Tenencia de armas de fuego
La proliferación de armas de fuego es de las peores epidemias que padece nuestro país desde hace trece años. Empezó con la invasión norteamericana de diciembre de 1989 y siguió con el flujo del tráfico de armamento desde Centroamérica hacia los grupos irregulares en Colombia. Por aquí pasan explosivos, lanzacohetes, rifles de asalto, granadas, municiones y otras. Parte del arsenal se nos queda en pago a las mafias locales que las comercializan a las bandas de delincuentes y a gente de mal vivir.
Como bien dijo Rubén Blades durante su concierto de Año Nuevo en la Calzada de Amador, los tiempos en que las discusiones extremas se dilucidaban con un par de puñetazos, se han ido, para dar lugar a las peleas a balazos. Las estadísticas de víctimas van en aumento, enluteciendo a los hogares de cientos de panameños cada año, sobre todo de gente humilde.
Por eso, estamos de acuerdo con la intención del ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona hijo, de aumentar las penas a la tenencia ilegal de armas. Hasta ahora, fuera del decomiso y una multa, nada le ocurre a un malandro a quien, luego de una requisa, le encuentren en su poder un arma de fuego sin permiso. Si la idea del ministro se concreta, tendrá que pagar con la cárcel. Es más que obvio que la difusión de las primeras penas tendrá por efecto legalizar la tenencia de armas e inhibir un tanto su proliferación descontrolada.
Pero la medida requerirá de otras complementarias, como por ejemplo, de acentuar las redadas masivas de requisas y decomisos, acordonando barriadas y revisando casa por casa, persona por persona, sin tregua ni descanso, con la aplicación sumaria y enérgica de penas. No vemos otro modo de erradicar este mal. La vida y la integridad física de muchos panameños está en juego.
Con la legalización será necesario regular su uso por particulares. No podemos permitir que se siga portando armas en playas y lugares públicos. Este no es el Oeste norteamericano con gente pistola al cinto, lista para esgrimirla por una simple pelea de cantina, como ha ocurrido. Aquí hay gente que saca a relucir revólveres en cualquier discusión y hasta por un accidente o discrepancia de tránsito. Requerimos pues de una política enérgica contra la posesión ilegal de armas.
Como bien dijo Rubén Blades durante su concierto de Año Nuevo en la Calzada de Amador, los tiempos en que las discusiones extremas se dilucidaban con un par de puñetazos, se han ido, para dar lugar a las peleas a balazos. Las estadísticas de víctimas van en aumento, enluteciendo a los hogares de cientos de panameños cada año, sobre todo de gente humilde.
Por eso, estamos de acuerdo con la intención del ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona hijo, de aumentar las penas a la tenencia ilegal de armas. Hasta ahora, fuera del decomiso y una multa, nada le ocurre a un malandro a quien, luego de una requisa, le encuentren en su poder un arma de fuego sin permiso. Si la idea del ministro se concreta, tendrá que pagar con la cárcel. Es más que obvio que la difusión de las primeras penas tendrá por efecto legalizar la tenencia de armas e inhibir un tanto su proliferación descontrolada.
Pero la medida requerirá de otras complementarias, como por ejemplo, de acentuar las redadas masivas de requisas y decomisos, acordonando barriadas y revisando casa por casa, persona por persona, sin tregua ni descanso, con la aplicación sumaria y enérgica de penas. No vemos otro modo de erradicar este mal. La vida y la integridad física de muchos panameños está en juego.
Con la legalización será necesario regular su uso por particulares. No podemos permitir que se siga portando armas en playas y lugares públicos. Este no es el Oeste norteamericano con gente pistola al cinto, lista para esgrimirla por una simple pelea de cantina, como ha ocurrido. Aquí hay gente que saca a relucir revólveres en cualquier discusión y hasta por un accidente o discrepancia de tránsito. Requerimos pues de una política enérgica contra la posesión ilegal de armas.
