Terrorismo urbano
El SUNTRACS, a todas luces, parece ser una organización peligrosa, osada, e irrespetuosa, cuyas arcas no han sido objeto de auditos externos para determinar cuánto dinero manejan y de donde provienen los fondos que superan el pago de las cuotas de sus asociados. Se han dado situaciones en que se estima, reciben financiamiento de parte de gobiernos extranjeros dictatoriales de izquierda radicalizada.
Para muchos de sus miembros, las ambiciones y el motor que genera su actuar, a nivel nacional, son desconocidas. Su capacidad para paralizar la ciudad y generar toda tipo de caos, es impresionantemente dañina y, desde su fundación hasta el presente, pareciera perseguir políticas fuera del sindicalismo, tal como éste se define en nuestro ordenamiento jurídico.
Se escucha, a soto voz, que funcionarios de altos niveles de algunos partidos políticos, ven con buenos ojos cuando los partidos contrarios (gobernantes), son asediados por las garras agresivas e irresponsables de esta organización, que sólo persigue provocar estados parciales de ingobernabilidad, violando derechos de terceros, causando daños materiales y físicos al proceder, con aparente alevosía, a la destrucción de la propiedad privada y pública, incluso amenazando, con su irresponsable comportamiento, la vida de personas privadas y del estamento policial, como ocurrió el 16 de marzo del año en curso, en horas del medio día, al tirar sin medición de consecuencias, toda clase de objetos pesados desde las alturas de los edificios en construcción. Tales actos fueron filmados por cámaras de medios televisivos y apreciados por testigos presenciales. ¿Se hará algo al respecto? ¿Qué ocurre si mueren, quedan lisiados o gravemente heridos ciudadanos inocentes o policías, al tratar de huir o ponerle un alto a actos tan vandálicos? Ningún gobierno se ha atrevido a tomar medidas serias, que impidan estos comportamientos usuales, de una organización sindical económicamente próspera que, aún en situaciones que pudiesen ameritar sus protestas, en ningún caso ameritan el vandalismo, con cara de terrorismo urbano.
Considero que el gobierno de turno debe proceder por, la vía legal, al congelamiento de sus fondos, mientras se adelantan las pesquisas pertinentes para procesar a sus dirigentes principales y a toda persona, miembro o no, que tomaron parte en tan peligroso actuar. Se debe establecer una sección especial, dentro del Ministerio Público, para que se registren las personas afectadas físicamente o sufrieron daños a su propiedad, a objeto de lograr su compensación con los fondos de la organización sindical. Basta ya del clientelismo político que le ha servido de instrumento para fines desconocidos y, naturalmente, de los votos de los trabajadores de la construcción. Ponerle un alto a estos actos, casi que de corte guerrillero, es una obligación del Estado.
