Tecnócratas y populistas
EL EJERCICIO del gobierno requiere la puesta en práctica de habilidades diversas, y a veces contradictorias, pero esta realidad se ve opacada muchas veces por el hecho de que en un sistema presidencialista el carácter del gobierno está marcado, en lo que al ámbito de las percepciones se refiere, por los comportamientos y los atributos de imagen de la persona que se desempeña como Presidente de la República.
Al examinar nuestra historia reciente se aprecia con claridad que la gestión de 1994 a 1999 buscó caracterizarse por un alto perfil profesional gerencial. La construcción de esta efigie fue, al mismo tiempo, causa y resultado de lo que paralela y paulatinamente se fue gestando como la agenda política de ese periodo de gobierno: había que llevar adelante una reforma de la economía cónsona con la ola globalizadora. La entrada de Panamá en la OMC imponía una reforma arancelaria que obligara a los sectores productivos a ser más eficientes; una reforma laboral que abaratara los costos de los derechos de los trabajadores, y una reforma fiscal que transfiriera ciertas actividades productivas que realizaba el Estado al sector trasnacional.
La evacuación de estos procesos de reformas arroja una hoja de balance muy particular: en los primeros casos, la rapidez con la que se desprotegió el agro hizo de los sectores agropecuarios un perdedor, y la violencia que generó el debate sobre los cambios en el Código del Trabajo creó una masa urbana con un profundo descontento. Paradójicamente, la tercera reforma creó un colchón de alivio, pues los procesos de privatización le inyectaron a la economía de consumidores una buena suma de millones de dólares pagados en concepto de indemnizaciones a los trabajadores. En corto tiempo, esto creó un aparente clima de bonanza que pareció dejar atrás el trauma causado por las reformas iniciales, lo cual se reflejó en un ligero aumento en la producción de bienes y servicios y, no está de más apuntarlo, una ligera disminución de la criminalidad. 1998 es el único, en un periodo de diez años, que registra una ligera baja en los reportes anuales de actividad delictiva a nivel nacional.
Lo que todos estos procesos tienen en común es la necesidad de una capacidad técnica ubicada en el asiento del conductor. Por eso, no es injusto el mote de "gobierno de tecnócratas", que se le endilgó al Gabinete de dicho periodo. Además, se crearon nuevas instituciones, eminentemente técnicas, como el Ente Regulador y la Comisión de Libre Competencia, cuyo desempeño ha dejado mucho que desear.
Es en ese contexto que hay que entender toda la plática sobre "sensibilidad social" que hizo posible el triunfo de la papeleta arnulfista en las elecciones de 1999. Los sectores perdedores del proceso de reforma económica lógicamente iban a buscar amparo en los adversarios de sus verdugos. Hicieron patente su aversión al continuismo en el referendo constitucional para permitir la reelección presidencial y lo reiteraron en los comicios electorales del siguiente año. Ahora ya no es importante determinar si el gobierno liderado por Moscoso no supo, no pudo, o no quiso cumplir con su promesa electoral; lo cierto es que, al cabo de cinco años, el "populismo" de su gestión es un emblema del fracaso en la política. ¿Por qué? Porque el populismo busca generar adhesión en las masas, aunque su gestión no sea técnicamente correcta. En realidad, al populismo no le importa mucho la cuestión de la seriedad profesional de sus cuadros, ni la efectividad y eficiencia en la conducción gerencial de las instituciones públicas. Lo importante es generar, si no la aceptación, por lo menos, la apariencia de aceptación en los estratos medios y bajos de la población.
En los comicios de mayo de 2004, el veredicto fue contundente: en la provincia de Panamá, donde su ubica la mayor parte de la población, y donde la población está relativamente mejor informada, o cree estarlo, sobre cómo proteger sus propios intereses, sólo uno de cada diez votantes favoreció el tricolor arnulfista, lo que es, quizás, el peor desempeño histórico de un partido de gobierno, incluyendo las aventuras partidarias del periodo de la dictadura.
Una conclusión provisional que cabe obtener de esta breve revisión histórica es que el gobierno necesidad capacidad técnica y apoyo en las masas al mismo tiempo, pues la historia enseña que los gobiernos que están dispuestos a implementar soluciones técnicas sin el apoyo de las masas terminan equivocándose, y los que sólo buscan el aplauso de lo que llaman pueblo, más allá de lo que aconseja un mínimo de racionalidad, concluyen despreciados en las urnas.
El Gabinete actual es una curiosa mezcla de tecnócratas y populistas, y el Presidente de la República ya tiene en su haber elementos que lo descalifican como miembro de cualquiera de los dos grupos. Esto es relevante, porque en política es necesario encuadrarse dentro de un perfil, a menos, claro, que uno esté dispuesto a crear uno nuevo. Mientras Martín Torrijos perfila una figura, nueva o vieja, no sabemos aún, su función más importante como presidente es mantener el equilibrio entre los dos grupos sin dividir el gobierno en dos.
El proceso de reforma de la seguridad social mostrará un escenario en el que se medirán ambas fuerzas. Es cierto que esto será sólo un "round" de la pelea, y que vendrán otros. El problema está en que el debate sobre el Seguro debe tener conclusiones perdurables, y sus consecuencias serán, seguramente, duraderas. Si prevalecen las soluciones técnicas, como ocurrió con la reforma fiscal, la consecuencia será que el sector populista verá crecer sus acciones en bolsa, pues el gobierno necesitará más a los que tienen la capacidad de motivar la simpatía popular para intentar contrarrestar el descontento. Si, por el contrario, la decisión política consiste en mediatizar al máximo el llamado "costo político" de la reforma, es probable que un equilibrio de fuerzas se mantenga en lo sucesivo.
Al examinar nuestra historia reciente se aprecia con claridad que la gestión de 1994 a 1999 buscó caracterizarse por un alto perfil profesional gerencial. La construcción de esta efigie fue, al mismo tiempo, causa y resultado de lo que paralela y paulatinamente se fue gestando como la agenda política de ese periodo de gobierno: había que llevar adelante una reforma de la economía cónsona con la ola globalizadora. La entrada de Panamá en la OMC imponía una reforma arancelaria que obligara a los sectores productivos a ser más eficientes; una reforma laboral que abaratara los costos de los derechos de los trabajadores, y una reforma fiscal que transfiriera ciertas actividades productivas que realizaba el Estado al sector trasnacional.
La evacuación de estos procesos de reformas arroja una hoja de balance muy particular: en los primeros casos, la rapidez con la que se desprotegió el agro hizo de los sectores agropecuarios un perdedor, y la violencia que generó el debate sobre los cambios en el Código del Trabajo creó una masa urbana con un profundo descontento. Paradójicamente, la tercera reforma creó un colchón de alivio, pues los procesos de privatización le inyectaron a la economía de consumidores una buena suma de millones de dólares pagados en concepto de indemnizaciones a los trabajadores. En corto tiempo, esto creó un aparente clima de bonanza que pareció dejar atrás el trauma causado por las reformas iniciales, lo cual se reflejó en un ligero aumento en la producción de bienes y servicios y, no está de más apuntarlo, una ligera disminución de la criminalidad. 1998 es el único, en un periodo de diez años, que registra una ligera baja en los reportes anuales de actividad delictiva a nivel nacional.
Lo que todos estos procesos tienen en común es la necesidad de una capacidad técnica ubicada en el asiento del conductor. Por eso, no es injusto el mote de "gobierno de tecnócratas", que se le endilgó al Gabinete de dicho periodo. Además, se crearon nuevas instituciones, eminentemente técnicas, como el Ente Regulador y la Comisión de Libre Competencia, cuyo desempeño ha dejado mucho que desear.
Es en ese contexto que hay que entender toda la plática sobre "sensibilidad social" que hizo posible el triunfo de la papeleta arnulfista en las elecciones de 1999. Los sectores perdedores del proceso de reforma económica lógicamente iban a buscar amparo en los adversarios de sus verdugos. Hicieron patente su aversión al continuismo en el referendo constitucional para permitir la reelección presidencial y lo reiteraron en los comicios electorales del siguiente año. Ahora ya no es importante determinar si el gobierno liderado por Moscoso no supo, no pudo, o no quiso cumplir con su promesa electoral; lo cierto es que, al cabo de cinco años, el "populismo" de su gestión es un emblema del fracaso en la política. ¿Por qué? Porque el populismo busca generar adhesión en las masas, aunque su gestión no sea técnicamente correcta. En realidad, al populismo no le importa mucho la cuestión de la seriedad profesional de sus cuadros, ni la efectividad y eficiencia en la conducción gerencial de las instituciones públicas. Lo importante es generar, si no la aceptación, por lo menos, la apariencia de aceptación en los estratos medios y bajos de la población.
En los comicios de mayo de 2004, el veredicto fue contundente: en la provincia de Panamá, donde su ubica la mayor parte de la población, y donde la población está relativamente mejor informada, o cree estarlo, sobre cómo proteger sus propios intereses, sólo uno de cada diez votantes favoreció el tricolor arnulfista, lo que es, quizás, el peor desempeño histórico de un partido de gobierno, incluyendo las aventuras partidarias del periodo de la dictadura.
Una conclusión provisional que cabe obtener de esta breve revisión histórica es que el gobierno necesidad capacidad técnica y apoyo en las masas al mismo tiempo, pues la historia enseña que los gobiernos que están dispuestos a implementar soluciones técnicas sin el apoyo de las masas terminan equivocándose, y los que sólo buscan el aplauso de lo que llaman pueblo, más allá de lo que aconseja un mínimo de racionalidad, concluyen despreciados en las urnas.
El Gabinete actual es una curiosa mezcla de tecnócratas y populistas, y el Presidente de la República ya tiene en su haber elementos que lo descalifican como miembro de cualquiera de los dos grupos. Esto es relevante, porque en política es necesario encuadrarse dentro de un perfil, a menos, claro, que uno esté dispuesto a crear uno nuevo. Mientras Martín Torrijos perfila una figura, nueva o vieja, no sabemos aún, su función más importante como presidente es mantener el equilibrio entre los dos grupos sin dividir el gobierno en dos.
El proceso de reforma de la seguridad social mostrará un escenario en el que se medirán ambas fuerzas. Es cierto que esto será sólo un "round" de la pelea, y que vendrán otros. El problema está en que el debate sobre el Seguro debe tener conclusiones perdurables, y sus consecuencias serán, seguramente, duraderas. Si prevalecen las soluciones técnicas, como ocurrió con la reforma fiscal, la consecuencia será que el sector populista verá crecer sus acciones en bolsa, pues el gobierno necesitará más a los que tienen la capacidad de motivar la simpatía popular para intentar contrarrestar el descontento. Si, por el contrario, la decisión política consiste en mediatizar al máximo el llamado "costo político" de la reforma, es probable que un equilibrio de fuerzas se mantenga en lo sucesivo.
