Terrorismo ataca a la democracia
En el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones, la Asamblea General de la OEA, al adoptar la Convención Interamericana contra el Terrorismo, de manera unánime reconoció que se trata de un grave fenómeno delictivo que preocupa profundamente a todos los Estados Miembros, atenta contra la democracia, impide el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, amenaza la seguridad de los países, desestabiliza y socava las bases de toda la sociedad y afecta seriamente al desarrollo socioeconómico de los pueblos.
La situación se complica aún más si las agrupaciones de terror se encuentran alimentadas por los sucios dineros de las drogas. Comparto la opinión de un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos, quien expresó que el arraigado vínculo entre los narcotraficantes y los terroristas amenaza con ampliar la oleada de violencia en el mundo y que los alcances de los ataques narcoterroristas se ven desde el suroeste de Asia hasta América Latina.
Al respecto, pueden darse numerosos ejemplos, siendo los de mayor conocimiento y peligrosidad aquellos que conciernen a la red Al Qaeda, del siniestro Osama bin Laden y los grupos alzados en armas que destruyen a Colombia.
En Afganistán se genera más del setenta por ciento de todo el opio del planeta, sirvió para que los talibanes, íntimos aliados de Bin Laden, sojuzguen a la población y esclavicen especialmente a las mujeres. Esos sujetos de ingrata recordación instauraron un régimen de ferocidad y primitivismo, alentados por el fundamentalismo islámico y el ciego absolutismo. En esos años de cruel dominación no se permitió el menor resquicio para la democracia. Lo preocupante en la actualidad es que estos desalmados y fanáticos han comenzado a reagruparse y públicamente amenazan perpetrar otros atentados en contra de Occidente. ¿Cómo no inquietarse si aún se halla fresco el recuerdo de lo que fueron capaces de hacer aquel fatídico 11 de septiembre, en territorios americanos? ¿Si se ha dado a conocer que los cabecillas de esos despreciables sujetos aún viven y están organizando el cometimiento de más atrocidades?
En Colombia, las FARC amenazaron de muerte a los alcaldes de ese país si éstos no renuncian a sus cargos. Como efecto de mortales arbitrariedades han muerto varios representantes comunitarios y han dejado sus cargos hasta el instante que escribo este artículo más de ciento veinte burgomaestres pertenecientes a mil cien municipios. Esta coacción de los narcoterroristas significa el mayor y directo atropello antidemocrático de todos cuantos se han producido en esas latitudes.
Con cuánta razón, el ex presidente norteamericano Bill Clinton, en un foro empresarial llevado a cabo, hace pocos días, en Cartagena de Indias, por su violencia, agresividad y radicalismo comparó a la red al Qaeda con las colombianas FARC, ELN y AUC, debido a que utilizan el narcotráfico para financiar el terrorismo, se oponen a la democracia, la tolerancia y las libertades personales.
A nivel internacional, fue bien recibida la resolución del Comité de Representantes Permanentes de los quince países miembros de la Unión Europea que, en Bruselas, incluyeron a las FARC en su lista de grupos terroristas, como lo hizo Washington con anterioridad. Están detectadas irrefutables evidencias sobre los nexos de las FARC con grupos armados y mafias de por lo menos dieciocho países.
La representativa Human Rights Watch, mediante carta, recordó al jefe de los bandoleros, Manuel Marulanda, más conocido por su alias de Tirofijo, que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe los ataques contra civiles y objetivos civiles, que el uso de armas indiscriminadas viola uno de los principios más básicos del derecho de la guerra, que exige hacer una distinción entre combatientes y no combatientes y entre objetivos militares y propiedades o lugares protegidos; no obstante, las FARC han seguido utilizando cilindros de gas contra viviendas, escuelas e iglesias, que continúan dejando incontables e inocentes víctimas, junto a otros execrables daños. ¿Podrán significar algo estas admoniciones en la conducta de vándalos acostumbrados al chantaje, la extorsión, el secuestro, la bomba criminal, la masacre, como forma de vida? ¿Qué acontecería no solamente en la mencionada república sudamericana de captar el poder político los narcoterroristas en referencia?
Jamás se debe confundir a los demócratas con los totalitarios, realizar ello equivaldría a identificar a la luz con la sombra. El terrorismo y el narcotráfico atacan a la democracia y a sus valores superlativos, ello nunca hay que olvidar para que la conciencia colectiva oriente, eficazmente, la lucha de la civilización contra la barbarie.
También el ex contralor general de la república, José Chen Barría, se refirió a este caso indicando que no tuvo relación con el mismo, debido a que en el período en que se ventiló, todavía no estaba en la Contraloría, pues laboraba en Migración.
El director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Jorge Fabián Gutiérrez, declaró que esta entidad dará trámite a la queja planteada por los miembros de la AMIFUP.
"Estamos convencidos de que las autoridades deben en la medida de su competencia, por lo menos dar una respuesta satisfactoria a esta asociación de reservistas sobre el destino de sus fondos", manifestó Gutiérrez. Agregó que la Defensoría del Pueblo no sabe en qué tiempo pueda el Estado reconsiderar este caso, como tampoco cuál es el verdadero monto de los dineros que exige la AMIFUP le sean devueltos.
"Ahora iniciamos las investigaciones, pero definitivamente la queja ha sido admitida y se va a tramitar", subrayó Gutiérrez. Explicó que dentro del trámite está la solicitud de informe sobre el tema al Banco Nacional de Panamá y al Ministerio de Economía y Finanzas. "Una vez que nos respondan y tengamos la información completa, evaluaremos qué gestiones podemos hacer en pro de que ese dinero regrese a su legítimo dueño", puntualizó Gutiérrez.
El comandante de la antigua Guardia Nacional de Panamá, general retirado Rubén Darío Paredes, fue del criterio de que a la AMIFUP debe devolvérsele los dineros que fueron enviados al arca común del Estado. "No hay ninguna duda que esos fondos pertenecen a la tropa y oficiales, pues se les descontaba el dinero quincenalmente", dijo Paredes a El Panamá América.
Recordó que por instrucciones del desaparecido general Omar Torrijos Herrera, le correspondió implementar este Fondo para el Retiro, el cual era "obligatorio" para todo el personal con una aportación mínima mensual de B/.2.00. Si una unidad quería aportar más podía hacerlo y así tener un mejor ahorro al final.
"Desde el general hasta el ordenanza tenían que aportar para que al jubilarse a los 25 años de servicio, el guardia pudiera tener un efectivo adicional para su reintegro a la sociedad civil", indicó Paredes.
También mencionó que había otro descuento de 1 balboa mensual destinado al Seguro Colectivo de Vida (con una aseguradora privada), que consistía en una póliza por 10 mil balboas para el guardia o sus deudos.
Según Paredes, esos dineros devengaban un interés para los miembros y cuando fue comandante de la Guardia Nacional giró instrucciones para que fueran depositados en el Banco Nacional de Panamá y otros bancos privados que daban un mejor interés por plazo fijo.
Paredes aclaró que su gestión administrativa ocurrió en un período normal, donde no había sanciones económicas, ni presiones políticas, pero la invasión militar norteamericana "provocó algunos desajustes y desórdenes".
A pesar de ello, Paredes espera que el Estado le reconozca a los miembros de AMIFUP su derecho a los dineros que habían ahorrado. "No hay duda, aunque ahora se denomine diferente, institucionalmente ese dinero pertenece a los miembros de la Fuerza Pública", subrayó Paredes.
La situación se complica aún más si las agrupaciones de terror se encuentran alimentadas por los sucios dineros de las drogas. Comparto la opinión de un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos, quien expresó que el arraigado vínculo entre los narcotraficantes y los terroristas amenaza con ampliar la oleada de violencia en el mundo y que los alcances de los ataques narcoterroristas se ven desde el suroeste de Asia hasta América Latina.
Al respecto, pueden darse numerosos ejemplos, siendo los de mayor conocimiento y peligrosidad aquellos que conciernen a la red Al Qaeda, del siniestro Osama bin Laden y los grupos alzados en armas que destruyen a Colombia.
En Afganistán se genera más del setenta por ciento de todo el opio del planeta, sirvió para que los talibanes, íntimos aliados de Bin Laden, sojuzguen a la población y esclavicen especialmente a las mujeres. Esos sujetos de ingrata recordación instauraron un régimen de ferocidad y primitivismo, alentados por el fundamentalismo islámico y el ciego absolutismo. En esos años de cruel dominación no se permitió el menor resquicio para la democracia. Lo preocupante en la actualidad es que estos desalmados y fanáticos han comenzado a reagruparse y públicamente amenazan perpetrar otros atentados en contra de Occidente. ¿Cómo no inquietarse si aún se halla fresco el recuerdo de lo que fueron capaces de hacer aquel fatídico 11 de septiembre, en territorios americanos? ¿Si se ha dado a conocer que los cabecillas de esos despreciables sujetos aún viven y están organizando el cometimiento de más atrocidades?
En Colombia, las FARC amenazaron de muerte a los alcaldes de ese país si éstos no renuncian a sus cargos. Como efecto de mortales arbitrariedades han muerto varios representantes comunitarios y han dejado sus cargos hasta el instante que escribo este artículo más de ciento veinte burgomaestres pertenecientes a mil cien municipios. Esta coacción de los narcoterroristas significa el mayor y directo atropello antidemocrático de todos cuantos se han producido en esas latitudes.
Con cuánta razón, el ex presidente norteamericano Bill Clinton, en un foro empresarial llevado a cabo, hace pocos días, en Cartagena de Indias, por su violencia, agresividad y radicalismo comparó a la red al Qaeda con las colombianas FARC, ELN y AUC, debido a que utilizan el narcotráfico para financiar el terrorismo, se oponen a la democracia, la tolerancia y las libertades personales.
A nivel internacional, fue bien recibida la resolución del Comité de Representantes Permanentes de los quince países miembros de la Unión Europea que, en Bruselas, incluyeron a las FARC en su lista de grupos terroristas, como lo hizo Washington con anterioridad. Están detectadas irrefutables evidencias sobre los nexos de las FARC con grupos armados y mafias de por lo menos dieciocho países.
La representativa Human Rights Watch, mediante carta, recordó al jefe de los bandoleros, Manuel Marulanda, más conocido por su alias de Tirofijo, que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe los ataques contra civiles y objetivos civiles, que el uso de armas indiscriminadas viola uno de los principios más básicos del derecho de la guerra, que exige hacer una distinción entre combatientes y no combatientes y entre objetivos militares y propiedades o lugares protegidos; no obstante, las FARC han seguido utilizando cilindros de gas contra viviendas, escuelas e iglesias, que continúan dejando incontables e inocentes víctimas, junto a otros execrables daños. ¿Podrán significar algo estas admoniciones en la conducta de vándalos acostumbrados al chantaje, la extorsión, el secuestro, la bomba criminal, la masacre, como forma de vida? ¿Qué acontecería no solamente en la mencionada república sudamericana de captar el poder político los narcoterroristas en referencia?
Jamás se debe confundir a los demócratas con los totalitarios, realizar ello equivaldría a identificar a la luz con la sombra. El terrorismo y el narcotráfico atacan a la democracia y a sus valores superlativos, ello nunca hay que olvidar para que la conciencia colectiva oriente, eficazmente, la lucha de la civilización contra la barbarie.
También el ex contralor general de la república, José Chen Barría, se refirió a este caso indicando que no tuvo relación con el mismo, debido a que en el período en que se ventiló, todavía no estaba en la Contraloría, pues laboraba en Migración.
El director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Jorge Fabián Gutiérrez, declaró que esta entidad dará trámite a la queja planteada por los miembros de la AMIFUP.
"Estamos convencidos de que las autoridades deben en la medida de su competencia, por lo menos dar una respuesta satisfactoria a esta asociación de reservistas sobre el destino de sus fondos", manifestó Gutiérrez. Agregó que la Defensoría del Pueblo no sabe en qué tiempo pueda el Estado reconsiderar este caso, como tampoco cuál es el verdadero monto de los dineros que exige la AMIFUP le sean devueltos.
"Ahora iniciamos las investigaciones, pero definitivamente la queja ha sido admitida y se va a tramitar", subrayó Gutiérrez. Explicó que dentro del trámite está la solicitud de informe sobre el tema al Banco Nacional de Panamá y al Ministerio de Economía y Finanzas. "Una vez que nos respondan y tengamos la información completa, evaluaremos qué gestiones podemos hacer en pro de que ese dinero regrese a su legítimo dueño", puntualizó Gutiérrez.
El comandante de la antigua Guardia Nacional de Panamá, general retirado Rubén Darío Paredes, fue del criterio de que a la AMIFUP debe devolvérsele los dineros que fueron enviados al arca común del Estado. "No hay ninguna duda que esos fondos pertenecen a la tropa y oficiales, pues se les descontaba el dinero quincenalmente", dijo Paredes a El Panamá América.
Recordó que por instrucciones del desaparecido general Omar Torrijos Herrera, le correspondió implementar este Fondo para el Retiro, el cual era "obligatorio" para todo el personal con una aportación mínima mensual de B/.2.00. Si una unidad quería aportar más podía hacerlo y así tener un mejor ahorro al final.
"Desde el general hasta el ordenanza tenían que aportar para que al jubilarse a los 25 años de servicio, el guardia pudiera tener un efectivo adicional para su reintegro a la sociedad civil", indicó Paredes.
También mencionó que había otro descuento de 1 balboa mensual destinado al Seguro Colectivo de Vida (con una aseguradora privada), que consistía en una póliza por 10 mil balboas para el guardia o sus deudos.
Según Paredes, esos dineros devengaban un interés para los miembros y cuando fue comandante de la Guardia Nacional giró instrucciones para que fueran depositados en el Banco Nacional de Panamá y otros bancos privados que daban un mejor interés por plazo fijo.
Paredes aclaró que su gestión administrativa ocurrió en un período normal, donde no había sanciones económicas, ni presiones políticas, pero la invasión militar norteamericana "provocó algunos desajustes y desórdenes".
A pesar de ello, Paredes espera que el Estado le reconozca a los miembros de AMIFUP su derecho a los dineros que habían ahorrado. "No hay duda, aunque ahora se denomine diferente, institucionalmente ese dinero pertenece a los miembros de la Fuerza Pública", subrayó Paredes.
