Tierra, inversionistas y conflictos
Por años el Estado panameño ha invertido cuantiosos recursos en atraer inversión extranjera. Esta ha sido la clave para que muchas naciones incorporen divisas frescas a sus economías, en un intento por modernizar sus sociedades, luchar contra la pobreza y producir cambios culturales.
Hubo en principio quienes bajo la premisa ideológica de que se trataba de neocolonizaciones o abrir el país al capital extranjero, se empeñaron en "torpedear" esa política. Pero además de la crítica nada en concreto fue lo que propusieron, y los países siguieron esta ruta con resultados efectivos. En Panamá esto ha significado el arribo de verdaderos gigantes de la inversión, tanto de Europa como de Estados Unidos. Tan solo hay que ver cómo creció el año pasado la inversión extranjera y la posibilidad que tiene de incrementarse sustantivamente después que se apruebe el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, estimulada por la posibilidad de las ventajas en que entre Panamá para afianzarse en el disputado mercado estadounidense.
Pero la preocupación que asalta es la preparación que tiene el país para recibir de manera efectiva estas inversiones sin que los inversionistas estén sometidos a tensiones no previstas en las legislaturas. Por ejemplo, si el costo de una hectárea de tierra se fija en un determinado precio, por qué a la hora de comprar tales precios se traducen en cifras mayores, o en metodologías de venta no previstas a la hora en que el inversionista ha recibido la oferta. Pareciera que si bien el Estado estimula, legaliza y garantiza seguridad jurídica a los inversionistas, en ciertos niveles tal condición se pierde. Bueno sería que las instituciones que tienen que ver con esto: la ANAM, Catastro, las gobernaciones, la alcaldías y hasta las corregidurías tuvieran la misma claridad. No sería exceso tratar de implementar un número importante de seminarios con estos temas.
Hubo en principio quienes bajo la premisa ideológica de que se trataba de neocolonizaciones o abrir el país al capital extranjero, se empeñaron en "torpedear" esa política. Pero además de la crítica nada en concreto fue lo que propusieron, y los países siguieron esta ruta con resultados efectivos. En Panamá esto ha significado el arribo de verdaderos gigantes de la inversión, tanto de Europa como de Estados Unidos. Tan solo hay que ver cómo creció el año pasado la inversión extranjera y la posibilidad que tiene de incrementarse sustantivamente después que se apruebe el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, estimulada por la posibilidad de las ventajas en que entre Panamá para afianzarse en el disputado mercado estadounidense.
Pero la preocupación que asalta es la preparación que tiene el país para recibir de manera efectiva estas inversiones sin que los inversionistas estén sometidos a tensiones no previstas en las legislaturas. Por ejemplo, si el costo de una hectárea de tierra se fija en un determinado precio, por qué a la hora de comprar tales precios se traducen en cifras mayores, o en metodologías de venta no previstas a la hora en que el inversionista ha recibido la oferta. Pareciera que si bien el Estado estimula, legaliza y garantiza seguridad jurídica a los inversionistas, en ciertos niveles tal condición se pierde. Bueno sería que las instituciones que tienen que ver con esto: la ANAM, Catastro, las gobernaciones, la alcaldías y hasta las corregidurías tuvieran la misma claridad. No sería exceso tratar de implementar un número importante de seminarios con estos temas.
