Telefonazo a las autoridades
Y por mucho que lo advertimos, el 2003 se fue y la Ley de Acceso Universal no se ha aprobado. Desafortunado, por cuanto se mantiene una situación inestable que el Estado tiene por obligación solventar. La Ley de Acceso Universal a las Telecomunicaciones es una necesidad dictada por la reciente apertura del mercado de telecomunicaciones. La necesidad surge porque desde el 1 de enero de 2003, las llamadas de larga distancia nacional e internacional fueron abiertas a libre competencia, y actualmente son varias las empresas brindando el servicio, competencia que ha traído enormes beneficios en tarifas más bajas al consumidor.
No obstante lo anterior, antes de la apertura las llamadas de larga distancia tanto nacional como internacional ayudaban a subsidiar los teléfonos públicos del país, la enorme mayoría de los cuales son operados bajo pérdidas netas para la empresa que los mantiene. Además, mantenían el subsidio para la tarifa básica de servicio telefónico, que tampoco es rentable por sí mismo, al igual que servicios como las llamadas de emergencia.
Ahora, con la bienvenida apertura, las demás empresas que han entrado al mercado de llamadas de larga distancia no han tenido que compartir estos subsidios, lo cual evidentemente coloca a la empresa Cable & Wireless en situación desventajosa que no podrá mantener por mucho tiempo.
Según cifras de la propia empresa Cable & Wireless, las pérdidas anuales generadas por los subsidios señalados asciende a aproximadamente 31 millones de balboas. Es lógico esperar que si esta situación se mantiene, la antedicha empresa no podrá competir en igualdad de condiciones con las demás que brindan el servicio de llamadas de larga distancia, lo cual a su vez implica el peligro de desplazar a la empresa C&W y con ella a toda la red de teléfonos públicos y el plan de telefonía básica del país.
La idea no es subsidiar a una empresa determinada, ni garantizarle sus ganancias, ni mucho menos. En un régimen de apertura, no debe haber privilegios para ninguna empresa. Pero precisamente por ello, debe garantizarse también que las reglas del juego sean las mismas para todas las empresas en el mercado. De lo contrario, la libre competencia no será tal cosa.
Este problema ha surgido en todos los países en que se ha privatizado y luego abierto el mercado de telecomunicaciones. Y la solución ha sido invariablemente la misma: la aprobación de una ley de acceso universal a las telecomunicaciones, aunque las particularidades de la dicha legislación varían de país en país.
Lo que se busca con una ley de acceso universal es regular los servicios básicos de telecomunicaciones, para que todos los operadores del mercado contribuyan de manera proporcional a su facturación, al mantenimiento y expansión de la red de telefonía pública, la supervivencia de la tarifa básica de telefonía para hogares de bajos recursos, y las llamadas de emergencia (bomberos, policía, etc.) Las empresas aportan directamente a un Fondo de Acceso Universal creado al efecto, que es administrado por una entidad estatal autónoma, la cual es la que se encarga a su vez de canalizar los dineros para la operación, mantenimiento y expansión de los servicios objeto del acceso universal.
En Panamá existe un anteproyecto que ha sido preparado para tal efecto. Las autoridades, incluido el Ente Regulador, están al tanto de la necesidad de que esto se apruebe. Sin embargo, y a pesar de que esto debió aprobarse durante el año 2003, a estas alturas no ha sido debidamente presentado el anteproyecto a la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Legislativa.
Y es que el contrato de la empresa Cable & Wireless con el Estado establece claramente en la cláusula 40, que si pasado un año luego de concluido el período de exclusividad temporal del servicio de telefonía, no se ha aprobado aún la legislación de acceso universal que requiera contribución equitativa y no discriminatoria de todos los operadores, la dicha empresa no estará obligada a continuar subsidiando los servicios antes indicados. En otras palabras, debe haber una igualdad de reglas para todos los operadores, para que el costo sea asumido de manera proporcional por todos ellos.
Por la igualdad de condiciones para todas las empresas del sector, y por los teléfonos públicos, hogares con tarifa básica de todo el país, y las llamadas de emergencia, las autoridades deben ponerse de acuerdo y regular el acceso universal de inmediato. El país no puede darse el lujo de andar a la deriva por más tiempo con este asunto.
No obstante lo anterior, antes de la apertura las llamadas de larga distancia tanto nacional como internacional ayudaban a subsidiar los teléfonos públicos del país, la enorme mayoría de los cuales son operados bajo pérdidas netas para la empresa que los mantiene. Además, mantenían el subsidio para la tarifa básica de servicio telefónico, que tampoco es rentable por sí mismo, al igual que servicios como las llamadas de emergencia.
Ahora, con la bienvenida apertura, las demás empresas que han entrado al mercado de llamadas de larga distancia no han tenido que compartir estos subsidios, lo cual evidentemente coloca a la empresa Cable & Wireless en situación desventajosa que no podrá mantener por mucho tiempo.
Según cifras de la propia empresa Cable & Wireless, las pérdidas anuales generadas por los subsidios señalados asciende a aproximadamente 31 millones de balboas. Es lógico esperar que si esta situación se mantiene, la antedicha empresa no podrá competir en igualdad de condiciones con las demás que brindan el servicio de llamadas de larga distancia, lo cual a su vez implica el peligro de desplazar a la empresa C&W y con ella a toda la red de teléfonos públicos y el plan de telefonía básica del país.
La idea no es subsidiar a una empresa determinada, ni garantizarle sus ganancias, ni mucho menos. En un régimen de apertura, no debe haber privilegios para ninguna empresa. Pero precisamente por ello, debe garantizarse también que las reglas del juego sean las mismas para todas las empresas en el mercado. De lo contrario, la libre competencia no será tal cosa.
Este problema ha surgido en todos los países en que se ha privatizado y luego abierto el mercado de telecomunicaciones. Y la solución ha sido invariablemente la misma: la aprobación de una ley de acceso universal a las telecomunicaciones, aunque las particularidades de la dicha legislación varían de país en país.
Lo que se busca con una ley de acceso universal es regular los servicios básicos de telecomunicaciones, para que todos los operadores del mercado contribuyan de manera proporcional a su facturación, al mantenimiento y expansión de la red de telefonía pública, la supervivencia de la tarifa básica de telefonía para hogares de bajos recursos, y las llamadas de emergencia (bomberos, policía, etc.) Las empresas aportan directamente a un Fondo de Acceso Universal creado al efecto, que es administrado por una entidad estatal autónoma, la cual es la que se encarga a su vez de canalizar los dineros para la operación, mantenimiento y expansión de los servicios objeto del acceso universal.
En Panamá existe un anteproyecto que ha sido preparado para tal efecto. Las autoridades, incluido el Ente Regulador, están al tanto de la necesidad de que esto se apruebe. Sin embargo, y a pesar de que esto debió aprobarse durante el año 2003, a estas alturas no ha sido debidamente presentado el anteproyecto a la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Legislativa.
Y es que el contrato de la empresa Cable & Wireless con el Estado establece claramente en la cláusula 40, que si pasado un año luego de concluido el período de exclusividad temporal del servicio de telefonía, no se ha aprobado aún la legislación de acceso universal que requiera contribución equitativa y no discriminatoria de todos los operadores, la dicha empresa no estará obligada a continuar subsidiando los servicios antes indicados. En otras palabras, debe haber una igualdad de reglas para todos los operadores, para que el costo sea asumido de manera proporcional por todos ellos.
Por la igualdad de condiciones para todas las empresas del sector, y por los teléfonos públicos, hogares con tarifa básica de todo el país, y las llamadas de emergencia, las autoridades deben ponerse de acuerdo y regular el acceso universal de inmediato. El país no puede darse el lujo de andar a la deriva por más tiempo con este asunto.
