Tortuoso proyecto
El primer texto sobre el Parque Nacional Coiba apareció en octubre de 2001. Desde entonces la historia ha escrito muchos capítulos.
El primer planteamiento lo efectuó el legislador veragüense Fredi Torres. En la primera vuelta, 2001 al 2002, el legislador Torres fue muy receptivo a los cambios y se aprobó en primer debate, luego de los cambios, mientras que en abril del 2002, pasa a una segunda etapa y en medio de "posiciones muy radicales a favor y en contra", llega a una tercera ronda y unos meses después fue vetado.
Arrancando enero de 2003 y con Héctor Aparicio al frente de la Comisión de Ambiente, los proponentes se disponen para nuevas discusiones, ahora con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONGs) como la Fundación MARVIVA.
En esa misma línea, para abril, aparece sorpresivamente un proyecto de ley a título ministerial en el que se nombra una comisión de ministros que dirigiría los destinos del área.
El 11 de junio se aprobó entonces una versión del primer proyecto de forma muy polémica por el debate diario y las pugnas debido a la gobernación del parque.
El tema siguió candente. El 30 de junio terminaba el periodo de sesiones y en las últimas horas se aprobó en segundo debate, después de la medianoche, lo que impidió su aprobación en último debate.
Hace menos de un mes las discusiones sobre Coiba y su futuro volvieron a situarse en la agenda legislativa, no obstante, los días de Semana Santa y la cercanía de las elecciones del 2 de mayo, parecen estar congelando las acciones.
Sólo unas líneas después, el artículo 119 del segundo régimen citado, indica: "el Estado no permitirá la existencia de áreas incultas, improductivas y ociosas y regulará las relaciones de trabajo en el agro, fomentando una máxima productividad y justa distribución de los beneficios de ésta".
Mientras en principio se solicite racionalidad, absteniéndose de la depredación, en otros términos se expresa la necesidad de fomentar la productividad.
En este sentido entonces, cabe preguntarse ¿puede evitarse la depredación y a la vez fomentar la productividad?.
El primer planteamiento lo efectuó el legislador veragüense Fredi Torres. En la primera vuelta, 2001 al 2002, el legislador Torres fue muy receptivo a los cambios y se aprobó en primer debate, luego de los cambios, mientras que en abril del 2002, pasa a una segunda etapa y en medio de "posiciones muy radicales a favor y en contra", llega a una tercera ronda y unos meses después fue vetado.
Arrancando enero de 2003 y con Héctor Aparicio al frente de la Comisión de Ambiente, los proponentes se disponen para nuevas discusiones, ahora con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONGs) como la Fundación MARVIVA.
En esa misma línea, para abril, aparece sorpresivamente un proyecto de ley a título ministerial en el que se nombra una comisión de ministros que dirigiría los destinos del área.
El 11 de junio se aprobó entonces una versión del primer proyecto de forma muy polémica por el debate diario y las pugnas debido a la gobernación del parque.
El tema siguió candente. El 30 de junio terminaba el periodo de sesiones y en las últimas horas se aprobó en segundo debate, después de la medianoche, lo que impidió su aprobación en último debate.
Hace menos de un mes las discusiones sobre Coiba y su futuro volvieron a situarse en la agenda legislativa, no obstante, los días de Semana Santa y la cercanía de las elecciones del 2 de mayo, parecen estar congelando las acciones.
Sólo unas líneas después, el artículo 119 del segundo régimen citado, indica: "el Estado no permitirá la existencia de áreas incultas, improductivas y ociosas y regulará las relaciones de trabajo en el agro, fomentando una máxima productividad y justa distribución de los beneficios de ésta".
Mientras en principio se solicite racionalidad, absteniéndose de la depredación, en otros términos se expresa la necesidad de fomentar la productividad.
En este sentido entonces, cabe preguntarse ¿puede evitarse la depredación y a la vez fomentar la productividad?.
