Tecnología y delito
Considero impostergable referirme al anteproyecto de ley 019-09 el cual de manera apresurada ha generado todo tipo de reacciones, mismas que las considero sanas y oportunas ya que debe la sociedad en su conjunto ser fiscalizadora en temas de gran connotación.
Conocida es mi trayectoria pública y la manera como he defendido la preservación y fortalecimiento de la democracia y sus valores. En mis artículos anteriores me he referido a la situación de criminalidad del país y la urgencia con que, como gobierno, debemos atacarla. Esta iniciativa legislativa va íntimamente relacionada al tema. Así como la tecnología ha avanzado para fines legítimos, la misma también trabaja en beneficio del crimen organizado, la más de las veces superando en recursos económicos la capacidad de los gobiernos.
El Gobierno de Ricardo Martinelli no propicia ni propiciará la intervención telefónica ni la violación de garantías fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, requerimos de herramientas idóneas para combatir la delincuencia desde muchos frentes. El uso cada vez mayor de la telefonía celular prepago -3.5 millones de celulares son prepago dentro de los 3.9 millones que existen en el país- así como de la Internet para fines ilícitos es una realidad. Si bien las autoridades tienen desde hace años la posibilidad legal de intervenir teléfonos para fines de investigación de delitos, esa posibilidad resulta imposible sin una base de datos de los usuarios de ese segmento de servicios, llámese celulares prepago o Internet en su modalidad. La inquietud la tuve cuando pude entender la forma legal como se trabaja en esta materia. No se antes, pero puedo decir que el Gobierno Nacional no tiene ni le interesa tener mecanismos de escucha clandestinos. La ley en cuestión, cuando sea remitida a la Asamblea Nacional, irá al proceso de formación de leyes de manera pública y abierta. No se está legislando en el Gabinete ni a espaldas de nadie. Será allí cuando todas las opiniones y críticas serán bienvenidas y si el propósito es mejorarla sin desvirtuar su espíritu, de seguro así será.
Las garantías constitucionales serán siempre respetadas y las acciones estarán siempre respaldadas con la orden necesaria de la autoridad judicial correspondiente. Nos encontramos aún en una etapa de mejoramiento y no hay un borrador final, por lo que las especulaciones en torno a uno que circuló no tienen vigencia, pero se han valorado las críticas en su justa dimensión a fin de que el texto propuesto sea cónsono con el propósito buscado. De verdad se necesita si queremos perseguir integralmente al delito y los delincuentes. Miren nada más la cantidad de droga que se destruyó recientemente y la que interceptaron a fines de la semana. Si sumamos a eso la enorme cantidad de celulares que se requisan semanalmente en los centros penitenciarios producto de la corrupción y desgreño que estamos combatiendo en las cárceles, pueden tener una idea de la magnitud del problema que no podemos resolver con romanticismos so pretexto de salvaguardar libertades que en nada se ven amenazadas.
Deseamos todos más seguridad en el corto plazo. Confíen en que estamos trabajando de buena fe y con ahínco para lograrlo. Es nuestra obligación.
