Torrijos y la nueva justicia
El Presidente Martín Torrijos nombrará, cuando menos, 10 magistrados en su periodo de gobierno. Ha prometido que no renovará los nombramientos de los actuales integrantes de la Corte Suprema a los que a fin de año se les vence el periodo establecido por la Constitución, sino que hará dos nuevos nombramientos, sujetándose a la lista que le recomiende un organismo integrado por miembros de la sociedad civil. En dos años tendrá la oportunidad de hacer dos designaciones más, cuando expiren los términos de otros dos magistrados, de acuerdo con el principio de escalonamiento de las nominaciones que establece la Constitución.
A estos cuatro nombramientos habría que sumar los tres de la Sala Quinta, propuesta por el Pacto de Estado por la Justicia y que debe ser instalada en el 2007. Torrijos ha insistido en que respetará la lista de elegibles que le presente la sociedad civil en todos los nombramientos que le corresponda hacer.
Además, debe nombrar a uno de los magistrados del Tribunal Electoral y a otro en el Tribunal de Cuentas que deberá crearse el próximo año. Cuando el año pasado nombró al reemplazo de un magistrado que se jubiló por mandato de la ley, hizo un acto ejemplar y llamó al cargo a una servidora de carrera, ampliamente destacada en su lucha por una mejor justicia. La solidez de la nominación, apartada de los confines del amiguismo y del clientelismo de los partidos, dejó mal parados a los detractores del gobierno, que no pudieron sustentar sus señalamientos de que el mandatario se proponía ejercer influencia indebida sobre la máxima corporación de justicia. Si Torrijos repite la sabiduría de aquel nombramiento en los otros nueve que le tocará hacer en los próximos dos años, le habrá dado un impulso formidable a la independencia de los jueces. La actual jefatura del Ministerio Público, también designada por Torrijos, camina rectamente por una senda de transformaciones que incluyen la depuración del personal y el mejoramiento de los recursos humanos, y la buena salud de la institución comienza ya a percibirse y quizás contagie al Órgano Judicial.
La idea de fondo es que el Órgano Judicial desarrolle el liderazgo adecuado para que sean los mismos magistrados y jueces los que ejecuten los proyectos de la reforma judicial propuesta por la Comisión de Estado por la Justicia. Es la única contribución duradera que puede hacer un estadista a la justicia de su país.
A estos cuatro nombramientos habría que sumar los tres de la Sala Quinta, propuesta por el Pacto de Estado por la Justicia y que debe ser instalada en el 2007. Torrijos ha insistido en que respetará la lista de elegibles que le presente la sociedad civil en todos los nombramientos que le corresponda hacer.
Además, debe nombrar a uno de los magistrados del Tribunal Electoral y a otro en el Tribunal de Cuentas que deberá crearse el próximo año. Cuando el año pasado nombró al reemplazo de un magistrado que se jubiló por mandato de la ley, hizo un acto ejemplar y llamó al cargo a una servidora de carrera, ampliamente destacada en su lucha por una mejor justicia. La solidez de la nominación, apartada de los confines del amiguismo y del clientelismo de los partidos, dejó mal parados a los detractores del gobierno, que no pudieron sustentar sus señalamientos de que el mandatario se proponía ejercer influencia indebida sobre la máxima corporación de justicia. Si Torrijos repite la sabiduría de aquel nombramiento en los otros nueve que le tocará hacer en los próximos dos años, le habrá dado un impulso formidable a la independencia de los jueces. La actual jefatura del Ministerio Público, también designada por Torrijos, camina rectamente por una senda de transformaciones que incluyen la depuración del personal y el mejoramiento de los recursos humanos, y la buena salud de la institución comienza ya a percibirse y quizás contagie al Órgano Judicial.
La idea de fondo es que el Órgano Judicial desarrolle el liderazgo adecuado para que sean los mismos magistrados y jueces los que ejecuten los proyectos de la reforma judicial propuesta por la Comisión de Estado por la Justicia. Es la única contribución duradera que puede hacer un estadista a la justicia de su país.
