ambiental y político.
Hoy que vivimos cambios fundamentales en la perspectiva mundial de la seguridad que puede afirmar doctrinas de seguridad nacional violatorias de los derechos humanos en función del antiterrorismo.
La dimensión estratégica de Panamá por su ubicación geopolítica y la presencia del Canal puede ser envuelta por presiones y situaciones internacionales que erosionen el status civil desmilitarizado y sin bases extranjeras, y la vocación de paz y neutralidad de Panamá.
Es importante ampliar el debate y recoger en esta política de seguridad humana democrática todos los saberes y perspectivas.
Si bien es cierto que Panamá cuenta con la frontera más pequeña en kilómetros (4.6% del total de fronteras de ese país) con Colombia, ésta es muy compleja, pues predomina la marítima-territorial ubicada en dos océanos (Pacífico y Atlántico). De los cinco países con fronteras terrestres y marítimas-terrestres Panamá es el país con menor población y extensión territorial, y el único sin fuerzas armadas.
Ambos lados de la frontera tienen un bajo índice de poblamiento, densidad de población y un alto nivel de pobreza. Es una reserva de biodiversidad conviviendo con una creciente deforestación.
La frontera Este de Panamá es una construcción geopolítica, que expresa relaciones culturales, económicas y sociales tanto binacionales como con poderes extrarregionales.
Con la crisis y conflicto de largo plazo que atraviesa la sociedad colombiana, la frontera y sus aledaños está crecientemente envuelta en parte de las contradicciones emanadas de esa situación, y se constituye en una prolongación del conflicto colombiano del cual el país no es inmune. Esto se expresa en aumento de desplazamientos poblacionales e internos en Panamá; incremento del tráfico de armas y drogas; violencia en los poblados límites; traslado de cultivo, unidades de producción y procesamiento de drogas; transferencia de actividades criminales no tradicionales; afectación de las formas de producción, supervivencia, y de la cultura política local.
Dicha situación exige un manejo especial que no sólo se resuelve con aumento de la vigilancia, sino con programas de desarrollo y participación ciudadana en las áreas afectadas , la creación de una zona de paz y una política exterior coherente e inteligente.
En función de los intereses nacionales, Panamá debería establecer una política de seguridad democrática, y un buen punto de partida sería retomar el documento Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, que fue consensuado entre actores políticos y consultado con algunos sectores de opinión pública, y luego oficializado a través de la Resolución de Gabinete 34 del 21 de junio de 2000. Este documento se inspira tanto en la Visión Nacional 2020 como en el concepto de seguridad humana.
Es bueno recordar que el logro de la Visión 2020 compromete al país a generar cambios fundamentales en función de cerrar o disminuir las brechas, transformar y mejorar las posibilidades de construcción democrática y de desarrollo humano sostenible, y es marco fundamental donde se inserta y desenvuelve son los conceptos de seguridad humana y seguridad democrática
La seguridad humana y democrática se ubica como una preocupación universal por la vida y la dignidad, que sus componentes son interdependientes (en los ámbitos político, social, económico y ambiental), y que los efectos de las principales amenazas que la afectan son de alcance global (desigualdad socioeconómica, tráfico de drogas, terrorismo, irrespeto a la autodeterminación de los pueblos, presiones migratorias, degradación ambiental, sobrepoblación etc).
Los componentes básicos de la seguridad humana y democrática ponen particular énfasis en los subsistemas económico, social, ambiental y político.
Hoy que vivimos cambios fundamentales en la perspectiva mundial de la seguridad que puede afirmar doctrinas de seguridad nacional violatorias de los derechos humanos en función del antiterrorismo.
La dimensión estratégica de Panamá por su ubicación geopolítica y la presencia del Canal puede ser envuelta por presiones y situaciones internacionales que erosionen el status civil desmilitarizado y sin bases extranjeras, y la vocación de paz y neutralidad de Panamá.
Es importante ampliar el debate y recoger en esta política de seguridad humana democrática todos los saberes y perspectivas.
