Totalmente inaceptable
HACE UNOS DÍAS, 183 de los 191 países del mundo representados en la Asamblea General de la ONU aprobaron condenar y pedir el cese del bloqueo o embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla de Cuba a lo largo de 40 años. Sólo de dieron cuatro votos en contra (Estados Unidos, Islas Marshall, Palau e Israel) y una abstención (Micronesia).
No es la primera condena sino la decimoquinta consecutiva que critica y condena el bloqueo en el seno de ese organismo internacional, pero es resolución que se logra el mayor respaldo obtenidos en los últimos 15 años en esas votaciones.
Independientemente de la opinión favorable o desfavorable que se tenga sobre la revolución cubana, es inaceptable para cualquier persona que todavía persista el bloqueo contra Cuba y peor aún, pese a la condena explícita y reiterada de casi todos los países del orbe.
Los efectos de dicha medida de fuerza han sido devastadores para la población de la isla, pues siete de cada diez cubanos han nacido bajo el bloqueo y ha significado para un país de apenas 11 millones de habitantes, un costo superior a los 86,000 millones de dólares durante esas cuatro décadas, con un promedio de 1.832 millones de dólares anuales sobre la economía cubana.
En la resolución recientemente aprobada en la ONU, la República de Cuba pide el levantamiento del embargo y condena los efectos extraterritoriales de la ley Helms-Burton, promulgada en marzo de 1996 para endurecer el bloqueo impuesto por Washington contra su país. Esa ley refuerza las sanciones internacionales contra el Gobierno cubano y establece que el embargo no puede ser levantado por un presidente de los EE.UU. sin la aprobación del Congreso. Los aspectos más graves de la ley son los títulos III y IV en los que los Estados Unidos aplica el principio de extraterritorialidad, que obligó a algunos de sus aliados comerciales que tienen negocios con Cuba a aprobar a su vez las llamadas "leyes antídoto".
La Asamblea General, en la resolución recién aprobada, "insta una vez más a los Estados en los que existen y continúan aplicándose leyes y medidas de ese tipo a que, en el plazo más breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto". Reitera que los países que adoptan tales sanciones incumplen "sus obligaciones de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, que entre otras cosas reafirman la libertad de comercio y navegación".
Los efectos están a la vista, pues en los últimos meses se han agravados las sanciones a personas y negocios, especialmente hacia las agencias de viajes que han sido objeto de auditorías y sanciones. Además aumentaron las presiones a organizaciones religiosas, académicas y ONG norteamericanas limitando e impidiendo la normal relación de intercambio y comunicación con sus contrapartes en Cuba.
El bloqueo se ubica además como un acto de genocidio, en virtud del inciso (c) del artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948 y constituye, por tanto, un delito de Derecho Internacional. Dicha Convención define como tal a «(...) los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso», y en esos casos contempla "el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial".
Ojalá que el cambio político interno que da la supremacía a la oposición en las dos cámaras contribuya a ir transformando éste y otros aspectos de la política exterior norteamericana que son lesivos a la imagen de la única superpotencia del mundo, que dice inspirarse en el derecho y la democracia, pues el bloques es una flagrante violación del derechos internacional y de los acuerdos internacionales sobre autodeterminación y libre circulación de ideas y mercancías.
Nunca existió un bloqueo de tan larga data y crueldad, aún contra regimenes dictatoriales y autoritarios adversados por el gobierno de los EEUU. Cuba, al igual que todos los países, tiene derecho a existir y a escoger su propio camino.
Esperamos que la política exterior panameña, y ahora con mas razón al integrara el Consejo de Seguridad, aporte a romper el ilegítimo cerco de muerte que asfixia a un pueblo hermano.
El bloqueo es inadmisible bajo cualquier punto de vista, y nada puede justificar la acción del país más poderoso del mundo contra una pequeña nación violando todos los preceptos internacionales y la decisión de la mayor parte de los pueblos y gobiernos que ocupan el tercer planeta del sistema solar.
Por ello, es importante que tanto la sociedad política como la sociedad civil panameña, apoye la resolución emitida en la Asamblea de la ONU, y contribuya de diversas formas a lograr una nueva relación hemisférica respetuosa del derecho y la paz.
raulleisr@hotmail.com
No es la primera condena sino la decimoquinta consecutiva que critica y condena el bloqueo en el seno de ese organismo internacional, pero es resolución que se logra el mayor respaldo obtenidos en los últimos 15 años en esas votaciones.
Independientemente de la opinión favorable o desfavorable que se tenga sobre la revolución cubana, es inaceptable para cualquier persona que todavía persista el bloqueo contra Cuba y peor aún, pese a la condena explícita y reiterada de casi todos los países del orbe.
Los efectos de dicha medida de fuerza han sido devastadores para la población de la isla, pues siete de cada diez cubanos han nacido bajo el bloqueo y ha significado para un país de apenas 11 millones de habitantes, un costo superior a los 86,000 millones de dólares durante esas cuatro décadas, con un promedio de 1.832 millones de dólares anuales sobre la economía cubana.
En la resolución recientemente aprobada en la ONU, la República de Cuba pide el levantamiento del embargo y condena los efectos extraterritoriales de la ley Helms-Burton, promulgada en marzo de 1996 para endurecer el bloqueo impuesto por Washington contra su país. Esa ley refuerza las sanciones internacionales contra el Gobierno cubano y establece que el embargo no puede ser levantado por un presidente de los EE.UU. sin la aprobación del Congreso. Los aspectos más graves de la ley son los títulos III y IV en los que los Estados Unidos aplica el principio de extraterritorialidad, que obligó a algunos de sus aliados comerciales que tienen negocios con Cuba a aprobar a su vez las llamadas "leyes antídoto".
La Asamblea General, en la resolución recién aprobada, "insta una vez más a los Estados en los que existen y continúan aplicándose leyes y medidas de ese tipo a que, en el plazo más breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto". Reitera que los países que adoptan tales sanciones incumplen "sus obligaciones de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, que entre otras cosas reafirman la libertad de comercio y navegación".
Los efectos están a la vista, pues en los últimos meses se han agravados las sanciones a personas y negocios, especialmente hacia las agencias de viajes que han sido objeto de auditorías y sanciones. Además aumentaron las presiones a organizaciones religiosas, académicas y ONG norteamericanas limitando e impidiendo la normal relación de intercambio y comunicación con sus contrapartes en Cuba.
El bloqueo se ubica además como un acto de genocidio, en virtud del inciso (c) del artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948 y constituye, por tanto, un delito de Derecho Internacional. Dicha Convención define como tal a «(...) los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso», y en esos casos contempla "el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial".
Ojalá que el cambio político interno que da la supremacía a la oposición en las dos cámaras contribuya a ir transformando éste y otros aspectos de la política exterior norteamericana que son lesivos a la imagen de la única superpotencia del mundo, que dice inspirarse en el derecho y la democracia, pues el bloques es una flagrante violación del derechos internacional y de los acuerdos internacionales sobre autodeterminación y libre circulación de ideas y mercancías.
Nunca existió un bloqueo de tan larga data y crueldad, aún contra regimenes dictatoriales y autoritarios adversados por el gobierno de los EEUU. Cuba, al igual que todos los países, tiene derecho a existir y a escoger su propio camino.
Esperamos que la política exterior panameña, y ahora con mas razón al integrara el Consejo de Seguridad, aporte a romper el ilegítimo cerco de muerte que asfixia a un pueblo hermano.
El bloqueo es inadmisible bajo cualquier punto de vista, y nada puede justificar la acción del país más poderoso del mundo contra una pequeña nación violando todos los preceptos internacionales y la decisión de la mayor parte de los pueblos y gobiernos que ocupan el tercer planeta del sistema solar.
Por ello, es importante que tanto la sociedad política como la sociedad civil panameña, apoye la resolución emitida en la Asamblea de la ONU, y contribuya de diversas formas a lograr una nueva relación hemisférica respetuosa del derecho y la paz.
raulleisr@hotmail.com
