Tarifas y seguridad jurídica
Ante todo, tengamos presente que el concepto de seguridad jurídica no es algo exacto, ni matemático y, además no puede desvincularse de su origen y alcance ideológico. Así, pues, la seguridad jurídica no puede desvincularse de contenidos materiales, ni de elementos valorativos en cuya estimación juega un papel importante su adhesión o su rechazo emocional.
Bien nos enseña Lucas Verdú que "el problema principal de la seguridad jurídica, tanto científico como de política legislativa, radica en armonizar las reglas generales fijas y las circunstancias del caso concreto, el derecho estricto y la equidad. Ni el uno ni el otro, considerados separadamente pueden lograr sus metas. La necesidad de seguridad jurídica es evidente cuando hay un apoyo firme en una concepción unitaria del pueblo sobre la valoración de la ley y acerca del correspondiente concepto por el que se lucha para regular, del modo más completo, los previsibles conflictos de intereses"
Por ello resulta curioso, por decir lo menos, que en un país donde el 67 por ciento de la población vive en pobreza; que es el cuarto país a nivel mundial con la peor distribución de la riqueza; donde el desempleo golpea a más de 300 mil de sus habitantes y donde la corrupción queda institucionalizada en más de 75 millones de balboas dedicados anualmente en "partidas circuitales" y salarios de suplentes de legisladores y donde no hay austeridad en el gasto del erario, se nos hable ahora de seguridad jurídica, precisamente cuando se atraca a la población con tarifas telefónicas, de electricidad, musicales y demás.
El coro de voces -en su gran mayoría gubernamentales- que andan con la cantaleta de la seguridad jurídica para justificar el no hacer nada frente a los justos reclamos por el alza de las tarifas, pone de manifiesto la desconexión creciente que existe entre el Derecho y las realidades sociales panameñas y del resto de la sociedad internacional.
En efecto, la nota más deprimente la dan al utilizar -alegre e irresponsablemente- el concepto de seguridad jurídica, para que el pueblo panameño "se aguante el alza de las tarifas" (cipayo Arroyo dixit) porque no existe un Derecho despegado de la concepción política y económica concreta que vive una sociedad. Nos revela cuán grave son las fallas que tienen todavía las concepciones jurídicas de quienes recurren a la muletilla de la seguridad jurídica, para justificar medidas que no satisfacen en nada las exigencias de la sociedad mundial tan dinámica y cambiante en la que nos toca vivir. Fallas y concepciones que se han convertido en un pesado lastre que frena y obstaculiza el progreso social que requiere a gritos la sociedad civil panameña.
Los cirineos modernos de la seguridad jurídica (con cipayo Arroyo a la cabeza), pretenden hacernos olvidar que la misma, así como el Derecho hoy día, "se presenta y vale como un instrumento de organización social, que debe ser puesto al servicio de la sociedad y de quienes la integran, para facilitar y permitir una forma de estructura y de relaciones sociales que asegure a todos los individuos su más pleno desenvolvimiento humano, dentro de una sociedad capaz de promoverlo y asegurarlo."
Si no existe una confianza de los ciudadanos, mal se nos puede hablar de seguridad jurídica desde una perspectiva que perjudica la calidad de vida del ciudadano. La confianza del ciudadano es el punto de partida que debe tenerse muy presente para la regulación de la vida comunitaria. Las tarifas impuestas arbitrariamente y apadrinadas -entre otros- por el Ente Regulador, fortalecen la creciente desconfianza ciudadana y marca grandes distancias entre el público y la "seguridad jurídica" que se le quiere imponer.
La rigidez conceptual que le dan los cirineos modernos de la seguridad jurídica a dicho concepto, choca abiertamente con nuestra realidad social y sólo servirá para sembrar vientos de desesperación y zozobra en la población. Cruzarse de brazos frente al alza de las tarifas, negarse a regularlas como las circunstancias lo exigen, produce una deformación monstruosa de la misión de gobierno. Dicha actitud termina en un dictado hermético que se constituye en una verdadera trampa para el honesto ciudadano dispuesto a acatar todo aquello que la autoridad legítima pueda reclamarle. (mabernal@sinfo.net)
Bien nos enseña Lucas Verdú que "el problema principal de la seguridad jurídica, tanto científico como de política legislativa, radica en armonizar las reglas generales fijas y las circunstancias del caso concreto, el derecho estricto y la equidad. Ni el uno ni el otro, considerados separadamente pueden lograr sus metas. La necesidad de seguridad jurídica es evidente cuando hay un apoyo firme en una concepción unitaria del pueblo sobre la valoración de la ley y acerca del correspondiente concepto por el que se lucha para regular, del modo más completo, los previsibles conflictos de intereses"
Por ello resulta curioso, por decir lo menos, que en un país donde el 67 por ciento de la población vive en pobreza; que es el cuarto país a nivel mundial con la peor distribución de la riqueza; donde el desempleo golpea a más de 300 mil de sus habitantes y donde la corrupción queda institucionalizada en más de 75 millones de balboas dedicados anualmente en "partidas circuitales" y salarios de suplentes de legisladores y donde no hay austeridad en el gasto del erario, se nos hable ahora de seguridad jurídica, precisamente cuando se atraca a la población con tarifas telefónicas, de electricidad, musicales y demás.
El coro de voces -en su gran mayoría gubernamentales- que andan con la cantaleta de la seguridad jurídica para justificar el no hacer nada frente a los justos reclamos por el alza de las tarifas, pone de manifiesto la desconexión creciente que existe entre el Derecho y las realidades sociales panameñas y del resto de la sociedad internacional.
En efecto, la nota más deprimente la dan al utilizar -alegre e irresponsablemente- el concepto de seguridad jurídica, para que el pueblo panameño "se aguante el alza de las tarifas" (cipayo Arroyo dixit) porque no existe un Derecho despegado de la concepción política y económica concreta que vive una sociedad. Nos revela cuán grave son las fallas que tienen todavía las concepciones jurídicas de quienes recurren a la muletilla de la seguridad jurídica, para justificar medidas que no satisfacen en nada las exigencias de la sociedad mundial tan dinámica y cambiante en la que nos toca vivir. Fallas y concepciones que se han convertido en un pesado lastre que frena y obstaculiza el progreso social que requiere a gritos la sociedad civil panameña.
Los cirineos modernos de la seguridad jurídica (con cipayo Arroyo a la cabeza), pretenden hacernos olvidar que la misma, así como el Derecho hoy día, "se presenta y vale como un instrumento de organización social, que debe ser puesto al servicio de la sociedad y de quienes la integran, para facilitar y permitir una forma de estructura y de relaciones sociales que asegure a todos los individuos su más pleno desenvolvimiento humano, dentro de una sociedad capaz de promoverlo y asegurarlo."
Si no existe una confianza de los ciudadanos, mal se nos puede hablar de seguridad jurídica desde una perspectiva que perjudica la calidad de vida del ciudadano. La confianza del ciudadano es el punto de partida que debe tenerse muy presente para la regulación de la vida comunitaria. Las tarifas impuestas arbitrariamente y apadrinadas -entre otros- por el Ente Regulador, fortalecen la creciente desconfianza ciudadana y marca grandes distancias entre el público y la "seguridad jurídica" que se le quiere imponer.
La rigidez conceptual que le dan los cirineos modernos de la seguridad jurídica a dicho concepto, choca abiertamente con nuestra realidad social y sólo servirá para sembrar vientos de desesperación y zozobra en la población. Cruzarse de brazos frente al alza de las tarifas, negarse a regularlas como las circunstancias lo exigen, produce una deformación monstruosa de la misión de gobierno. Dicha actitud termina en un dictado hermético que se constituye en una verdadera trampa para el honesto ciudadano dispuesto a acatar todo aquello que la autoridad legítima pueda reclamarle. (mabernal@sinfo.net)
