Texto y contexto de una grave acusación
La Alianza Ciudadana Pro Justicia entregó un informe, que llamó auditoría, sobre seis decisiones polémicas de la Corte Suprema. Estos casos fueron señalados por el magistrado Adán Arnulfo Arjona en una respuesta pública a una carta enviada por tres de sus colegas que lo acusaban de cometer irregularidades como Presidente de la Corte Suprema en el bienio 2002-2003, que afectaban "el decoro e imagen" de ese órgano del Estado.
Con una ironía, que algunos consideran una impertinencia, Arjona manifestó en conferencia de prensa, el día posterior al de la denuncia en su contra, lo siguiente: "Si algo ha causado daño al decoro e imagen de la Corte Suprema de Justicia son las decisiones que he cuestionado y cuestiono de manera firme y categórica. Las evidencias de los hechos son públicas y vale la pena recordarlas".
Enumeró entonces 6 sentencias recientes a las cuales se había opuesto en su momento mediante salvamentos de voto, en los que censuraba con dureza las argumentaciones del fallo de mayoría. En su alocución, el Magistrado Arjona destacó que dichas sentencias habían sido firmadas por los magistrados que falsamente le acusaban.
La Alianza, conformada por organizaciones del sector privado, grupos cívicos y gremiales, explica en su informe los siguientes "hallazgos": "a) que existe una incapacidad manifiesta en el ejercicio del cargo de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o b) que existe un indicio grave de que tales decisiones responden a criterios selectivos al margen del derecho", y remata la Alianza: "En ambos supuestos, las actuaciones de los magistrados ameritan una investigación por parte de la entidad legitimada para hacerlo y de un mecanismo efectivo de rendición de cuenta aplicable a estos funcionarios judiciales." ¿Cómo se prueba que un fallo de la Corte ha favorecido a un reo de narcotráfico mediante un razonamiento contrario a la Constitución y a las leyes? ¿Se puede juzgar a un magistrado por emitir un fallo contrario a la Constitución y a las leyes?
¿A quién le corresponde hacer el dictamen? A la Asamblea Nacional.
¿Pasará algo esta vez? Depende de la ciudadanía y de la voluntad del Estado que preside Martín Torrijos Espino.
