TLC: "Es necesario hablar con la verdad"
PEDIMOS QUE NO se firme un TLC, mientras no se llegue a un acuerdo satisfactorio y equitativo entre las partes que sea compatible con la vigencia plena de los derechos humanos. Las negociaciones sobre el TLC deben permitir un proceso participativo e inclusivo de diálogo regional y en cada país, de acuerdo a su propia realidad . Sugerimos que en los países donde tales acuerdos ya fueron ratificados, se abra paso a una auténtica vigilancia ciudadana a fin de controlar su implementación, denunciar los efectos negativos y proponer medidas en favor de las mayorías. De esta manera, los sectores potencialmente afectados podrían presentar sus propuestas y que éstas se tengan en cuenta. En este proceso es necesario hablar con la verdad: "conocerán la verdad y la verdad les hará libres" (Jn, 8, 32).
Las políticas de comercio tienen que ser formuladas para estimular el crecimiento, pero enfocadas dentro de una propuesta de desarrollo integral como alternativa para combatir la pobreza, la exclusión y superar el hambre. Urgimos a los líderes políticos y funcionarios a tener presentes estas metas. Estamos preocupados porque no vemos que los TLC que se vienen negociando sean capaces de incrementar las oportunidades para las personas más pobres y vulnerables, para que efectivamente sean incorporadas en condiciones de equidad. Hay que asegurar que no se consoliden un modelo económico excluyente. Si bien el mercado tiene su propia lógica y fomenta la eficiencia, no tiene su propia ética para asegurar de por sí dicho desarrollo humano integral. Por eso consideramos importante garantizar que el marco moral y jurídico de los TLC, además de asegurar los derechos de adecuadas políticas agrarias, estándares laborales justos, regulaciones efectivas del medio ambiente, propiedad intelectual equitativa, promuevan el bien común de todos, especialmente de los pobres y excluidos.
Para que los pobres se beneficien realmente del comercio, deben preverse impactos negativos como los efectos distributivos de las políticas que van a aplicarse. El tratado debe reestructurarse e impulsar una agenda de medidas de transformación institucional y de políticas públicas, en el campo de la educación, salud pública, financiamiento, transferencia tecnológica que modifiquen las actuales tendencias excluyentes y de concentración de la riqueza. Es necesario implementar medidas complementarias que creen oportunidades para que los empobrecidos y excluidos puedan beneficiarse del comercio y se atiendan a las personas con discapacidades, así como el fortalecimiento de la democracia participativa.
Los TLC podrían dejar más vulnerables a los pequeños productores por la enorme asimetría entre la economía del agro de los EU y la de los pequeños agricultores de nuestros países, agravada por los enormes subsidios recibidos por los agro-negocios en los EU, los plazos de desgravación y otras medidas propuestas para reemplazar el sistema actual de bandas de precios, dichos tratados pueden resultar insuficientes. Se requiere de una voluminosa agenda de cooperación orientada al desarrollo rural que permita a los productores locales competir en condiciones favorables en plazos proporcionales a las transformaciones que se logren. Los países tendrían que adoptar políticas que permitan a los agricultores y trabajadores rurales producir alimentos para sus pueblos, mantener un ingreso estable y ser actores de un auténtico desarrollo sostenible.
Aunque la protección de la propiedad intelectual es un aspecto fundamental del estado de derecho, las condiciones actuales de la economía internacional favorecen el control monopólico de las grandes empresas transnacionales sobre el conocimiento, con especial repercusión en los campos de la salud y la agricultura. De ahí la urgencia de salvaguardar en los TLC, el carácter de bien público del conocimiento, y sus posibilidades de creación, diseminación y uso en nuestros países, si se quiere permitir realmente su acceso a la nueva sociedad de conocimiento.
Los TLC permitirían patentar semillas y seres vivos, así como la proliferación de productos transgénicos, además de la ampliación del período actual del monopolio que las empresas farmacéuticas tienen para la venta de medicamentos. Estas medidas pueden poner en peligro la biodiversidad, el acceso de los productores agrícolas a recursos que son necesarios y la posibilidad de que los pobres adquieran medicinas a bajo precio. Nos preocupa que en los TLC la educación superior esté siendo manejada en gran parte como una mercancía. La educación, en este contexto, ya no es vista como un "bien público" y un derecho humano fundamental.
Los TLC deben ser oportunidad para fortalecer la protección de los trabajadores. En ausencia de compromisos vinculantes para respetar sus derechos, la mayoría de los trabajadores pobres o sin organizaciones que les defiendan, no podrían gozar de los beneficios potenciales de un aumento en el comercio. Existe el peligro de un aumento de la explotación de amplios sectores de trabajadores
as -en especial las mujeres- en el comercio informal y las maquiladoras. La posible pérdida del empleo rural y la migración resultante hacia las ciudades o fuera de la región, por la falta de suficientes salvaguardas para proteger a los agricultores pequeños y medianos.
Un aumento en el intercambio comercial podría significar un mayor consumo irresponsable de productos nocivos a la salud, depredadores del medio ambiente y generadores de desechos de todo tipo. Sin protecciones adecuadas vinculantes para el medio ambiente, los TLC no van a estar a la altura de contribuir realmente al uso racional de recursos tales como el agua, el aire, la tierra y los bosques, por la importancia que los ecosistemas y la biodiversidad tienen para muchos de nuestros países. Nos preocupa de manera particular la vida de las personas y grupos humanos más vulnerables, como son las comunidades indígenas; es necesario defender sus derechos fundamentales, como su identidad cultural, tan fuertemente marcada por los valores espirituales como el respeto a la vida en todas sus formas.
(declaración de los Obispos de América Latina y el Caribe sobre los TLC. Septiembre 2005, Washington)
Las políticas de comercio tienen que ser formuladas para estimular el crecimiento, pero enfocadas dentro de una propuesta de desarrollo integral como alternativa para combatir la pobreza, la exclusión y superar el hambre. Urgimos a los líderes políticos y funcionarios a tener presentes estas metas. Estamos preocupados porque no vemos que los TLC que se vienen negociando sean capaces de incrementar las oportunidades para las personas más pobres y vulnerables, para que efectivamente sean incorporadas en condiciones de equidad. Hay que asegurar que no se consoliden un modelo económico excluyente. Si bien el mercado tiene su propia lógica y fomenta la eficiencia, no tiene su propia ética para asegurar de por sí dicho desarrollo humano integral. Por eso consideramos importante garantizar que el marco moral y jurídico de los TLC, además de asegurar los derechos de adecuadas políticas agrarias, estándares laborales justos, regulaciones efectivas del medio ambiente, propiedad intelectual equitativa, promuevan el bien común de todos, especialmente de los pobres y excluidos.
Para que los pobres se beneficien realmente del comercio, deben preverse impactos negativos como los efectos distributivos de las políticas que van a aplicarse. El tratado debe reestructurarse e impulsar una agenda de medidas de transformación institucional y de políticas públicas, en el campo de la educación, salud pública, financiamiento, transferencia tecnológica que modifiquen las actuales tendencias excluyentes y de concentración de la riqueza. Es necesario implementar medidas complementarias que creen oportunidades para que los empobrecidos y excluidos puedan beneficiarse del comercio y se atiendan a las personas con discapacidades, así como el fortalecimiento de la democracia participativa.
Los TLC podrían dejar más vulnerables a los pequeños productores por la enorme asimetría entre la economía del agro de los EU y la de los pequeños agricultores de nuestros países, agravada por los enormes subsidios recibidos por los agro-negocios en los EU, los plazos de desgravación y otras medidas propuestas para reemplazar el sistema actual de bandas de precios, dichos tratados pueden resultar insuficientes. Se requiere de una voluminosa agenda de cooperación orientada al desarrollo rural que permita a los productores locales competir en condiciones favorables en plazos proporcionales a las transformaciones que se logren. Los países tendrían que adoptar políticas que permitan a los agricultores y trabajadores rurales producir alimentos para sus pueblos, mantener un ingreso estable y ser actores de un auténtico desarrollo sostenible.
Aunque la protección de la propiedad intelectual es un aspecto fundamental del estado de derecho, las condiciones actuales de la economía internacional favorecen el control monopólico de las grandes empresas transnacionales sobre el conocimiento, con especial repercusión en los campos de la salud y la agricultura. De ahí la urgencia de salvaguardar en los TLC, el carácter de bien público del conocimiento, y sus posibilidades de creación, diseminación y uso en nuestros países, si se quiere permitir realmente su acceso a la nueva sociedad de conocimiento.
Los TLC permitirían patentar semillas y seres vivos, así como la proliferación de productos transgénicos, además de la ampliación del período actual del monopolio que las empresas farmacéuticas tienen para la venta de medicamentos. Estas medidas pueden poner en peligro la biodiversidad, el acceso de los productores agrícolas a recursos que son necesarios y la posibilidad de que los pobres adquieran medicinas a bajo precio. Nos preocupa que en los TLC la educación superior esté siendo manejada en gran parte como una mercancía. La educación, en este contexto, ya no es vista como un "bien público" y un derecho humano fundamental.
Los TLC deben ser oportunidad para fortalecer la protección de los trabajadores. En ausencia de compromisos vinculantes para respetar sus derechos, la mayoría de los trabajadores pobres o sin organizaciones que les defiendan, no podrían gozar de los beneficios potenciales de un aumento en el comercio. Existe el peligro de un aumento de la explotación de amplios sectores de trabajadores
as -en especial las mujeres- en el comercio informal y las maquiladoras. La posible pérdida del empleo rural y la migración resultante hacia las ciudades o fuera de la región, por la falta de suficientes salvaguardas para proteger a los agricultores pequeños y medianos.
Un aumento en el intercambio comercial podría significar un mayor consumo irresponsable de productos nocivos a la salud, depredadores del medio ambiente y generadores de desechos de todo tipo. Sin protecciones adecuadas vinculantes para el medio ambiente, los TLC no van a estar a la altura de contribuir realmente al uso racional de recursos tales como el agua, el aire, la tierra y los bosques, por la importancia que los ecosistemas y la biodiversidad tienen para muchos de nuestros países. Nos preocupa de manera particular la vida de las personas y grupos humanos más vulnerables, como son las comunidades indígenas; es necesario defender sus derechos fundamentales, como su identidad cultural, tan fuertemente marcada por los valores espirituales como el respeto a la vida en todas sus formas.
(declaración de los Obispos de América Latina y el Caribe sobre los TLC. Septiembre 2005, Washington)
