Tolerancia a la corrupción
En nuestro querido Panamá hemos llegado a grados de tolerancia increíbles. Ahora con el tema de la probable o improbable inscripción del Ing. Alberto Vallarino en el Partido Arnulfista hemos escuchado varias hipótesis, pero me llamó poderosamente la atención la que dice que la Presidenta de dicho partido, haciendo de tripas corazones, lo aceptará en su seno "ya que ella necesita de alguien, que después de su período, la proteja de todas las investigaciones sobre corrupción y malos manejos que le caerán encima". Este argumento lo hemos escuchado no una sino varias veces, es decir: ya es un estribillo que lo "tarareamos" como cualquier canción o propaganda de la radio o la televisión.
Ni la Presidenta del Partido Arnulfista, ni el Ing. Vallarino y ni el partido de oposición con el Lcdo. Martín Torrijos, dicen nada al respecto; esto se toma como una cosa natural.
La ciudadanía se pregunta, ¿por qué ella, ante tales insinuaciones no ha dicho nada, si la señora presidenta requiere de alguien que le cuide la espalda después del 2004? El silencio de ella la sociedad lo interpreta de muchas maneras y el eco de dichas interpretaciones les puedo asegurar que no hablan de premios a la honestidad, la probidad, la eficiencia y la capacidad. El eco es tan grande que retumbó más allá de nuestras fronteras con la poca edificante calificación de gobierno corrupto que nos hicieron hace poco.
El Ing. Vallarino tampoco ha dicho absolutamente nada ante el probable papel de encubridor que le quieren asignar los que de esa forma así hablan o escriben.
Dudo mucho que alguien se pueda comprometer a callar sobre los Cartiers, Punta Mala, HP 1430, contrabando de armas, ventas de terrenos del Banco Nacional a precios irrisorios desdeñando mejores ofertas, ventas de licencias de marinos en Asia, asignaciones de dineros públicos a bancos que están cerrando.
Es difícil ocultar lo ocurrido en el CEMIS, aunque se vayan el resto del período gubernamental a sesiones extraordinarias para evitar las investigaciones.
Nadie puede dejar de investigar cómo y por qué se permite la entrada de arroz contaminado, cómo y por qué se le despoja al Estado de más de 1200 millones en una equiparación entre puertos de manera inmoral e ilegal.
222Es difícil ocultar lo ocurrido en el CEMIS, aunque se vayan el resto del período gubernamental a sesiones extraordinarias para evitar las investigaciones.
La ciudadanía no puede aceptar que no se investigue a fondo la transparencia en el nombramiento de los últimos magistrados de la Corte Suprema. Yo espero que al respecto se dé algún pronunciamiento.
Si por los lados de la Presidencia del Partido Arnulfista y su probable candidato llueve, por los lados de nosotros no escampa.
Nuestra dirigencia con el Lcdo. Martín Torrijos parece que ya aceptó la situación de no hacer nada al respecto de los casos mencionados, ya que desde la oposición todo esto debió ser ventilado en forma pública y permanente, pero lo que hemos visto es un silencio cómplice y complaciente.
Decía nuestra presidenta del partido que ante la incapacidad que han mostrado para elaborar una alianza política de cara a las elecciones del 2004, ahora el partido se abocaba a realizar una alianza con los sectores sociales y populares, "plof". ¿Eso sobre la base de qué? ¿Tapando y escurriendo el bulto sobre la corrupción? Permitiendo que nuestra bancada contribuya con el gobierno en el bloqueo a las investigaciones del CEMIS no llevando al pleno el proyecto para levantarse la inmunidad parlamentaria o asistiendo a unas sesiones extraordinarias.
Podrán entre gobierno y oposición coordinar todo lo que quieran para evitar la acción de la justicia, pero eso no les va durar mucho, porque la verdad saldrá a flote para luego convertirse en grillete penal y político de quienes creen que con el "juega vivo político" pueden burlarse de toda una ciudadanía que está hastiada de los malos políticos que utilizan la política para provecho propio a costa del hambre, el desempleo y la inseguridad pública de todo un pueblo.
Carmen Rosa Robles, abogada del Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, aseguró que para el instituto este proyecto representa un avance en el ordenamiento jurídico panameño, pues con esta ley también se actualizará el sistema criminológico en Panamá.
Destacó que lo que se espera es actualizar el sistema en cuanto al tratamiento de los detenidos, basándose en principios que respeten los derechos humanos, la seguridad, la rehabilitación y la defensa social y esto sólo es posible mediante un tratamiento científico a cada uno de los privados de libertad, según su condición y con la intervención de funcionarios debidamente especializados.
Ni la Presidenta del Partido Arnulfista, ni el Ing. Vallarino y ni el partido de oposición con el Lcdo. Martín Torrijos, dicen nada al respecto; esto se toma como una cosa natural.
La ciudadanía se pregunta, ¿por qué ella, ante tales insinuaciones no ha dicho nada, si la señora presidenta requiere de alguien que le cuide la espalda después del 2004? El silencio de ella la sociedad lo interpreta de muchas maneras y el eco de dichas interpretaciones les puedo asegurar que no hablan de premios a la honestidad, la probidad, la eficiencia y la capacidad. El eco es tan grande que retumbó más allá de nuestras fronteras con la poca edificante calificación de gobierno corrupto que nos hicieron hace poco.
El Ing. Vallarino tampoco ha dicho absolutamente nada ante el probable papel de encubridor que le quieren asignar los que de esa forma así hablan o escriben.
Dudo mucho que alguien se pueda comprometer a callar sobre los Cartiers, Punta Mala, HP 1430, contrabando de armas, ventas de terrenos del Banco Nacional a precios irrisorios desdeñando mejores ofertas, ventas de licencias de marinos en Asia, asignaciones de dineros públicos a bancos que están cerrando.
Es difícil ocultar lo ocurrido en el CEMIS, aunque se vayan el resto del período gubernamental a sesiones extraordinarias para evitar las investigaciones.
Nadie puede dejar de investigar cómo y por qué se permite la entrada de arroz contaminado, cómo y por qué se le despoja al Estado de más de 1200 millones en una equiparación entre puertos de manera inmoral e ilegal.
222Es difícil ocultar lo ocurrido en el CEMIS, aunque se vayan el resto del período gubernamental a sesiones extraordinarias para evitar las investigaciones.
La ciudadanía no puede aceptar que no se investigue a fondo la transparencia en el nombramiento de los últimos magistrados de la Corte Suprema. Yo espero que al respecto se dé algún pronunciamiento.
Si por los lados de la Presidencia del Partido Arnulfista y su probable candidato llueve, por los lados de nosotros no escampa.
Nuestra dirigencia con el Lcdo. Martín Torrijos parece que ya aceptó la situación de no hacer nada al respecto de los casos mencionados, ya que desde la oposición todo esto debió ser ventilado en forma pública y permanente, pero lo que hemos visto es un silencio cómplice y complaciente.
Decía nuestra presidenta del partido que ante la incapacidad que han mostrado para elaborar una alianza política de cara a las elecciones del 2004, ahora el partido se abocaba a realizar una alianza con los sectores sociales y populares, "plof". ¿Eso sobre la base de qué? ¿Tapando y escurriendo el bulto sobre la corrupción? Permitiendo que nuestra bancada contribuya con el gobierno en el bloqueo a las investigaciones del CEMIS no llevando al pleno el proyecto para levantarse la inmunidad parlamentaria o asistiendo a unas sesiones extraordinarias.
Podrán entre gobierno y oposición coordinar todo lo que quieran para evitar la acción de la justicia, pero eso no les va durar mucho, porque la verdad saldrá a flote para luego convertirse en grillete penal y político de quienes creen que con el "juega vivo político" pueden burlarse de toda una ciudadanía que está hastiada de los malos políticos que utilizan la política para provecho propio a costa del hambre, el desempleo y la inseguridad pública de todo un pueblo.
Carmen Rosa Robles, abogada del Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, aseguró que para el instituto este proyecto representa un avance en el ordenamiento jurídico panameño, pues con esta ley también se actualizará el sistema criminológico en Panamá.
Destacó que lo que se espera es actualizar el sistema en cuanto al tratamiento de los detenidos, basándose en principios que respeten los derechos humanos, la seguridad, la rehabilitación y la defensa social y esto sólo es posible mediante un tratamiento científico a cada uno de los privados de libertad, según su condición y con la intervención de funcionarios debidamente especializados.
