Teléfono público: ¿un asunto de centavos?
Girar un grifo y que salga agua, encender un interruptor y tener la casa iluminada o levantar el auricular, marcar un número y hablar con el médico pueden ser cosas naturalmente automáticas para nosotros, los que estamos acostumbrados a la vida de ciudad.
Estamos tan acostumbrados a contar con estos servicios que cuando se ven interrumpidos, se nos viene encima un caos. La mayoría de nosotros no puede concebir la vida cotidiana sin estos servicios básicos. Y es que tener agua potable, corriente eléctrica y comunicación telefónica son elementos que definen la modernidad. Nos resulta inconcebible que en este siglo y en este país, todavía hayan poblaciones carentes de los mismos. Estas carencias también concentran problemas sociales como son un bajo desarrollo humano, la marginalidad y la pobreza, temas que requieren una amplia discusión.
Sin llegar a estas profundas consideraciones socioeconómicas, demos una mirada práctica a lo que la presencia o ausencia de un teléfono público puede involucrar.
En algunas comunidades de difícil acceso en Panamá, el teléfono representa el único medio de comunicación rápida, lo cual se traduce en soluciones concretas para los habitantes de estos lugares. Así, gracias al teléfono público, Mayra Rodríguez puede conseguir una cita médica para su hijo; José Pérez informa a sus familiares sobre la muerte de su padre; Francisco Peñalba solicita una remesa para su abarrotería; Rosa Salas contacta a su hija en la ciudad. En fin, las personas resuelven.
Si pensamos que el teléfono público hace la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas (como en efecto la hace), no existe relación entre el costo de una llamada telefónica y los beneficios que ésta representa. Precisamente por ello, entendiendo la importancia de estos servicios públicos, aun cuando no son rentables, están incluidos en la prestación que deben ofrecer las empresas que tras la privatización, obtuvieron esta concesión.
En el caso de la telefonía, le corresponde a Cable & Wireless tanto ofrecer como mantener el servicio de teléfonos públicos a todo el país. Esto significa que ese teléfono en Jaqué, provincia de Darién, el único que permite a sus habitantes mantenerse en comunicación con el resto del país, resolviendo urgencias o buscando soluciones, debe ser mantenido por la empresa en mención, sin importar que el costo de mantenimiento sea infinitamente superior a lo que ese aparato significa en ingreso. Esto será así por Ley hasta el 31 de diciembre de este año, cuando se vence el plazo de prestación de estos servicios no rentables.
Por lo pronto, está en el tapete de discusión legislativa, a partir del próximo período a iniciarse en septiembre, el proyecto de ley universal de servicios públicos no rentables, que contempla la posibilidad de que de la misma forma en que con la apertura de mercados a inicios de este año, se unieron a la competencia algunas otras empresas en la oferta de telefonía de larga distancia (donde se encuentran las verdaderas ganancias), igualmente el costo de estos servicios no rentables sea compartido.
Aunque el costo de una llamada sea un asunto de centavos, los beneficios tienen un amplio rango de alcance. Es justo, entonces, que el costo de tener un teléfono público accesible sea compartido por todos los que nos llamamos panameños y por todas las empresas que nos sirven.
Esto también es una forma de contribuir a que se eleve la calidad de vida en este país que a todos nos incluye.
Estamos tan acostumbrados a contar con estos servicios que cuando se ven interrumpidos, se nos viene encima un caos. La mayoría de nosotros no puede concebir la vida cotidiana sin estos servicios básicos. Y es que tener agua potable, corriente eléctrica y comunicación telefónica son elementos que definen la modernidad. Nos resulta inconcebible que en este siglo y en este país, todavía hayan poblaciones carentes de los mismos. Estas carencias también concentran problemas sociales como son un bajo desarrollo humano, la marginalidad y la pobreza, temas que requieren una amplia discusión.
Sin llegar a estas profundas consideraciones socioeconómicas, demos una mirada práctica a lo que la presencia o ausencia de un teléfono público puede involucrar.
En algunas comunidades de difícil acceso en Panamá, el teléfono representa el único medio de comunicación rápida, lo cual se traduce en soluciones concretas para los habitantes de estos lugares. Así, gracias al teléfono público, Mayra Rodríguez puede conseguir una cita médica para su hijo; José Pérez informa a sus familiares sobre la muerte de su padre; Francisco Peñalba solicita una remesa para su abarrotería; Rosa Salas contacta a su hija en la ciudad. En fin, las personas resuelven.
Si pensamos que el teléfono público hace la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas (como en efecto la hace), no existe relación entre el costo de una llamada telefónica y los beneficios que ésta representa. Precisamente por ello, entendiendo la importancia de estos servicios públicos, aun cuando no son rentables, están incluidos en la prestación que deben ofrecer las empresas que tras la privatización, obtuvieron esta concesión.
En el caso de la telefonía, le corresponde a Cable & Wireless tanto ofrecer como mantener el servicio de teléfonos públicos a todo el país. Esto significa que ese teléfono en Jaqué, provincia de Darién, el único que permite a sus habitantes mantenerse en comunicación con el resto del país, resolviendo urgencias o buscando soluciones, debe ser mantenido por la empresa en mención, sin importar que el costo de mantenimiento sea infinitamente superior a lo que ese aparato significa en ingreso. Esto será así por Ley hasta el 31 de diciembre de este año, cuando se vence el plazo de prestación de estos servicios no rentables.
Por lo pronto, está en el tapete de discusión legislativa, a partir del próximo período a iniciarse en septiembre, el proyecto de ley universal de servicios públicos no rentables, que contempla la posibilidad de que de la misma forma en que con la apertura de mercados a inicios de este año, se unieron a la competencia algunas otras empresas en la oferta de telefonía de larga distancia (donde se encuentran las verdaderas ganancias), igualmente el costo de estos servicios no rentables sea compartido.
Aunque el costo de una llamada sea un asunto de centavos, los beneficios tienen un amplio rango de alcance. Es justo, entonces, que el costo de tener un teléfono público accesible sea compartido por todos los que nos llamamos panameños y por todas las empresas que nos sirven.
Esto también es una forma de contribuir a que se eleve la calidad de vida en este país que a todos nos incluye.
